El fiscal Marcelo Fenoll archivó una denuncia contra el intendente Ramón Mestre por la contratación de espacios publicitarios en un medio de nuestra ciudad, realizada en forma directa, al señalar que se cumplieron los pasos administrativos legales. También descartó que el contenido de los anuncios hayan sido propaganda política y no publicidad de actos de gobierno.
La denuncia había sido formulada por el abogado Pablo Darío Olmos, del Tribunal de Cuentas. En la presentación, Olmos había pedido investigar sobre un contrato que realizó la Municipalidad de Córdoba con un medio gráfico por $670 mil para difundir la realización de obras en junio de 2016. Los anuncios tenían como título “Trabajamos sobre lo urgente” y “Lo invisible y esencial”. Ambos eran un sintético relato de los esfuerzos realizados desde el Municipio para recuperar infraestructura de la ciudad con pavimentación, bacheo de calles y avenidas, mantenimiento de cloacas y alumbrado público.
Por esa razón el denunciante consideró que la información no hacía al funcionamiento de la comunidad sino que consistía en expresiones proselitistas para lograr adhesiones de los ciudadanos. El fiscal analizó los expedientes involucrados y llegó a la conclusión de que los hechos de la presentación “no encuadran en figura penal alguna”.
Invocó, en este sentido, la ordenanza 11.653 y su decreto reglamentario en cuanto describe a la propaganda oficial sin mencionar nada respecto de la propaganda proselitista. También tuvo en cuenta que del contenido de los avisos se deduce que el objetivo fue dar a conocer obras y acciones referidas al mejoramiento de la ciudad.
“Inversión irritante”. Con estos y otros argumentos Fenoll ordenó el archivo de la denuncia. Aunque al finalizar su decisión deslizó reproches a la oportunidad y productividad de los anuncios que dejan planteada la necesaria regulación de la inversión publicitaria del gobierno, en este caso, municipal.
Textualmente señala: “No escapa al entendimiento de este Representante del Ministerio Público que si bien resulta una cuestión claramente vinculada con la gestión ejecutiva, puede reputarse de irritante la inversión de los –en apariencia- escasos recursos del erario público, en publicidad de gobierno”. Agregó una sutil sugerencia a la regulación de la inversión en publicidad: “Las normas que regulan dicha dinámica no parecen ser tan claras en su delimitación, ello sin avanzar en la necesidad o no que la ciudadanía -en un tiempo y situación tan particulares como las que nos tocan vivir- necesita ser anoticiada del inicio o concreción de obras o inversiones mediante pautas publicitarias”.
En síntesis, pagar publicidad solo para anuncios genéricos sin información útil para el ciudadano puede ser considerado un malgasto de la inversión.
