El estado de atraso, enredo burocrático y deficiencia en infraestructura
e insumos que exhibe la Justicia de Córdoba, pese a las iniciativas para
digitalizar sus procesos, es cada vez más alarmante. Por primera vez, un
trabajo estadístico y con criterios metodológicos le pone números a la
alarmante situación en que se encuentra la Justicia provincial.
El Colegio de Abogados de la provincia le encargó a la consultora privada
Economics Trends una encuesta sobre la imagen de la Justicia cuyo capítulo
estadístico incluye un exhaustivo informe para dar cuenta de las condiciones en
que se trabaja, el volumen de causas que ingresan y la evolución en la
resolución de esos expedientes.
Todo eso, cruzado con un análisis de las partidas presupuestarias obtenidas a lo
largo de los últimos años y la comparación con el trabajo en otras provincias.
Si a eso se suman los testimonios de los empleados, funcionarios y abogados
litigantes, además de algunas postales de capital y las unidades judiciales en
el interior, el diagnóstico es, por lo menos, preocupante.
Resolución de causas, estancada. El trabajo de Economics Trends tiene varios aspectos a analizar. Uno de
ellos es el aumento en el ingreso de causas y su acumulación. Según los datos,
entre 2006 y 2015 se acumularon en la Justicia provincial 1.934.928 causas
irresueltas: ingresaron 3.506.889 causas y se resolvieron 1.571.961 causas (no
se incluyen ingresos ni resoluciones de 2010, por falta de datos y aún no se
consolidaron todos los datos 2016). “Esta acumulación, equivalente al 55.2% de
las causas ingresadas, es mucho mayor que en provincias comparables, como
Buenos Aires (36.1%) y Santa Fe (7%) y similar a Mendoza (56.4%). Y es
consecuencia de que, entre 2006 y 2015, los ingresos de causas en la Justicia
provincial se incrementaron un 24%, mientras que la resolución de causas se
redujo un 36.9%”, detalla Gastón Utrera, director de la consultora.
En ese sentido, se puede observar que la caída en la cantidad de resoluciones
no ocurrió en provincias comparables: se incrementaron 85.8% en Buenos Aires,
0.4% en Santa Fe y 3.9% en Mendoza.
Presupuesto en aumento. Una hipótesis sobre la acumulación de
causas podría ser que el presupuesto no se vio incrementado en los años
analizados. Sin embargo, según los datos recabados, la caída en la resolución
de causas en Córdoba no se debe a restricciones presupuestarias: entre 2006 y
2015, el presupuesto provincial ejecutado asignado al Poder Judicial se
incrementó, en términos reales (descontando inflación), un 100.9%, muy por
encima del crecimiento en el ingreso de causas (+24%). Así, mientras los recursos
del Poder Judicial se duplicaron, la resolución de causas cayó 36.9%.
Finalmente, y comparando con otras provincias similares, se refuerza la
hipótesis de que la acumulación de causas en la justicia provincial no es
consecuencia de restricciones de recursos, sino de deficiente gestión. El
presupuesto del Poder Judicial por causa resuelta es el triple que en Mendoza,
casi el triple que en la provincia de Buenos Aires y más del cuádruple que en
Santa Fe.
Infraestructura que deprime
En la jerga judicial, las unidades judiciales son conocidas como
“trincheras” y en ese sentido se encuentra un poco de todo. La Unidad Judicial
21°, de barrio Los Naranjos, por ejemplo, funciona en una cochera. En un lugar
así se amontonan empleados judiciales, auxiliares, agentes policiales y
expedientes. Esa es una de las tantas dependencias judiciales que muestran un
panorama desolador y dan forma a las muchas postales lamentables que muestra el
Poder Judicial de Córdoba.
“La situación edilicia y de infraestructura que se puede ver en los edificios
del Poder Judicial es desastrosa. En el Palacio de Justicia hay salas de
audiencia en los pasillos y en rincones debajo de las escaleras. Pero si uno
visita las unidades judiciales que están en los barrios o en el interior, el panorama
es peor”, destaca Federico Cortelletti, secretario general de la Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
En 2016 el presupuesto del poder judicial fue de más de $ 5.515 millones. Un
91,98% del total fue para “Personal”, el 3,03% se destinó a “Servicios no
personales”, 2,97% en “Trabajos Públicos”, el 1,08% en “Bienes de consumo” y
sólo el 0,92% en “Bienes de capital”.
“Las unidades judiciales de Carlos Paz y de Alta Gracia son las peores. Pero en
Capital hay de todo: salas de audiencia que funcionan en baños y cocinas.
Recién llegamos de relevar a compañeros que trabajan es condiciones insalubres
y espacios mínimos tapados por cajas y expedientes. Se trabaja en situación de
hacinamiento. En Tribunales hemos tenido desbordes de cloacas, un incendio en
la Cámara Laboral IX y un ascensor que se desplomó. Después de eso, se constataron 15 infracciones o
irregularidades a la ley de Higiene y Seguridad en lo relativo a las
condiciones y medio ambiente de trabajo, como alfombras y espacios de madera
sin tratamiento ignifugo, oficinas con mayor cantidad de personal que el
permitido, escritorios obstruyendo vías de circulación y evacuación. Y cada dos
o tres meses tenemos que fumigar por la cantidad de cucarachas y alacranes”, remarcan desde el
gremio.
El capítulo edilicio de la justicia en Carlos Paz da mucho para contar. En una
galería comercial funciona un juzgado civil, notificadores, asesoría y un juez
de control. Además, se alquilan otras cuatro casas. “Eso pese a que hace 9 años
el TSJ compró un lote en forma directa invocando emergencia judicial e
inhabitabilidad de los edificios. Era para tener una sede propia y unificar las
dependencias. Pero aún la obra no se hizo y el lote está prestado en comodato
al Club Sportivo Bolívar”, remarcan desde el Colegio.
La Policía Judicial, abandonada a su suerte. En el ámbito de la
Policía Judicial (que cuenta con direcciones como la Policía Científica,
Sumarios y Asuntos Judiciales, la de Investigación Operativa y la de Análisis
Criminal y Tecnologías de la Información) las postales pueden ser peores. A las
falencias edilicias se suman otros ingredientes: “para la ciudad de San
Francisco, donde hay cuatro fiscalías hay un solo ayudante de fiscal. Acá se ve
muchísima vulnerabilidad, falta de recursos y se trabaja en condiciones
insalubres, con muchos agentes expuestos al deterioro físico y mental”, comenta
Javier Marzari, empleado de la Policía Judicial.
Otros agentes también recalcan que trabajan atados a una legislación vetusta
que los expone día a día: “tenemos que acompañar en procedimientos a los que
vamos sin chalecos antibalas. La legislación les sigue dando el mismo
tratamiento que a un arma y en lo concreto nos toca trabajar en contextos de
muchísima violencia sin ningún tipo de resguardo”, comentó un empleado de la
Policía Judicial.
“Yo escribo las sentencias o no salen”
El calamitoso estado de la burocracia no se limita a un impacto negativo para
los empleados. Lo viven a diario los miles de abogados litigantes que recorren
los pasillos de Tribunales y sus distintas dependencias y repercute de lleno en
los ciudadanos, empresas e instituciones que esperan la resolución de cientos
de expedientes para seguir con sus vidas: “Todos los años se acumulan miles de
causas porque los juzgados no dan abasto. Los abogados de parte terminamos
escribiendo las sentencias, las llevamos escritas, el juez lee y firma. Eso se
hace todo el tiempo, sobre todo en el fuero Civil y Comercial. Si no hacemos
eso, la causa no sale. Yo viajo mucho, cuando cuento esto en el exterior nadie
me cree. Hay 52 juzgados civiles y deberían ser el doble”, destacó un abogado
que pidió reserva de su identidad.
