A más de siete años del allanamiento a la sede de la financiera ilegal CBI Cordubensis SA, donde se secuestraron US$ 290.000 en una caja de seguridad a nombre del exintendente de Laguna Larga, Fernando Boldú, finalmente este resultó imputado por presunto lavado de activos. El viernes último se concretó la indagatoria en el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. Allí, el exjefe comunal aseguró que el origen del dinero es la herencia que recibió de su padre.
Requerimiento de investigación. Fue firmado por el fiscal federal Enrique Senestrari, el 8 de febrero pasado. En el escrito no solo aludió a la endeblez de los argumentos con que el exjefe comunal intentó justificar la tenencia de los billetes estadounidenses, sino a la concomitancia de la contratación de la caja de seguridad con las presuntas irregularidades detectadas en el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (Eninder) donde se investiga si se pagaron sobreprecios a obras públicas realizadas en la región.
La sospecha surgió desde un primer momento: ¿De quién eran los dólares y qué justificaba su tenencia?
El 20 de octubre de 2011, Fernando Boldú alquiló la caja de seguridad N°38 en CBI. En la documentación secuestrada tres años más tarde -cuando estalló la causa de la financiera ilegal- se encontraron las autorizaciones que extendió el titular del cofre al actual ministro de Industria y Comercio de la Provincia, Eduardo Accastello, y su pareja, Verónica Navarro. Se presume que alguno de ellos colocó en su interior los fajos por un total de US$ 290.000 dólares.
Desde allí comenzó una larga y dificultosa pesquisa. La Justicia encargó a la Afip la fiscalización a Boldú y Accastello para determinar si había razones que justifiquen el monto colocado en custodia. El exjefe comunal de Laguna Larga dijo que el dinero era suyo y que era producto de la herencia de su padre fallecido.
Pero la argumentación resultó ‘floja de papeles’ para la Justicia y en el interín se produjeron hechos llamativos.
En los tribunales de Río Segundo, donde se tramitaba el juicio sucesorio, se habría introducido un escrito fechado en junio de 2006 con firma ilegible y sello del juzgado que reseñaba la incorporación de US$ 300.000 al patrimonio del padre fallecido. El objetivo de la maniobra habría sido generar la justificación de la supuesta herencia, sospecha el fiscal.
Para Senestrari, la hipótesis es que en diciembre de 2015 se terminó de consumar la maniobra al blanquear los dólares con ese documento.
La segunda pregunta que formuló el magistrado es: si se descarta la posibilidad de la herencia, ¿cuál es la procedencia del dinero? En este punto, Senestrari ensayó una hipótesis que vincula los dólares secuestrados con la investigación del pago de sobreprecios que está radicado en los tribunales porteños.
Coinciden los tiempos en que Boldú contrató la caja de seguridad de CBI y la investigación de la Auditoría General de la Nación que planteó las presuntas irregularidades en el Eninder, por entonces encabezado por Eduardo Accastello, curiosamente la persona autorizada a ingresar a la caja.
Había un segundo permiso: a Verónica Navarro, pareja del funcionario, quien ejercía funciones en ese momento como secretaria de Economía de Villa María. Tanto Accastello como Navarro se encuentran imputados en el expediente radicado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 de Buenos Aires. Allí se investiga el pago de sobreprecios a las empresas Vialco SA, Cinter SA y Tecnología y Construcciones SRL para la remodelación del anfiteatro de Villa María, la construcción del puente que une esa ciudad con Villa Nueva y obras de pavimentación urbana y rural. Para esas obras, el Estado Nacional giró fondos al Eninder.
“El origen del dinero se explica en la vida de su padre”
Gustavo Franco, defensor de Fernando Boldú, informó a PERFIL CÓRDOBA que el viernes asistió a la indagatoria y respondió preguntas. “El origen del dinero se explica en la vida de su padre, que fue dueño de la única clínica de la ciudad, de un geriátrico y de una empresa de ambulancias”.
Y continuó: “Unos meses antes de fallecer adquirió dos propiedades con créditos del Banco Nación, pagó seis meses y el resto lo asumió el seguro; es decir que la sucesión contiene dos inmuebles más US$ 300.000. Cinco años antes de la existencia de la caja de seguridad tenía acreditados los bienes inmuebles y el dinero. Todo está en el expediente civil de la sucesión”. “Está clarísimo”, añadió.
Franco indicó que ese papel firmado y sellado por el tribunal fue el que presentó a la Afip, que concluyó que “la procedencia y tenencia del dinero es legítima”.
Durante la indagatoria también respondió por qué los fajos son de una serie posterior al fallecimiento del padre. “Después de recibir la herencia realizó operaciones, el dinero es fungible”, puntualizó el letrado.
La plata sigue secuestrada en una bóveda del Banco Nación.
Franco aseguró a este medio que Boldú es asesor de la Legislatura y no cumple funciones en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería que encabeza Eduardo Accastello, de quien es amigo personal
