Con la nueva ley, proveedoras del Estado deberán tener programas anticorrupción

Con 144 votos a favor y 6 en contra, el oficialismo aprobó esta semana la Ley de Respon­sabilidad Penal Empresaria. El nuevo marco legal intentará dar herramientas para sancionar casos de corrupción y fraude de personas jurídicas en perjuicio de la administración pública.

Para las empresas, la ley supone un gran desafío y la obligación de encarar modi­ficaciones que, en muchos casos, pueden ser estructura­les y comprometen a toda la compañía. En la mira estarán, principalmente, las firmas con­tratistas, licenciatarias de ser­vicios y proveedoras del Estado (la obra pública será un sector sumamente sensible).

En ese contexto, desembar­có recientemente en Córdoba la consultora Transparencia Latam, una firma especiali­zada en integridad corpora­tiva, con profesionales espe­cializados en prevención de la corrupción, gobierno cor­porativo y experiencia en el desarrollo de programas de integridad y transparencia, que permiten a las empresas prevenir, detectar y remediar actos de corrupción, así como el fraude externo e interno.

El nuevo escenario. Sobre el al­cance e impacto de la nueva ley, Paula Cortijo, socia directora de Transparencia Latam, señaló: “El primer cambio es la muestra de una línea política de empezar a caminar en un rumbo hacia la transparencia. Además, este marco es una manera de ingre­sar a la OCDE, lo que ayudará a atraer inversores. Asimismo, es un cambio y un desafío para las empresas, porque la manera de lograr negocios sostenibles en el tiempo dependerá de tener estos programas de compliance o integridad. Con la nueva ley, si una persona comete actos de corrupción, además de recibir penas personales, la empresa recibe sanciones o se le puede suspender la personería jurídi­ca”.

Así, el cambio más profun­do que genera la ley es que, a partir de ahora, las personas jurídicas van a responder por cualquier acto de corrupción ejercido por cualquier emplea­do de la organización y tam­bién por terceros de su cadena de valor que los representen o actúen en su nombre.

Contratistas obligados. La ley no establece la obligatoriedad para todas las empresas de con­tar con programas de integri­dad, excepto en determinadas situaciones: el artículo 24 deta­lla que la exigencia de un pro­grama de integridad adecuado conforme a los artículos 22 y 23 será condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando los contratos deban ser firmados por autori­dad competente con rango no menor a un ministro. “Con esto quedarían comprendidas todas las licitaciones importantes, to­da la obra pública, por ejemplo. También incluye a los contratos de concesión o licencia de ser­vicios públicos. En esos casos no es voluntario tener progra­mas de integridad, si no se tie­nen, no se pueden presentar a licitaciones”, señala Cortijo.

Reducción de penas. Contar con un programa de integridad bien ejecutado para detectar y denunciar casos de corrupción en la propia empresa es una de las válvulas de escape para negocios reduccionistas en las sanciones e incluso eximicio­nes. En el marco de la nueva ley, la reducción de la pena también puede alcanzarse si la autoridad judicial comprue­ba que la empresa denunció a tiempo un ilícito cometido por sus propios empleados o ejecu­tivos. Si bien no se incluyó la figura de delación premiada, si se introdujo el concepto de “Acuerdo de Colaboración Efi­caz”: “Es una especie de Ley del arrepentido de personas jurídi­cas´, donde se da la posibilidad de, habiendo detectado y de­nunciado un ilícito, lograr una disminución de penas e incluso la eximición”, explicaron desde Transparencia Latam.

Primer contrato local. “La detección de la corrupción está en la agenda de di­rectores y gerentes de empresas. En Buenos Aires se está moviendo mucho y se está empezando a mover acá. En Córdoba tuvimos muchas consultas y ya cerramos un acuerdo con una compañía grande del sector bancario”, adelantó Cortijo.