Excesiva presión fiscal. En 2016 (para tomar como referencia el último año
cerrado) la presión fiscal provincial ascendió a 9,22%; “un nivel nunca antes
observado en la historia reciente de Córdoba”, asegura el Centro de
Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES).
Esta
densidad de carga tributaria significa que los cordobeses nunca habían pagado
tantos impuestos como en el ejercicio pasado. En 1999, cuando inició el ciclo
de gobiernos de Unión por Córdoba, la presión fiscal rondaba 4,5%; de este
modo, el año pasado, las empresas y familias cordobesas terminaron desembolsando
106% más impuestos que 17 años atrás.
Dos
políticas tributarias básicas motorizaron estos incrementos: aumento sostenido
de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y un “paquetazo” de tasas y
fondos de asignación específica (especialmente a partir del 2012).
Claro
está, a la presión fiscal provincial luego hay que integrarla a la nacional y
municipal; entonces es cuando el resultado empieza a dar calambres en los
músculos de las empresas. Consolidada, la carga asciende a 42,5% (17 puntos
porcentuales más que hace una década). Y lo que es más relevante aún: implica
que los recursos que se apropia el Estado crecieron 66% más que el aumento en
la producción en los últimos 10 años.
No hay
carrera de competitividad que se pueda sostener en estas condiciones. Para los
empresarios consultados, el punto de referencia debe ser la media de presión
impositiva de los países desarrollados de la OCDE, la cual no pasa del 34%.
Y para
ser más claros aún en el diagnóstico, si se toma en cuenta el Total Tax Rate %
Profits (que elabora el Banco Mundial
y mide la proporción total de impuestos que la economía formal paga en
comparación con las ganancias), en el caso de una empresa radicada en Córdoba,
los impuestos representan el 137,4% de las ganancias medias obtenidas por las
empresas. Vale decir que las diferentes instancias del Estado, a través de múltiples
impuestos, se quedan con más plata que la que se lleva cada compañía como
beneficio. ¿Qué economía funciona con esta lógica?
Por otro
lado, el fuerte incremento de la presión fiscal en Córdoba se dio en paralelo
con el incremento de las transferencias –legítimas, sin lugar a dudas– por Coparticipación
Federal. Mientras que en 1999 estas transferencias automáticas significaban
4,6% del PBG, en el último año llegaron a casi 8%. En 2017, los recursos
provinciales de origen nacional van a llegar $ 67.557 millones (28,4% más que
en 2016).
Mucho gasto corriente, pocas obras. Con cada vez más recursos en sus arcas, el gobierno
provincial expandió su planta de personal y fue tímido con la infraestructura.
De
acuerdo a los datos del CIPPES, se han contratado a más de 70.000 empleados
públicos desde el inicio de la era de gobiernos de Unión por Córdoba. Al mismo
tiempo, se llegó a fines del 2016 con “una muy baja calidad de la red primaria
de carreteras (57% en mal estado) y una red secundaria aún por desarrollar (21%
asfaltada solamente”, según la OCDE). Asimismo, Córdoba figura por detrás de
otras provincias en cuanto a saneamiento. Sólo el 38,3% de los hogares
provinciales están conectados a una planta de tratamiento de aguas residuales,
mientras la media provincial es 53%.
Entretanto,
la construcción de la red de gasoductos no logra arrancar definitivamente y en
materia de energía eléctrica, las tarifas están al rojo vivo. “En el caso de
consumos de 150 kw/h y 300kw/h mensuales, rango donde se ubica la mayor
cantidad de usuarios, un residente de Córdoba abona tarifas que pueden ser
hasta un 176% mayores que un residente de Mendoza y un 66% superiores al
promedio nacional”, afirma el Centro de Estudios de la Regulación Económica de
los Servicios Públicos (CERES), dependiente de la Universidad de Belgrano.
Un
estudio comparativo realizado por el legislador del Frente Cívico, Juan Pablo
Quinteros, sobre facturas residenciales (consumo de 896 kWh) de marzo 2017
contra marzo 2010, demuestra que éstas no sólo sufrieron ajuste por inflación, sino
“un crecimiento de 33% por ineficiencias de la EPEC”.
A su
vez, si se analiza la situación de los usuarios comerciales, “sólo en Córdoba
se establecen tarifas superiores al promedio nacional, que llegan incluso a
duplicarlo”, señala el CERES. Mientras que la tarifa industrial, si bien está
en el rango del promedio nacional, viene sufriendo incrementos de más del 200%,
desde septiembre 2015.
En
materia de energía eléctrica, no sólo resultan críticos los precios en sí de
las tarifas, sino la debilidad de un ente (en este caso, el Ente Regulador de
los Servicios Públicos - ERSeP) que debería velar efectivamente por los
intereses de los usuarios.
Es este
marco, el legislador Quinteros elevó un Proyecto de Resolución para que de
“manera inmediata se instruya al ERSeP que prohíba a la EPEC aplicar o
solicitar incrementos tarifarios sobre el total de la tarifa, sino que debe
hacerlo solamente por la porción correspondiente al Valor Agregado de
Distribución (VAD)”.
Debilidad en la capacidad para crear
capital humano. Este es
uno de los puntos que más compromete a largo plazo el desarrollo de Córdoba.
Existe la opinión extendida entre actores privados y públicos que la educación
universitaria y terciaria es una ventaja comparativa, que atrae inversión e
impulsa la productividad.
“Sin embargo, la educación secundaria y técnica está un poco por detrás de las
realidades que muestran Santa Fe o Buenos Aires y las empresas tiene
dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades necesarias para
desarrollar sus actividades, especialmente en el sector manufacturero”, señala
el informe de la OCDE. Una encuesta
(publicada en el marco del Territorial Reviews Córdoba, Argentina) realizada entre empresas de la cadena
de valor de la industria del automotor, reveló que el 64% tiene dificultades
para encontrar personal.
“Hay más
de 65.000 jóvenes que, aún teniendo la edad teórica para haber finalizado el
ciclo secundario, no lo han terminado, lo cual impacta decididamente en su
futuro personal y laboral”, coincide en señalar un informe de IDESA.
Todo
esto, sin dudas, termina impactando en la generación de puestos de trabajo. El
crecimiento medio anual del empleo fue de apenas 1,8% entre 2009-2016. Realidad
que se vuelve coherente cuando se advierte que el trabajo informal o subempleo es del 36,9% (según INDEC); uno
de los valores más elevados del país, que se asemeja más a lo que sucede en la
región Noroeste (39% de informalidad promedio), que a la región Pampeana
(33,7%). Esta realidad queda reflejada también en una fotografía que muestra que Córdoba Capital es la ciudad
del interior con mayor cantidad de puestos de venta ilegales (1.270, según
datos de CAME), sólo superada por Lomas de Zamora y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
¿Sorpresa alguna? Para quienes se permiten leer la realidad provincial
sin condicionamientos, el diagnóstico no tiene novedad alguna. En diciembre de 2016, lo anticipó con todas
las letras el Informe Territorial Reviews
Córdoba, Argentina: “Córdoba tiene una matriz productiva (agricultura e
industria agroalimentaria, manufacturas de automóviles, TICs y turismo) que fue
muy útil para crecer en el pasado pero que no parece muy prometedora a futuro”,
advirtió la investigación que tuvo al economista Ernesto Rezk como director del
equipo económico local que participó en su elaboración.
Según la
OCDE, el desarrollo de Córdoba “ha seguido un modelo común en los ’70, en el
que se prestaba mucha atención a los clústeres industriales”. Sin embargo,
implementar políticas que sólo apoyen a los sectores más competitivos “puede
limitar la capacidad innovadora de las regiones y potencialmente llevar a un
modelo de desarrollo obsoleto”, señaló. En su investigación, la Organización urgió
a Córdoba a escalar la cadena de valor para hacer que la economía siga siendo
competitiva, y para ello sugirió integrar a los distintos clústeres mediante la
búsqueda de complementariedades entre sectores para que surjan nuevas
actividades, e incorporar conceptos que hoy rigen en las economías más
dinámicas como los de “smart innovation”.
Ahora
bien, para trazar un plan maestro estratégico de desarrollo, la disponibilidad
de información, la definición de metas y la medición de resultados son claves.
“Hay poca actividad gubernamental en la utilización de indicadores de
desempeño, monitoreo y evaluación; y no se revisan los resultados de los programas
para determinar su costo y efectividad. De esta manera, es difícil que el
gobierno provincial entienda si está alcanzando sus metas, y si no lo hace a
qué se debe”, concluyó la OCDE.
