"La reforma tributaria fue la última gota sobre un vaso que ya había rebalsado hace mucho tiempo”, dice desde Bogotá Wilson Cabrera periodista de larga trayectoria en su Colombia natal y México, y actualmente consultor en Asuntos Públicos.
“Podría decirse que esta que vivimos hoy es la segunda etapa de una crisis que estalló hace dos años y que interrumpió la pandemia, aunque entonces no hubo ni se podían imaginar tantos muertos, violencia y represión”, agrega en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.
Algo parecido ocurrió un par de años atrás detrás de la cordillera, cuando el incremento del precio del metro de Santiago fue la chispa que reavivó viejas reivindicaciones y derivó en las masivas manifestaciones que atravesaron a toda la sociedad chilena y desembocaron en la convocatoria a una Constituyente cuyos convencionales está eligiendo el país vecino este fin de semana. No será ese el único punto en común entre ambos estallidos.
En Colombia, el proyecto de reajuste impositivo que gravaba a productos de la canasta básica y acentuaba las cargas sobre los sectores menos favorecidos de un país con profundas brechas sociales, encendió la mecha de todos los reclamos que se acumulaban contra el Ejecutivo que preside Iván Duque.
Y desde el gobernante a su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se encargaron de acercar combustible al incendio que rápidamente se propagó por la geografía colombiana. A la cerrazón inicial del presidente y su rechazo a sentarse a negociar con quienes convocaron a un paro nacional contra las medidas que pretendía imponer su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se sumó una feroz represión de las protestas llevada a cabo por el tristemente célebre Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Las denuncias sobre muertes, heridas y desapariciones de manifestantes causadas por las fuerzas de seguridad fueron acompañadas por imágenes y videos caseros que inundaron primero las redes sociales, saltaron a algunos medios internacionales y se volvieron imposibles de soslayar por un Duque que en sus primeros mensajes sólo condenaba “el vandalismo contra los policías y la infraestructura del Estado”.
“En su propio partido del Centro Democrático hubo quienes rechazaron el proyecto de reforma. Sabían que acabaría siendo un tiro en el pie, en un país que atraviesa el tercer pico de la pandemia y en donde, de no haber sido por el paro nacional y sus derivaciones, las noticias serían sobre un sistema de salud que ha colapsado”, explica Cabrera.
“El propio Uribe, que es muy hábil y ha sido el gran ‘elector’ y actor político de estos últimos 20 años, fustigó los costos que la suba del IVA traería”. Duque insistió en su discurso de achicar el déficit y en esgrimir recetas que –según él– podrían resolver en dos años lo que no se hizo en 50. Y todo ello en medio de una pandemia que ya se cobró en Colombia más de 80 mil vidas y cuyos estragos colaterales elevaron el desempleo, llevaron la pobreza hasta el 43 por ciento y causaron la caída de unos siete puntos del PBI. Para cuando comunicó que había retirado del Congreso el proyecto de reforma tributaria y se anunció la dimisión del ministro Carrasquilla, la sangre ya había llegado al río.
Paz boicoteada. Pese a que los números formales incluso hoy suelen dar buenas calificaciones a la macroeconomía del país, existen realidades paralelas a las que en la Casa de Nariño preferirían mantener bajo la alfombra. Entre ellos, la cifra de dirigentes sociales y campesinos asesinados (unos 800) desde que en septiembre de 2016 se firmó en Cartagena el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la guerrilla más antigua y numerosa del continente. Santos había sido el implacable ministro de Defensa de Uribe cuando este dio los golpes más duros contra los rebeldes, y fue quien sumó a muchos de sus seguidores cuando quien gobernó entre 2002 y 2010 vio frustrada su re-reelección por una Corte Constitucional.
Pero la apertura de negociaciones de paz en Oslo y La Habana produjo una grieta, un abismo. Uribe y su partido fueron los principales adversarios de Santos y su plan de cerrar medio siglo de conflicto armado. En el plebiscito que debía coronar lo celebrado en Cartagena, el boicot de la derecha a la paz se consumó con el triunfo del No por 50,21% contra 49,78 del Sí, a partir de una exigua participación del 37,43%. Para sostener aquel histórico acuerdo fue clave que la comunidad internacional arropara a Santos, con un Nobel de la Paz que fue su punto de apoyo. Sin embargo, no sólo en la persecución y muerte de líderes sociales se ven las cuestiones urgentes y aún pendientes que la firma de aquella paz no zanjó.
El programa de sustitución de cultivos ilícitos que los acuerdos preveían para que los campesinos no perdieran su sustento y a la vez dejaran de sembrar la materia prima de la droga no se cumplió. Miles de familias a las que se prometió dinero y facilidades para esa sustitución han vuelto a plantaciones ilegales para sobrevivir. “Duque no va a pagar lo prometido a los campesinos; va a la ‘solución militar’”, afirma Cabrera y luego añade: “El puerto de Buenaventura es hoy la principal salida de la droga. Los departamentos con más sembradíos son el Cauca y Nariño.
No es gratuito que uno de los epicentros de las protestas haya sido Cali, donde confluyen grupos armados a los que también les conviene el caos”. Sin embargo Cabrera aclara que aun con la presencia de estos grupos, a los que agrega células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o paramilitares que nunca se desmovilizaron del todo, el 95 por ciento de quienes han participado en las protestas pacíficas enarbola otras banderas. Jóvenes sin trabajo ni oportunidades, sectores medios de ciudades que antes no se manifestaban, universitarios… Todos muy lejos de los estereotipos con que el uribismo busca deslegitimar los reclamos en las calles y demonizar la protesta social.
Tergiversando. Uribe creador de términos estigmatizantes que adosa a quienes están en sus antípodas como “el castrochavismo”, o adaptador de otros como “ideología de género” para pergeñar fake news que infunden miedo, acaba de suscribir el concepto de “Revolución Molecular Disipada”. El nombre y las tesis no le pertenecen al exmandatario sino a Alexis López Tapia, un entomólogo chileno, dueño de un medio marginal en Santiago y cuyos antecedentes neonazis tuvieron más trascendencia fronteras afuera que dentro de Chile. En Argentina se vinculó con Alejandro Biondini, según documentó el sitio fastcheck.cl. López Tapia llevó su teoría de la “Revolución Molecular Disipada”, nombre que tomó del filósofo francés Félix Guattari, hasta la Universidad Militar de Nueva Granada, de la que egresan los uniformados colombianos y donde fue disertante.
Consultados por PERFIL CÓRDOBA, distintos periodistas chilenos afirmaron que el nombre del entomólogo y su modo de concebir a toda protesta social como una conspiración de izquierda sólo adquirieron cierta repercusión, después de la alusión que hizo de ellos Uribe. Sin embargo, consideraron que tal vez las tesis del entomólogo hayan llegado hasta algún cuartel de Carabineros o a escritorios en La Moneda. Sobre todo si se piensa que Sebastián Piñera definía como una “guerra” lo que acabó siendo la mayor movilización social del Chile democrático y el comienzo del fin para la Constitución de 1980 legada por el dictador Augusto Pinochet.
Hoy Duque busca negociar el final de una protesta que ya no tiene un único dueño que la motorice. Por si fracasa el diálogo tardío, Uribe ya hace apología de la mano dura con nuevo eslogan y piensa en Óscar Iván Zuluaga como candidato de la derecha para las presidenciales de 2022, donde el izquierdista Gustavo Petro aparece hoy como favorito.
Marcelo Taborda
