El lunes último el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó el procesamiento de cinco socios y directivos de la empresa Cotreco por apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social y apropiación indebida de tributos agravada.
Fueron alcanzados el CEO, Horacio Busso, sus socios Flavio Néstor Cavallieri y Marcelo Elvio Debernardo; y los directivos David Emanuel Druetta y Jorge Héctor Pereyra.
El magistrado les dictó falta de mérito por asociación ilícita fiscal e insolvencia fiscal fraudulenta, delitos por los cuales también había imputado el fiscal Enrique Senestrari, al igual que a otras 11 personas. En su fallo, Bustos Fierro consideró que “no surge con la claridad suficiente (…) la composición de una organización criminal”.
Reconoció, además, que la instrucción “se vio interrumpida por la situación sanitaria que atraviesa el país” y no se pudo producir pruebas ni desintervenir los elementos secuestrados.
“El fallo no conformará a ninguno” advirtió a este medio una fuente de los tribunales federales antes de que se conociera su contenido. Así fue. Fiscalía, defensas y querellas cuestionaron la decisión del juez por igual, endilgándole no haber valorado la prueba.
Quejas de la Fiscalía. El fiscal Enrique Senestrari, dijo que el juez procesó a los empresarios solo por delitos tributarios. “Si hay pago se extingue la acción penal”, precisó.
Aludió a otros dos hechos. “Uno es justificable -dijo- porque la pandemia impidió la desintervención de la prueba (secuestrada en los allanamientos a la empresa) por lo tanto no sabemos qué contiene; pero hay otro que es grave”.
Relató que cuando se hizo el requerimiento de instrucción “la Fiscalía presentó dos carpetas con informes del Banco Central, Nosis, que mostraban el entramado de empresas y quiénes participaban. Sin embargo, recién después de resolver, el lunes pasado, las incorporaron al expediente sosteniendo que no habíamos presentado pruebas. Tenemos documentado que las recibieron en noviembre”, destacó.
Posición de la defensa. Manuel de Allende, abogado de Busso, dijo estar disconforme con la resolución del juez porque “omitió valorar prueba dirimente” que aportó al Juzgado.
Citó una nota de junio de 2016 en la que el Ministerio de Trabajo de la Provincia declaró que los trabajadores de Cotreco fueron “cedidos” por Crese a la empresa privada. También una presentación de Afip en el concurso preventivo de Cotreco en Buenos Aires, que reconoce la “controversia” sobre si los empleados pertenecen o no a la firma. Y además, una nota de Pascual Catrambone, como director de Crese, de mayo de 2012, donde intimó a Cotreco a no aplicar sanciones a un trabajador porque dependía de esa empresa municipal.
“Esto echa por tierra nuestra obligatoriedad de hacernos cargo de aportes y contribuciones patronales”, explicó el letrado. “Sin revisar la prueba nos tiró un procesamiento agravado, que tiene un mínimo de 4 años”, señaló. “Si alguien cree que ganamos, nosotros perdimos”, indicó finalmente.
De Allende añadió que el agravio también aludirá a las escuchas telefónicas que se reprodujeron en el fallo. “Jamás se las dieron a conocer (a Busso) para que se defienda. El mes en que se practicó esa escucha esta empresa le pagó mucho más que $600.000 a la mutual”. La referencia es a escuchas telefónicas citadas por el juez donde menciona ese monto atesorado en las oficinas y que eran de “Pascual”, por Catrambone.
Facundo Cortés Olmedo, abogado de Cavallieri y Debernardo, apeló con argumentos similares y Horacio Gentile, como querellante por la mutual del Surrbac, también recurrió el fallo.
DOS FIRMAS PARA LAS APELACIONES
El juez Ricardo Bustos Fierro, además, hizo lugar a una de cuatro recusaciones que defensores presentaron contra el fiscal Enrique Senestrari. Acogió la planteada por Facundo Cortés Olmedo y Germán Gianotti, por Debernardo y Cavallieri, aduciendo “falta de objetividad” por declaraciones a una radio de Río Cuarto, donde el acusador informó sobre la causa.
La grabación no se incorporó y el juez analizó las referencias aportadas por los abogados. Senestrari y De Allende apelaron también esa decisión, al igual que Afip y la UIF (Unidad de Información Financiera).
Para De Allende, fue correcto apartar al fiscal por pérdida de objetividad pero “no está bueno que se deje constancia que tiene encono con los abogados y no haya sido apartado por eso”. Insistió que a “tenor de sus actitudes públicas y su temperamento en el expediente, estamos convencidos de que el fiscal Senestrari tiene un encono con Busso y las empresas que él integra. Eso será puesto en conocimiento de las instancias superiores”.
Desde la fiscalía y las querellas los argumentos descartaron que las declaraciones periodísticas del fiscal hayan implicado pérdida de objetividad. Y pidieron a la Cámara Federal que se exhiba e incorpore el material grabado para que constate sin mediación alguna la entidad y connotación de sus dichos.
Las apelaciones fueron firmadas por Enrique Senestrari y Carlos Casas Nóblega, destinatario de la causa si se confirma el apartamiento.
