Córdoba perdió el paso, es más cara y menos eficiente

En la provincia de Córdoba se crean por año menos empresas que en el promedio nacional: 0,16% a escala provincial vs. 0,74% en Argentina. “Esto parece indicar una ralentización económica en un futuro próximo”, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe  Territorial Reviews Córdoba, Argentina, presentado en diciembre pasado.

Este diagnóstico, que pasó casi inadvertido en los medios locales cuando se lanzó, empezó a hacer eco ahora en círculos empresariales donde reconocen que “nadie (del sector privado) quiere ‘ponerle el cuerpo’ a un choque con el gobierno provincial”, pero todos admiten que “empieza a sentirse un ‘costo Córdoba’ que agrava la lentitud con la que está reaccionando la economía”.

Cansados de la lógica de enfrentamientos que dominó durante los gobiernos kirchneristas, los empresarios provinciales valoran la buena relación que ahora existe entre la administración Macri y el gobierno de Juan Schiaretti, y reconocen, también, que el gobernador es consciente de las necesidades de las empresas. Sin embargo, esto parece no alcanzar. Porque lo que está crujiendo en la economía cordobesa no son factores de coyuntura, sino cimientos estructurales, que tienen que ver con dos cuestiones centrales: costos básicos fuera de control y un modelo de desarrollo que habría ingresado en fase de obsolescencia.

Excesiva presión fiscal. En 2016 (para tomar como referencia el último año cerrado) la presión fiscal provincial ascendió a 9,22%; “un nivel nunca antes observado en la historia reciente de Córdoba”, asegura el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES).

Esta densidad de carga tributaria significa que los cordobeses nunca habían pagado tantos impuestos como en el ejercicio pasado. En 1999, cuando inició el ciclo de gobiernos de Unión por Córdoba, la presión fiscal rondaba 4,5%; de este modo, el año pasado, las empresas y familias cordobesas terminaron desembolsando 106% más impuestos que 17 años atrás.

Dos políticas tributarias básicas motorizaron estos incrementos: aumento sostenido de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y un “paquetazo” de tasas y fondos de asignación específica (especialmente a partir del 2012).

Claro está, a la presión fiscal provincial luego hay que integrarla a la nacional y municipal; entonces es cuando el resultado empieza a dar calambres en los músculos de las empresas. Consolidada, la carga asciende a 42,5% (17 puntos porcentuales más que hace una década). Y lo que es más relevante aún: implica que los recursos que se apropia el Estado crecieron 66% más que el aumento en la producción en los últimos 10 años.

No hay carrera de competitividad que se pueda sostener en estas condiciones. Para los empresarios consultados, el punto de referencia debe ser la media de presión impositiva de los países desarrollados de la OCDE, la cual no pasa del 34%.

Y para ser más claros aún en el diagnóstico, si se toma en cuenta el Total Tax Rate % Profits (que elabora el Banco Mundial y mide la proporción total de impuestos que la economía formal paga en comparación con las ganancias), en el caso de una empresa radicada en Córdoba, los impuestos representan el 137,4% de las ganancias medias obtenidas por las empresas. Vale decir que las diferentes instancias del Estado, a través de múltiples impuestos, se quedan con más plata que la que se lleva cada compañía como beneficio. ¿Qué economía funciona con esta lógica?

Por otro lado, el fuerte incremento de la presión fiscal en Córdoba se dio en paralelo con el incremento de las transferencias –legítimas, sin lugar a dudas– por Coparticipación Federal. Mientras que en 1999 estas transferencias automáticas significaban 4,6% del PBG, en el último año llegaron a casi 8%. En 2017, los recursos provinciales de origen nacional van a llegar $ 67.557 millones (28,4% más que en 2016).

Mucho gasto corriente, pocas obras. Con cada vez más recursos en sus arcas, el gobierno provincial expandió su planta de personal y fue tímido con la infraestructura.

De acuerdo a los datos del CIPPES, se han contratado a más de 70.000 empleados públicos desde el inicio de la era de gobiernos de Unión por Córdoba. Al mismo tiempo, se llegó a fines del 2016 con “una muy baja calidad de la red primaria de carreteras (57% en mal estado) y una red secundaria aún por desarrollar (21% asfaltada solamente”, según la OCDE). Asimismo, Córdoba figura por detrás de otras provincias en cuanto a saneamiento. Sólo el 38,3% de los hogares provinciales están conectados a una planta de tratamiento de aguas residuales, mientras la media provincial es 53%.

Entretanto, la construcción de la red de gasoductos no logra arrancar definitivamente y en materia de energía eléctrica, las tarifas están al rojo vivo. “En el caso de consumos de 150 kw/h y 300kw/h mensuales, rango donde se ubica la mayor cantidad de usuarios, un residente de Córdoba abona tarifas que pueden ser hasta un 176% mayores que un residente de Mendoza y un 66% superiores al promedio nacional”, afirma el Centro de Estudios de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES), dependiente de la Universidad de Belgrano.

Un estudio comparativo realizado por el legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, sobre facturas residenciales (consumo de 896 kWh) de marzo 2017 contra marzo 2010, demuestra que éstas no sólo sufrieron ajuste por inflación, sino “un crecimiento de 33% por ineficiencias de la EPEC”.

A su vez, si se analiza la situación de los usuarios comerciales, “sólo en Córdoba se establecen tarifas superiores al promedio nacional, que llegan incluso a duplicarlo”, señala el CERES. Mientras que la tarifa industrial, si bien está en el rango del promedio nacional, viene sufriendo incrementos de más del 200%, desde septiembre 2015.

En materia de energía eléctrica, no sólo resultan críticos los precios en sí de las tarifas, sino la debilidad de un ente (en este caso, el Ente Regulador de los Servicios Públicos - ERSeP) que debería velar efectivamente por los intereses de los usuarios.

Es este marco, el legislador Quinteros elevó un Proyecto de Resolución para que de “manera inmediata se instruya al ERSeP que prohíba a la EPEC aplicar o solicitar incrementos tarifarios sobre el total de la tarifa, sino que debe hacerlo solamente por la porción correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD)”.

Debilidad en la capacidad para crear capital humano. Este es uno de los puntos que más compromete a largo plazo el desarrollo de Córdoba. Existe la opinión extendida entre actores privados y públicos que la educación universitaria y terciaria es una ventaja comparativa, que atrae inversión e impulsa la productividad.

“Sin embargo, la educación secundaria y técnica está un poco por detrás de las realidades que muestran Santa Fe o Buenos Aires y las empresas tiene dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades necesarias para desarrollar sus actividades, especialmente en el sector manufacturero”, señala el informe de  la OCDE. Una encuesta (publicada en el marco del Territorial Reviews Córdoba, Argentina) realizada entre empresas de la cadena de valor de la industria del automotor, reveló que el 64% tiene dificultades para encontrar personal.

“Hay más de 65.000 jóvenes que, aún teniendo la edad teórica para haber finalizado el ciclo secundario, no lo han terminado, lo cual impacta decididamente en su futuro personal y laboral”, coincide en señalar un informe de IDESA.

Todo esto, sin dudas, termina impactando en la generación de puestos de trabajo. El crecimiento medio anual del empleo fue de apenas 1,8% entre 2009-2016. Realidad que se vuelve coherente cuando se advierte que el trabajo informal o subempleo es del 36,9% (según INDEC); uno de los valores más elevados del país, que se asemeja más a lo que sucede en la región Noroeste (39% de informalidad promedio), que a la región Pampeana (33,7%). Esta realidad queda reflejada también en una fotografía que muestra que Córdoba Capital es la ciudad del interior con mayor cantidad de puestos de venta ilegales (1.270, según datos de CAME), sólo superada por Lomas de Zamora y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Sorpresa alguna? Para quienes se permiten leer la realidad provincial sin condicionamientos, el diagnóstico no tiene novedad alguna.  En diciembre de 2016, lo anticipó con todas las letras el Informe Territorial Reviews Córdoba, Argentina: “Córdoba tiene una matriz productiva (agricultura e industria agroalimentaria, manufacturas de automóviles, TICs y turismo) que fue muy útil para crecer en el pasado pero que no parece muy prometedora a futuro”, advirtió la investigación que tuvo al economista Ernesto Rezk como director del equipo económico local que participó en su elaboración.

Según la OCDE, el desarrollo de Córdoba “ha seguido un modelo común en los ’70, en el que se prestaba mucha atención a los clústeres industriales”. Sin embargo, implementar políticas que sólo apoyen a los sectores más competitivos “puede limitar la capacidad innovadora de las regiones y potencialmente llevar a un modelo de desarrollo obsoleto”, señaló. En su investigación, la Organización urgió a Córdoba a escalar la cadena de valor para hacer que la economía siga siendo competitiva, y para ello sugirió integrar a los distintos clústeres mediante la búsqueda de complementariedades entre sectores para que surjan nuevas actividades, e incorporar conceptos que hoy rigen en las economías más dinámicas como los de “smart innovation”.

Ahora bien, para trazar un plan maestro estratégico de desarrollo, la disponibilidad de información, la definición de metas y la medición de resultados son claves. “Hay poca actividad gubernamental en la utilización de indicadores de desempeño, monitoreo y evaluación; y no se revisan los resultados de los programas para determinar su costo y efectividad. De esta manera, es difícil que el gobierno provincial entienda si está alcanzando sus metas, y si no lo hace a qué se debe”, concluyó la OCDE.