El Ministerio del Interior de la Nación cobija una de las subsecretarías de más bajo perfil que concentra, sin embargo, uno de los roles más estratégicos para el desarrollo sustentable de todo el país. Se trata de la subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. En la era kirchnerista, esta dependencia reportaba a Julio De Vido y su rol era la distribución de los fondos para la obra pública.
El gobierno de Mauricio Macri la migró hacia la órbita que conduce Rogelio Frigerio, con la premisa de que “los recursos públicos se utilicen en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados”, explican desde Interior. Esto implica, no solo evitar irregularidades en la obra pública, sino también lograr su alineamiento tras un Plan Estratégico Territorial (PET), que diagnosticó las amenazas ambientales y las vulnerabilidades de infraestructura que tiene cada provincia. El objetivo final es reducir las brechas de desarrollo “en el interior del interior”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desde su oficina en Argentina, realizó las investigaciones de base que hoy nutren al PET.
“Los riesgos están porque a muchos aspectos del cambio climático, por ejemplo, no los podemos manejar; pero a las vulnerabilidades las creamos por el uso que hacemos de los recursos y las prioridades que se asignan al desarrollo de la infraestructura básica”, explicó el ingeniero Daniel Tomasini en diálogo con PERFIL Córdoba. Tomasini fue uno de los expertos que llevó adelante los estudios de campo de la investigación titulada “El riesgo de desastres en la planificación del territorio”.
En este documento quedó reflejado que las principales vulnerabilidades que presenta la provincia en materia de infraestructura social se centran en seis frentes: las redes de saneamiento (en particular, cloacas), de energía (con énfasis en tendidos de gas), de rutas pavimentadas, de transporte público, de viviendas y de espacios públicos (por alumbrado y recolección de basura). Aunque la situación en los seis frentes es mucho mejor que en el promedio nacional, destacan importantes diferencias regionales.
Coherencia estratégica. Más allá del contenido político que se asigne al mega plan de obra pública (US$2.290 millones) lanzado por el gobierno de Juan Schiaretti con vistas a retener el poder en 2019, ese planteo estratégico encuentra todo el sentido cuando se profundiza el diagnóstico que arrastra la provincia en materia de infraestructura, ambiente y las consecuencias sociales derivado de ello.
“Hay necesidad de mantenimiento de la red de caminos secundarios y terciarios, que permitan la circulación permanente en departamentos como Cruz del Eje y Minas. Necesidad de mejoras y mantenimiento de las rutas que comunican localidades de baja densidad poblacional con Deán Funes, San José de la Dormida y Villa de María de Río Seco, las cuales son usadas para acceder a centros educativos y de salud”, señala la investigación del PNUD. “También hay tramos en malas condiciones en rutas como la 158 y 8 (circula transporte internacional de carga), debido a las frecuentes tormentas y la saturación del tránsito pesado, provocando cortes y derivaciones vehiculares por vías alternativas”, agrega el informe.
En materia habitacional, la investigación advierte déficit de vivienda por pobreza en Capital, Ischilín y Río Primero; por desempleo y/o indigencia en Pocho, Minas, Cruz del Eje, Río Seco, Totoral y Tulumba. A su vez, hay déficit habitacional por marcado crecimiento poblacional y concentración urbana en Colón, Santa María, Punilla, Calamuchita, Cruz del Eje, Río Seco, San Alberto, San Javier y Totoral.
La investigación señala también “déficit de provisión de agua potable en las localidades del norte, noroeste, sur y sureste; falta de una adecuada red de desagües pluviales, siendo Córdoba y San Francisco las ciudades más afectadas, aunque el resto de las localidades también presenta este problema; déficit de transporte público, por sus condiciones, en diez departamentos (entre ellos, Pocho, Minas, Ischilín, Río Seco y Sobremonte); déficit de transporte público para acceder a centros de salud en el sur de la provincia y saturación del corredor de las Sierras Chicas, desde Córdoba a Río Ceballos”.
El informe remarca, asimismo, la carencia de infraestructura de gas (para lo cual ya están en marcha las obras de los tendidos troncales) y un tema que es clave para el desarrollo turístico e inmobiliario: “Necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento urbano, principalmente en localidades ubicadas en cuencas y valles turísticos y en la ciudad de Córdoba”.
¿Alcanzará lo presupuestado? El desafío es enorme. Durante la década kirchenrista, la Provincia no tuvo acceso a crédito internacional y tampoco contó con el apoyo del financiamiento nacional; ambas posibilidades se recuperaron en 2015. Esto es cierto. Pero, también lo es que el gobierno debe avanzar en una cultura de “gestión de riesgos, prevención y alerta temprana, y manejo sustentable del territorio para orientar las políticas públicas. De lo contrario, siempre se trabaja sobre la emergencia y se gasta más o mal”, explica el experto del PNUD, Daniel Tomasini.
“Cuando hablábamos con los cordobeses del sur de la provincia para armar el mapa de amenazas ambientales, era un año de plena sequía y entonces se mencionó el avance de la explotación sobre terrenos inundables y canales… el cambio del uso del suelo fue determinante”, comenta Tomasini. Y agrega: “La solución real no pasa luego por hacer canales que tiren el agua al más vulnerable, sino por hacer un manejo sustentable del territorio, y para eso debe haber modelos científicos adecuados y difundir la información; pero, también es indispensable que exista compromiso público y privado, restricciones, poder de control, políticas de incentivo y desincentivo y, finalmente, hacer matrimonios institucionales claves (sobre todo con los municipios)”.
Tomasini explica algo central (tan complejo de lograr como igualmente de sentido común): “Si la Provincia, los intendentes y el sector privado –productores, empresas, vecinos– no asumen que deben protegerse y proteger a los demás, terminamos todos desprotegidos. Hay que acabar con lo que en economía se llama ‘la cultura del free-rider’, que ocurre cuando aquellos que se benefician de recursos, bienes o servicios no los protegen o no gastan para protegerlos”.
El documento del PNUD lo ha documentado palmo a palmo: además de las vulnerabilidades por infraestructura social básica, Córdoba enfrenta amenazas ambientales por inundaciones, tala de bosques, erosión e incendios forestales.
Al final, todo desemboca, según advierte el PNUD, en escenarios de riesgo social: alto porcentaje de hogares con necesidades básica insatisfechas (más del 30% en Pocho, Minas, Sobremonte, Tulumba, Cruz del Eje y Río Seco); economía de subsistencia y escaso desarrollo industrial (Minas, Pocho, Ischilín, Río Seco, San Javier, Tulumba y Sobremonte); hasta 50% de población de 15 a 19 años que no estudia ni trabaja (Minas, Pocho, Río Seco, San Alberto, Sobremonte, Tulumba, Totoral, Río Primero y General Roca) y fuertes disparidades regionales (entre los departamentos del centro provincial, que tiene una base económica más diversificada y el norte y oeste, de escaso desarrollo económico).
NO ES SOLO “UN TEMA” DE LA PROVINCIA
La gestión del riesgo (por vulnerabilidades en infraestructura y amenazas naturales) es hoy uno de los temas que domina las agendas de las políticas públicas en todo el mundo. El tema es tan complejo que excede a una sola instancia de gobierno, e incluso al propio Estado. Es un barco en el que van juntos, gobierno y sociedad.
“Es fundamental el rol de los gobiernos locales y la capacitación, tanto de los funcionarios públicos como de los políticos y de los habitantes”, señala Gabriel Lanfranchi, director del programa de Ciudades del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). “Los diagnósticos técnico (para enfrentar los riesgos) no son suficientes, es necesario construir un entramado de gobernabilidad y de capital humano que lo complementen”.
A juicio de experto de CIPPEC es imperante incorporar una “construcción social del riesgo” para que el conjunto de la comunidad tome conciencia y pueda ser resiliente, así no resulta mera víctima de desastres naturales o políticas desacertadas. Y, además, apunta algo fundamental: “Es necesario superar los tiempos político-electorales. A pesar de que las medidas implementadas (que incluye inversión estructural y no estructural) pueden no tener retribuciones en términos electorales, es fundamental superar estas limitaciones a través de medidas con una visión largoplacista”.
