Con IA y armas no letales la Provincia busca reforzar la prevención del delito

El crecimiento de la inseguridad no es una sensación. La última estadística oficial sistematizada es del año 2022 y confirmó que había más de 160 robos y hurtos por día en la ciudad de Córdoba. Aquella cifra también arrojó otro dato: se trata de una tendencia sostenida al alza, algo que le costó asumir al exsecretario de Seguridad del gobierno de Juan Schiaretti, Claudio Stampalija.

Las fotos que surgieron la última semana de jóvenes portando armas en Villa El Nailon, donde Maximiliano Exequiel Gómez (30) cayó muerto por un disparo de arma de fuego –no se sabe aún si era policial– y el incendio de la casa de una vecina del mismo barrio, evidencian levantamientos sociales en sectores vulnerables. Con la crisis económica actual, se prevé que la situación se profundizará. Crecimiento de la pobreza, consumos problemáticos, falta de proyectos de vida de los jóvenes y exclusión social, son variables que, unidas, potencian la violencia urbana e incrementan la delincuencia.

¿Qué hace la Policía de Córdoba para actuar? ¿Sirven los domos colocados en diferentes puntos de la ciudad? ¿Trabaja en la prevención? ¿Es posible prevenir?

La inquietud de este medio fue trasladada al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien apenas asumió mencionó que se pretendía trabajar con “ciencia de datos” y sumar tecnología.

La decisión política de designar en una de las tres subjefaturas de la fuerza a una ingeniera en sistemas, da la pauta de una de las orientaciones que se pretende imprimir a la gestión. La comisaria General Claudia Salgado, egresada en los ‘90 de la UTN, fue la primera en integrar el Estado Mayor policial cuando quedó al frente de la Dirección de Informática en 2018. Actualmente, es subjefa de la Policía de Córdoba, junto a Alejandro Mercado y Marcelo Marín.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA adelantó que está trabajando en “incorporar inteligencia artificial (IA)” a los 2.610 domos policiales que tiene la ciudad de Córdoba. En principio abarcaría a las cámaras de sectores estratégicos. El proyecto es ambicioso por el costo que significa cargar un programa a cada cámara, cuya licencia debe ser adquirida por la Provincia. Por eso, hay equipos técnicos, con Salgado a la cabeza, que diseñan el plan para proponerlo a las autoridades.

De prosperar, podría comenzar a funcionar este mismo año. Qué cambiará. Actualmente, cada domo detecta con nitidez chapas patentes y los rostros de las personas. Si hay un pedido de secuestro de un auto o captura de una persona, las cámaras pueden identificarlos, pero son los operadores humanos (70 por turno) del Centro de Monitoreo los que deben detectar e informar a los móviles para proceder. También hay un convenio con Caminos de las Sierras por el cual las cámaras que posee la empresa aportan datos al monitoreo policial.

Salgado señaló que aplicar IA permitiría que las mismas cámaras, además de identificar imágenes en forma rápida y temprana para prevenir un hecho delictivo, arrojen también un informe. Puso un ejemplo: dos delincuentes en una moto cometen un delito en la vía pública. Si el domo los registró, el software automáticamente hace un análisis y replica esa foto en todas las cámaras; éstas van tirando, en una pantalla, por dónde se van moviendo. Así, es posible alertar al personal que está en la calle y avisar por qué sector de la ciudad se conduce la moto o dónde fue vista por última vez”.

Si el mismo programa de los domos generara las alertas no sería necesaria la cantidad de operadores que hay en la actualidad. Hay quienes sostienen que el volumen de datos que aportan las más de 2.600 cámaras es imposible de seguir y procesar para el ojo humano, por eso los resultados que se obtienen no son lo suficientemente importantes para compensar la inversión que ese equipamiento demandó.

Con programas específicos es posible pedir a las cámaras, incluso, información estadística: cuántos robos se registraron en un sector en un período de tiempo. “En la Policía se hace análisis predictivo”, señaló Salgado. La base de datos es alimentada por las denuncias formales de víctimas en las Unidades Judiciales (UJ) y la “cifra negra” de quienes llaman al 911 para alertar sobre un hecho. Todo se carga en un mapa y se puede ver qué sucedió en un determinado barrio a lo largo de años.

La comparación habilita hipótesis predictivas de frecuencias delictivas en meses, semanas y horarios específicos. A partir de eso, se planifica.

Móviles. A la par de los domos, el otro objetivo es colocar más cámaras a los patrulleros. Actualmente son 260 los vehículos policiales dotados con esa herramienta. “Se proyecta sumar más cámaras como las que ya existen y otras con inteligencia artificial”, aseveró Salgado. Y agregó que también se piensa en implementar tablets para los móviles de modo que los policías que patrullan puedan recibir información e imágenes de elementos robados que las víctimas denuncian al 911, con el objetivo de optimizar la localización y búsqueda.

Armas no letales. Para el gobierno serán el sello de la gestión de Martín Llaryora. Sumar armas de defensa y disuasivas de situaciones críticas, es una de las mayores prioridades en materia de seguridad. El ministro Quinteros señaló que 9.700 policías fueron capacitados para usarlas y que se adquirieron 5.000 armas Byrna. La destreza en el uso de las mismas no requiere más que algunas semanas de adiestramiento. “El problema no es cómo se usa, sino capacitar sobre cuándo usarla”, explicó el funcionario. No sirve para todas las situaciones sino para contextos específicos, ya que se disparan a corta distancia para reducir a una persona que no está armada.

Las Byrna, de Bersa, son armas de puño, con propulsión y capacidad para cinco proyectiles. También hay un modelo de carabina simil M4, con propulsión a aire comprimido con capacidad para 19 municiones en su versión convencional. Los proyectiles impactan en el cuerpo y producen una herida, sin perforarlo.

 

ESPERAN PICO EN LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL CAMBIOS EN LA FORMACIÓN DE POLICÍAS

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, es consciente de que está sentado en una silla caliente. Quien la ocupa puede mostrar vocación, capacidad, formación o voluntad, pero su permanencia no es un cheque en blanco y un evento inesperado puede eyectarlo de inmediato. Por eso sabe que se avecinan momentos críticos. “Entre fines de marzo y mediados de abril tendremos el pico de conflictividad social en la calle, cuando pegará de lleno la pobreza”, señaló a este medio.

En ese sentido, diferenció esa situación de lo que podría implicar, además, el incremento de delitos. Pensar que “sólo la pobreza es la causa es estigmatizar a los pobres”, opinó y agregó que la situación actual surge por la confluencia de variables asociadas a consumos problemáticos de sustancias, ruptura de lazos familiares, ausencia de proyectos de vida en los jóvenes y exclusión social. Ese es el escenario que observa y en el cual trabaja.

Formación de policías. Ante la consulta sobre si ya evaluaron los resultados de haber extendido a tres años la formación de los efectivos que ingresan a la fuerza –decidida en 2020 tras el crimen policial del adolescente Blas Correas– el ministro señaló que “más tiempo no es sinónimo de mayor capacitación”.

Anticipó que se estudia que a los dos años del cursado puedan salir a las calles, porque “la práctica es parte de la caacitación”. Si finalmente se adopta esa decisión, a fin de este año podrían salir a la calle dos camadas de nuevos efectivos – unos 500 aproximadamente–, los que hayan completado la formación y los que inicien el último año de la carrera.