El femicidio de Cecilia Basaldúa tiene un único imputado, Lucas Adrián Bustos, un albañil de 23 años acusado de abuso sexual agravado por violencia de género y homicidio criminis causae, quien permanece detenido.
La mujer, que llegó desde Buenos Aires a Capilla del Monte el 21 de marzo, dejó de tener contacto con su familia el 5 de abril. Tres días después, sus padres recibieron un llamado de un hombre que se identificó como Mario Mainardi quien los alertó de que Cecilia se había ido con un brote psicótico de la casa donde él la alojaba.
El 9 de abril Mainardi entregó a los investigadores el teléfono y la computadora de Cecilia que, según dijo, habían quedado en su casa cuando ella se fue. El cuerpo de la joven mujer fue encontrado en un campo en las afueras de la localidad el 25 de abril, es decir 20 días después de su desaparición.
La investigación judicial, desde que se montó la búsqueda, quedó a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm. La familia se constituyó como querellante asistida inicialmente por la asesora letrada, Laura Huberman. A fines de abril, le revocó la representación y asumió la abogada particular, Daniela Pavón. Actualmente Huberman defiende a Mainardi que solo fue citado por el artículo 80 del Código Procesal Penal para tener acceso a la causa ante una eventual imputación, si la investigación lo requiere.
El domingo pasado apareció un audio difundido en un medio de comunicación de Punilla en el que una mujer que se presenta como María dijo haber visto a Cecilia el 4 de abril en una fiesta con cinco asistentes. Relata que fue golpeada, maniatada y llevada por dos hombres. Insinúa que ella se resistió a ser abusada. Y cuando fue a hacer la denuncia los identificó en la Policía. Uno es el investigador Zárate que estuvo en contacto con la familia durante la búsqueda.
A partir de ese relato, PERFIL CÓRDOBA dialogó con la abogada Pavón y la fiscal Kelm. Llamativamente, ambas posiciones acusatorias tienen hipótesis enfrentadas sobre cómo sucedieron los hechos y quiénes fueron los responsables del femicidio de Cecilia.
“No hay prueba científica” para inculpar a Lucas Bustos, aseveró la abogada Pavón. “Los únicos elementos que lo vinculan es la autoincriminación en sede policial y el relato del dueño de un campo vecino al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia que, curiosamente, alquila caballos; lo que se dice de Bustos en realidad es actividad de ese testigo”, puntualizó.
Y a continuación cita una larga lista de “inconsistencias” de la investigación judicial y de lagunas sobre las que no hay definición.
◆ Se hicieron pruebas con luminol en trozos de cortina de la casa de Mainardi que permitió detectar manchas de sangre. Como se tomaron mal las muestras, no son válidas como prueba.
◆ No hay un análisis sobre los mensajes de índole sexual entre una mujer y Mainardi referidas a Cecilia. Para la familia, ella fue su entregadora.
◆ Hay intercambio de mensajes de Cecilia con su hermano donde ella dice que Mainardi la está volviendo loca.
◆ Hay testigos que declararon haberla visto el 5 de abril. Pavón señala que dos que figuraban como “comerciantes” son un sargento de la policía y su esposa y otra testigo “fue mutando de declaración”, según la abogada.
◆ No se valoró que Mainardi le regaló un instrumento musical de Cecilia al hijo de su novia.
◆ Las marcas que presenta Lucas Bustos en sus brazos no son compatibles con el lapso en que se fija la muerte de Cecilia. Los restos de plantas y sedimentos que se encontraron en su cuerpo no concuerdan con los analizados en la ropa del presunto asesino.
◆ El ADN de sangre en la vestimenta del imputado le pertenece a él mismo; no es de un tercero.
◆ Por último, según Pavón, al abordaje de la investigación le falta perspectiva de género. La familia pidió que se saque del expediente una declaración sobre un informe que desvaloriza la figura de Cecilia atribuyéndole problemas psiquiátricos, alucinaciones, como si esas circunstancias justificaran que una mujer puede ser asesinada.
PAULA KELM: "EL AUDIO NO CONDICE CON LA PRUEBA"
El lunes pasado, la fiscal Paula Kelm incorporó de oficio al expediente el audio que se difundió. “Es altamente llamativo, pero a los fines de determinar su origen, si existe la testigo y si ella tuvo conocimientos de las gravísimas manifestaciones que realiza en un medio periodístico se han tomado todas las diligencias investigativas”, confirmó la magistrada.
No obstante, defendió la instrucción de la causa al señalar que “del contenido del audio surgen elementos que no se condicen con la prueba; por eso es importante contar con el testimonio y determinar la veracidad de lo que manifiesta para encontrar la verdad”.
Entre las inconsistencias están las ataduras que menciona la testigo que no concuerdan con la descripción de la autopsia y la ubicación de los teléfonos.
Una y otra vez dijo que si el objetivo es ayudar a Lucas Bustos, único acusado del femicidio, la declaración debe ser introducida legalmente al proceso. Y si tiene temor “hay que encontrar la forma segura para que pueda declarar; de este modo anónimo, no”.
Para la fiscalía, las pruebas y testimonios sostienen la acusación de Bustos. Reconoció que faltan resultados, como por ejemplo de los cotejos de ADN. “Se han sacado muestras de Bustos y Mainardi para cotejarlas, están bajo estudio; la conclusión no está”, dijo Kelm.
