¿Cómo combatir la epidemia de cesáreas?

La cesárea es una intervención médica que salva vidas de madres y niños. Pero cuando se realizan por conveniencia del sistema sanitario, genera problemas de salud en mujeres y bebés a corto y largo plazo, y sobre todo, vulnera sus derechos. Es decir, las cesáreas son recomendables cuando el parto vaginal implique un riesgo para la madre o el bebé, pero en la Argentina la tasa de este tipo de cirugías supera ampliamente la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ponerlo en números: Mientras que la proporción de cesárea recomendable seria en torno del 10% al 15%, se estima, sin datos oficiales, que para Argentina ese valor estaría en niveles cercanos al 45%.
Córdoba no es la excepción con relación a las carencias de información. Sin embargo, gracias a datos provistos por el Registro Civil Digital se puede constatar que la epidemia también está presente en la Provincia. 
Como el parto es un proceso fisiológico que el cuerpo inicia de forma espontánea tras el embarazo, se esperaría que los nacimientos se distribuyan de manera más o menos homogénea durante toda la semana. Sin embargo, esto no es lo que se observa. 
Durante el 2021, la mayor cantidad de nacimientos ocurrieron en días hábiles. En promedio, en los últimos años nacieron 143 niños por día entre semana. Mientras que en los días no hábiles, el número cayó a más de la mitad: 73 nacimientos los sábados, 75 en feriados y 67 los domingos. Otra evidencia es la tendencia a “acomodar” los partos en determinados horarios. Resulta muy sugerente la fuerte concentración de los nacimientos durante la mañana, con su pico máximo a las 9.
En la Argentina rige la Ley de Parto Respetado (Ley 25.929), que busca garantizar una serie de derechos para las mujeres, tales como priorizar el parto natural por sobre la cesárea, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados, así como el derecho a la información sobre las distintas intervenciones médicas posibles, de manera que la madre pueda optar libremente. 
Como ocurre con muchas otras normas, la Ley es sólida en lo declarativo, pero en lo instrumental sus interpretaciones son variadas y de aplicación difusa. No hay un organismo que tenga a cargo su monitoreo, ni existen indicadores claros para medir su aplicación efectiva. La información que provee el Registro Civil Digital demuestra el contundente fracaso de la Ley para resguardar los derechos de madres y niños.

¿Qué hay detrás?
El uso creciente de cesáreas no está empujado por cuestiones de salud, sino por un complejo entramado de factores de índole cultural, incentivos financieros y modalidades bajo las cuales se organiza el funcionamiento de los hospitales y el trabajo de los médicos. Lamentablemente, en la nebulosa que genera la falta de información y estudios es difícil desentrañar la importancia de cada factor. 
En algunos países como Brasil, dar a luz por cesárea es considerado de “clase media alta” y es común que las mujeres de familias con mayores ingresos y niveles de educación más altos pidan cesáreas con más frecuencia. También está muy difundida la percepción de que las cesáreas son una intervención más segura que el parto normal. En el medio opera una fuerte asimetría de información. Es mucho más frecuente que la madre reciba información sobre los beneficios de las cesáreas que sobre los riesgos, por tanto, resulta muy difícil tomar una decisión bien fundada.
No menos importantes son las cuestiones relacionadas con la organización del sistema de salud y los incentivos financieros bajo los que opera. Un proceso de parto normal puede demandar unas 12 horas, y a veces los médicos no disponen de tiempo suficiente, o tienen miedo a un potencial juicio de mala praxis, o por motivos de honorarios tienen incentivos de realizar una mayor cantidad de partos en el día, por lo cual prefieren optar por la realización de cesáreas, que en promedio duran menos de una hora. 

Estrategias para revertirla
El entramado de factores que subyace en el exagerado uso de cesáreas requiere diagramar una estrategia integral. Hay que asumir que es un desafío complejo pero que justifica ser abordado, porque de lo contrario se seguirán vulnerando derechos de las madres, padres y recién nacidos. 
El punto de partida es superar el obstáculo que genera la falta de información y, asociado a ello, la baja calidad de los diagnósticos sobre las causas. Conocer el empleo efectivo de cesáreas y la causa de su uso es el insumo base para el diseño de políticas que incentiven su reducción. Así como en materia de registro civil se avanzó en la cantidad, calidad y transparencia en la generación y administración de la información, el sistema sanitario debería emular esta experiencia. 
Con mejor información se puede rediseñar la organización del parto y mejorar los incentivos financieros de quienes participan en ellos. Por ejemplo, en algunos países existe la figura de la partera o matrona para acompañar los embarazos de bajo riesgo y se reservan para los médicos los casos de mayor complejidad. 
Los cuidados dirigidos por parteras han demostrado ser más costo-efectivos, reduciendo intervenciones médicas y el número de cesáreas sin efectos adversos para las mujeres. El impacto se potencia si va acompañado de regulaciones económicas que incentiven la realización de partos vaginales por encima de las cesáreas. 
El exceso de cesáreas es una de las muchas deficiencias del funcionamiento del sistema sanitario. Que el sistema sea incapaz de generar información para diagnosticar no implica que los daños y la vulneración de derechos no se generen. Se trata de otra oportunidad para mejorar las políticas públicas. 
 

Virginia Giordano es coordinadora del equipo de investigación de Idesa