El jueves último se celebró una audiencia en Tribunales II entre Juan Carlos Barrera (extitular de Bacar) y Antonio Mariano, propietario de Supermercados Mariano Max. Fue en una causa iniciada en 2014 en que Barrera fue denunciado e imputado por la desaparición de $11 millones.
El ofrecimiento es económico por una cifra superior a la reclamada por el supermercadista, pero sujeta a la efectivización en cuotas. Sebastián Becerra Ferrer, abogado de Barrera, confirmó a PERFIL CORDOBA el tenor de la audiencia y dijo que es una oferta que Mariano “tiene que contestar por sí o por no”. “Se ha actualizado el monto para resarcir el daño, de acuerdo a los intereses, y se le ha pedido cuotas para hacerlo” explicó el letrado. Se excusó de precisar el monto por ser un detalle protegido por la confidencialidad.
A mediados de diciembre último, con la estrategia de apurar un eventual acuerdo, el abogado de Mariano, José Fernández, había instado la elevación a juicio en contra de Barrera. La posibilidad, ahora, de un acuerdo se descarta aunque aún resta que el damnificado preste consentimiento a la propuesta y el fiscal Guillermo González resuelva si se extingue la acción penal por estafa, imputación que pesa sobre el propietario de la firma de caudales.
Caudales desaparecidos. La denuncia refirió que, en mayo de 2014, tras un fin de semana largo, la recaudadora de caudales Bacar -propiedad de Barrera- levantó el dinero generado en varias sucursales del supermercado Mariano Max. A Bacar y Mariano Max los unía un contrato por el cual la empresa de caudales recogía el líquido, depositaba una parte en cajas de seguridad y con otra realizaba algunos pagos. Cuando Mariano quiso disponer del dinero constató que solo quedaba una cifra cercana a los 600 mil pesos. Denunció un faltante de poco más de $11 millones. Por el hecho, Barrera fue imputado por defraudación por retención indebida, figura penal que prevé una condena de un mes a 6 años de prisión. Cuando fue indagado, negó la apropiación del dinero señaló que no podía corroborar los registros por el secuestro de documentación efectuado por la Justicia Federal, en el caso CBI Cordubensis donde también está procesado.
Un dato para destacar es que ambos, a su vez, son socios de la empresa Blicen, que explotaba Blinbox (cajas de seguridad) en el shopping Patio Olmos. En efecto, los dos fueron imputados -en simultáneo a esta causapor la Justicia Federal en una de las líneas de investigación derivadas de CBI, Bacar/Blicen, por presunta intermediación financiera ilegal y asociación ilícita ante la sospecha de que las cajas de seguridad servían de fachada para el funcionamiento de una financiera ilegal.
Si logra un acuerdo, Barrera aliviará sus cuentas pendientes en la Justicia; o al menos en la provincial, ya que esta semana recibió malas noticias de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que revirtió el sobreseimiento dictado por el juez, Ricardo Bustos Fierro, por intermediación financiera no autorizada y ordenó su procesamiento. Aún así, todo dependerá de la agilidad del juez para concluir la investigación, planchada por más de un año, para que sea elevada a juicio antes de su prescripción en junio próximo.
