A partir del 2018, Córdoba recibiría de parte de la Nación un aporte mensual del orden de los $417 millones para ir cubriendo el déficit del sistema previsional provincial. “Este es un mínimo que, mes a mes, iremos monitoreando para establecer las actualizaciones que sean necesarias; pero, ese piso en principio está garantizado”, confirmó a PERFIL Córdobael ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
Esto implica un logro significativo para la Provincia tomando en cuenta que, durante 2017, los aportes nacionales con este destino fueron de apenas $120 millones mensuales. Giordano esperaba firmar este viernes el acuerdo respectivo que dará legalidad y certeza de largo plazo a este financiamiento.
Si todo llega buen puerto según lo previsto, la Caja de Jubilaciones de Córdoba tendría resuelto para el año próximo la cobertura de un 75% de sus números rojos; esto es alrededor de $5.000 millones. “El 25% que resta cubrir sigue siendo un monto importante (unos $2.000 millones), pero es lo que se tendrá que prever en el Presupuesto”, indicó el ministro.
La pauta presupuestaria merecerá una primera lectura en el recinto parlamentario a mitad de la semana que inicia y debería quedar aprobada antes del 15 de diciembre.
Derechos resguardados. Lograr fondeo para la Caja era un punto crítico; sin embargo, resguardar los derechos adquiridos por los jubilados cordobeses no lo era menos. Y, tras la firma del Pacto Fiscal, “nada cambiará para el sector pasivo provincial”, explicó el ministro Giordano.
La posibilidad de elegir trabajar cinco años más que los fijados por ley “es un alternativa que se ofrece a los trabajadores nacionales, y se vincula con la ley de Contrato de Trabajo, no con el sistema previsional.
Quien quiera trabajar ese tiempo adicional podrá hacerlo y el empleador no podrá coaccionar para que se retire. Si lo hace, le deberá pagar la indemnización correspondiente, lo cual ahora no se cumple con quienes son despedidos pasado el tiempo de retiro”, explica Giordano. “De todos modos –enfatiza– es un tema que no alcanza a los empleados provinciales de Córdoba”.
Por otro lado, el ministro confirmó que la liquidación de los haberes de los pasivos provinciales se continuará haciendo conforme a los parámetros históricos. Esto es: 82% del salario neto de los activos, con un ajuste acoplado a las actualizaciones que vayan logrando en paritaria los diferentes gremios.
Ahora bien, hay que recordar que por el mismo Pacto Fiscal que firmó la Provincia, los aumentos al sector público, a partir del 2018, se realizarán de acuerdo a la inflación (entre 10% y 12%, según pretende el Banco Central).
Siendo así, la fórmula de movilidad para las actualizaciones de los haberes cordobeses no queda muy alejada de la que se consensuó a nivel nacional, la cual es una combinación entre inflación y el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Expertos consultados indicaron que este “combo” de inflación + RIPTE (alrededor del 2%) podría estar dando un 14% de aumento para el año próximo.
Claramente, el año que viene, los jubilados (sean provinciales o nacionales) deberán estar atentos a dos frentes para saber cuánto dinero entrará a sus bolsillos: la inflación, por un lado, y las paritarias de su actividad, por otro. “En general, deben esperar unos tres puntos, máximo, por encima del costo de vida”, explicaba una fuente cercana al Ministerio de Hacienda de la Nación.
El no salirse de estos parámetros de movilidad, a la Provincia le significa el poder hacer malabarismos presupuestarios para conseguir los $2.000 millones de déficit, que quedan sin financiamiento nacional. A su vez, a la Nación, cumplir con este parámetro le permitirá ahorrar $96.000 millones que servirán para reducir el déficit, impulsar la política de reducción tributaria y compensar el nuevo esquema de coparticipación de impuestos.
Para Córdoba, sin dudas, se abre una ventana de oportunidad. En términos aproximados, las necesidades de financiamiento del déficit del sistema previsional provincial para los próximos 10 años sumarán poco más de $14.435 millones a precios del año 2010.
“O sea, aproximadamente la recaudación total percibida por la Provincia durante un año (neta de transferencias automáticas a los municipios)”, según reconoce el informe “Proyección 2010-2020”, elaborada por la misma Caja.
Según advierte ese documento, las necesidades de financiamiento no se distribuyen de manera homogénea en el tiempo sino que están concentradas en la segunda mitad de la década (es la que empezamos a transitar). “Este comportamiento constituye, desde el punto de vista político, una oportunidad para encarar las reformas institucionales que le devuelvan sustentabilidad al sistema”, reconoció la propia institución en su informe.
“DISTRIBUYO GESTION, NO CHEQUES”
La frase es simple pero muy significativa y anticipa lo que viene en la relación Provincia-municipios. Con estas palabras -que ponen el foco en la eficiencia de la gestión antes que en el reparto de los fondos-, el ministro Osvaldo Giordano está iniciando una nueva dinámica de relacionamiento con los intendentes de Córdoba.
En este camino, avanza a paso firme un programa de modernización de las gestiones municipales que incluye la digitalización y simplificación del cobro de tasas, y un tema de gran impacto social como es la digitalización de los Registros Civiles. Al mismo tiempo, el proceso apunta a la transparencia de la relación económica que vincula ambas instancias del Estado, por lo que ahora los intendentes pueden controlar en tiempo real, vía online, los fondos que se le transfieren.
En el horizonte de mediano plazo de esta estrategia hay un compromiso que la Provincia asumió ante la Nación al firmar el Pacto Fiscal: llegar a una ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, similar a la nacional, impulsar que los municipios adhieran y controlar su cumplimiento.
Y algo adicional que es crucial: “Promover la adecuación de las tasas municipales, de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio; y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de este último”, según reza el Pacto.
Dicho de otro modo, esto último implicará dejar de cobrar “tasas no retributivas” que hoy significan un “festival” incontrolable de financiamiento alternativo al que apelan los municipios para cerrar los agujeros negros de sus contabilidades.
