Después de cinco audiencias celebradas desde abril de este año, el próximo martes la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba dará a conocer su resolución sobre la segunda parte de la causa CBI Cordubensis SA. Son dos las cuestiones medulares: la confirmación o el rechazo del delito de lavado de activos para la mayoría de los socios y de operadores que ingresaron valores a la financiera ilegal y la definición de la situación del empresario Euclides Bugliotti, a quien el juez de primera instancia dictó falta de mérito por el delito de intermediación financiera no autorizada y lo sobreseyó en relación a la imputación que le adjudicó el fiscal por lavado de activos.
A su vez, sobre Bugliotti hay también disquisiciones sobre si participó directamente en el movimiento de cheques -originados en la obra social Osecac- o si lo hizo por su cuenta el contador Javier Fernando Guevara Amado, empleado del empresario.
Cabe recordar que en su carta póstuma, el fallecido vicepresidente de CBI, Jorge Suau, describió a Guevara como “testaferro” del titular de Grupo Dinosaurio.
En la investigación se comprobó que había una relación comercial entre Bugliotti y CBI por el alquiler del local que ocupaba la financiera en el centro comercial de Rodríguez del Busto. Pero en su resolución del 30 de junio del año pasado el juez Hugo Vaca Narvaja llegó a la conclusión de que no existían méritos suficientes para procesar o sobreseer a Bugliotti.
Los cheques de Osecac. Si bien hay una causa diferente en la que se investiga al dirigente gremial Armando Cavalieri y a los responsables de la obra social Osecac por los cheques emitidos desde la entidad que ingresaron a CBI, en este caso hay detalles presentes para analizar la conducta de Bugliotti y Guevara. Cuando ambos fueron imputados por el fiscal Enrique Senestrari, se sospechó que habían adquirido parte de los cheques librados por Osecac a sus prestadores a cambio de dinero en efectivo.
Dichos valores habrían sido utilizados como aportes de capital para el desarrollo de las actividades ilegales que desplegaba CBI. La maniobra se habría materializado mediante el depósito de más de $53 millones. Para ocultar el verdadero origen de los valores, habrían convenido con Eduardo Rodrigo que las operaciones fueran registradas como provenientes principalmente de la firma Prestar SA, cuando en realidad carecía de capacidad económica para llevar a cabo los aportes de capital que se le atribuyeron.
Los cheques fueron finalmente depositados en diversas cuentas a nombre de Siemens It Solutions and Services SA, Toyota Compañía Financiera de Argentina SA, Jotemi SA, Halabo SA (hecho n° 5°), entre otras, todas ellas exentas del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios en virtud a las actividades que declaraban.
Frente a la imputación el juez valoró que Bugliotti no figuraba en el listado de clientes de CBI y que no se detectaron movimientos financieros realizados en forma personal por él, ni operaciones relacionadas con lavado de dinero. Dos miradas: la del fiscal y la del juez sobre la conducta de Bugliotti que ahora zanjará la Cámara Federal.
Lavado, sí o no. Otra cuestión que definirá la Cámara es si se sostendrá la acusación sobre lavado de activos para los socios de CBI. La querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por el abogado Martín Olari Ugrotte, y de la Afip, a cargo de Mariano Longobardi, pidieron a la Cámara revocar los sobreseimientos mientras que los defensores sostuvieron que para acreditar que existió lavado de activos se debe describir un hecho ilícito precedente. En este caso podría ser la evasión agravada porque las operaciones realizadas se hicieron a través de firmas existentes o creadas para evitar el impuesto al cheque y otros gravámenes.
NUEVA CONFIRMACION DEL FISCAL A LA ESPERA DE OTRA DECISION
El tribunal de alzada, integrado en forma unipersonal por la camarista Liliana Navarro, confirmó una vez más al fiscal federal Enrique Senestrari en la causa CBI. Lo hizo al resolver la apelación que había presentado la defensa de Juan Luis Dabusti y Raúl Toscano, ambos de la firma Siemens, involucrados en el caso por el contrato con Red Bus.
Según la investigación, la UTE -participó también Ribelux- habría desviado efectivo de la recaudación por la carga de tarjetas electrónicas para el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba para cambiar cheques de la financiera CBI y así obtener beneficios económicos extras. Los abogados Miguel Ortiz Pellegrini y Jorge Alberto Cicardo, por Dabusti y Toscano, respectivamente, habían cuestionado el trabajo de Senestrari por entender que no actuó con objetividad. Lo hicieron al considerar que direccionó la investigación contra sus defendidos y que abrió una causa paralela para investigar a Fernando Gaviglio, también ejecutivo de Siemens.
El juez rechazó el planteo señalando que no hay motivos que justifiquen el apartamiento del funcionario. La defensa insistió y la última decisión confirmó la resolución de Vaca Narvaja.
En los considerandos, la camarista Navarro opinó que la recusación tal como fue presentada “se acerca más a una maniobra de la defensa tendiente a dilatar el proceso pues, reitero, no se observan circunstancias objetivas que puedan provocar una duda razonable sobre la actuación del Fiscal en la presente causa”.
Sigue pendiente, por otra parte, otra recusación a Senestrari formulada por los abogados del empresario Darío Onofre Ramonda. Para decidir sobre ese planteo fue apartado Vaca Narvaja y designado el juez federal de La Rioja, Miguel Herrera Piedrabuena.
