El fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, cambió de defensor. Tristán Gavier reemplazó a la defensora oficial, Florencia Felipe, y modificó la estrategia que sostenía hasta el momento.
El primer gran cambio fue la decisión de ampliar la declaración indagatoria. Hasta ahora, Viaut se había limitado a negar la acusación en su contra, pero sin responder preguntas.
Son dos hechos los que forman parte del expediente. Un presunto pedido de coimas por $2,5 millones a dirigentes de la Cooperativa Las Cañitas de El Tío. La denuncia fue presentada por Pablo González, gerente de la entidad, con el patrocinio letrado del abogado Juan Alberione. Por este hecho están acusados el fiscal, un empleado de la oficina judicial, Darío Rivarola, y Santiago Badino, quien habría sido un intermediario.
El otro consiste en el cobro de US$17.100 dólares, pagados por el empresario Víctor Brugnoni, ante la promesa de hacer gestiones para beneficiar la situación procesal de su hijo, detenido e imputado por abuso sexual por una fiscalía provincial. Además del fiscal, Rivarola y Brugnoni, están acusados Gerardo Agustín Panero y Walter Gustavo Fattore.
En relación al presunto pedido de coimas -la calificación legal aplicada es de concusión agravada- Viaut negó que haya participado del hecho y dijo que ninguna de las pruebas lo compromete. Es más, su defensor pidió la incorporación de las sábanas de llamadas telefónicas a lo largo de los últimos meses con el objetivo de poner en evidencia que era habitual que se comunique con el empleado Rivarola todos los días en los mismos horarios donde figuran los llamados que, según la investigación, fueron para concertar y dirigir las negociaciones con referentes de la cooperativa de El Tío.
Sobre el segundo hecho, por el que está acusado de tráfico de influencias, la defensa plantea una discusión netamente jurídica. Sostiene que Viaut no conocía a magistrados ni funcionarios de los tribunales de Bell Ville donde estaba radicada la causa por abuso sexual contra el joven. Por lo tanto, nunca pudo influenciar en alguna decisión de esa jurisdicción.
En la indagatoria, se explayó además sobre el motivo por los cuales tenía en un cajón de la fiscalía $843.500 y U$S 8.900, dinero que fue secuestrado cuando se allanó la dependencia judicial. Dijo que eran para pagar gastos de una hija que se mudaba para estudiar.
En una entrevista brindada de PERFIL CORDOBA, en abril de este año, reconoció haber cobrado dinero para “asesorar” a Brugnoni pero negó que eso haya significado entrometerse y torcer el rumbo de un expediente judicial.
