Hay una tesis que va ganando fuerza en los círculos empresariales de Córdoba, pero también de buena parte del país. Los próximos pasos para resistir o contrarrestar lo que decodifican como un nuevo capítulo en el enfrentamiento de un gobierno kirchnerista –o neokirchnerista– y el sector productivo, tienen que plasmarse en una estrategia más amplia.
La definición de dirigentes empresariales, de ejecutivos y de sus asesores es clara: no alcanza con un cese de comercialización, cacerolazos, corte de rutas o la siempre presente idea de la ‘rebelión fiscal’. Hoy la estrategia pasa por otro plano más sofisticado y como una jugada a mediano y largo plazo: la judicialización.
La medida más fuerte en lo que va del año la lanzaron la Sociedad Rural de Jesús María en tándem con su par nacional. El planteo fue un amparo por la inconstitucionalidad e ilegitimidad del actual esquema de retenciones. Ese recurso espera una definición del juez Ricardo Bustos Fierro y advierte que al no haberse aprobado la Ley de Presupuesto para el año 2022, que incluía una prórroga por dos años de las facultades delegadas en el artículo 52 de la Ley 27.541, el Ejecutivo nacional no cuenta con el paraguas legal para cobrar derechos de exportación.
“Al continuar la conducta ilegal de las autoridades administrativas y no existir ningún tipo de indicio de que esa situación irregular pueda ser resuelta a través de la inmediata intervención del Congreso de la Nación, las entidades rurales nos vimos en la necesidad de promover la acción de amparo, en defensa de los derechos constitucionales de todo el sector agropecuario”, explicaron en su momento las centrales rurales.
“La ausencia de una ley formal y material que habilite el reclamo de derechos de exportación torna manifiestamente arbitraria e ilegítima la decisión estatal de continuar exigiendo esos derechos para habilitar la exportación de mercadería, con fundamento en decretos y regulaciones dictados al amparo de una delegación ya extinguida. Para que quede claro, toda retención debe pasar necesariamente por el Congreso, en consecuencia actualmente es ilegítimo su cobro. Todo, no solo los aumentos”, explicó a PERFIL CÓRDOBA José Capellino, uno de los asesores legales de la SRJM.
Acciones. “Las empresas van a salir con planteos judiciales porque si no se las llevan puestas. La mayoría de las normativas no distinguen entre una multinacional, una gran empresa y una pyme. Acá asesoramos tanto a pymes como a empresas de envergadura y es muy desigual. Tienen que afrontar la misma carga impositiva, la misma carga laboral, el mismo régimen indemnizatorio y es un despropósito. Es realmente inviable seguir las reglas de juego, las empresas no saben hasta qué punto pueden asumir costos y riesgos que después no pueden afrontar”.
La lectura es de un letrado local, asesor de empresas de distinta envergadura. “Yo hace 35 años que ejerzo, pero lo que está pasando en los últimos 15, 10 años nunca lo vi. Se ve un deterioro en la economía y desarrollo de las empresas muy grande. Tenemos regímenes de normativas generales y convencionales de los años ‘74 y ‘75 que en ninguna forma se adecuaron a las nuevas modalidades de contratación”, dice.
Presión tributaria. Cómo se frena el incremento y distorsión en materia tributaria es otro eje que está en permanente análisis por parte del sector privado y sus equipos legales de asesoramiento. “Hay una distorsión tremenda, además de la superposición de impuestos que se ve. Creo que son muchos los aspectos que hoy entorpecen el desarrollo de la actividad económica y de las empresas y desde mi punto de vista, las más afectadas son las empresas más chicas”, apunta el asesor que pide reserva de su identidad.
“No se puede comulgar en absoluto con la política tributaria que se está llevando a cabo. Por lo ineficiente. Hay que ser un ingeniero de la Nasa para trabajar con el Régimen Simplificado. De simplificado no tiene nada. Es una maraña de normativas e instrucciones muy difícil. Sin duda las empresas van a empezar a actuar. Van a ir a los tribunales fiscales, a la Justicia federal y pienso que van a tener resoluciones positivas. Es que hoy estamos ante un escenario impredecible para el empresario ¿Quién va a venir con buen tino a invertir acá cuando aplican retenciones nuevas, resoluciones, tiene que ir a litigar a la Justicia? Cada vez están más enmarañadas las pautas y hacen inviable o poco atractivo un escenario de inversión”, apunta.
Estrategia low cost. Una de las patas fundamentales de las acciones legales, sobre todo las que están analizando las pymes se están trabajando centradas en un diseño que las haga económicamente viables. El costo de todo el proceso que requiere un amparo o un litigio contra la Afip no es barato. Por eso hay mucha ‘muñeca’ pensando en el mecanismo más conveniente.
En eso está, por ejemplo, el economista y empresario pyme Gustavo Lazzari. “Hoy no hay otro camino que el de la judicialización. Para mí no hay otra. Estamos hablando con abogados para instrumentar la estrategia. Lo que vemos, por ejemplo, que pasa con la Afip es que ellos para iniciar acciones, embargos, tienen el sistema muy aceitado, impacta rápido en los juzgados y antes de que vos te enterés, estás embargado. Es muy expeditivo, hay una justicia muy eficiente en contra del sector privado, es increíble. Activaron las causas en los últimos tres meses y hoy medio sector privado está embargado”, señala.
Lazzari preside la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y es miembro de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y destaca que la clave es la cantidad de impuestos y el sistema de recaudación, que también opera con una lógica de varios tentáculos.
“Nosotros tenemos 180 impuestos y 100 mecanismos de recaudación. Individualmente, son todos constitucionales, pero el conjunto no es constitucional. Esa sumatoria y la sumatoria de recaudación no se pueden dejar pasar y son inconstitucionales. Tenemos pagos a cuenta de un impuesto que son préstamos y vos no estás obligado a prestar. Nosotros tenemos que adelantar impuestos, pero no nos adelantan el asfalto. Este concepto hay que llevarlo a la Justicia. Y si la Justicia decide que está bien, será la Justicia la que diga que es correcto que nos esquilmen”, plantea.
Y detalla: “Creo que tenemos que meter demandas individuales. Si lo armamos bien, con costos aceptables, podemos ser miles. Hay que definir la herramienta. Pero hay un agobio que no se aguanta. La clave es lograr un modelo de demanda barato, relativamente seguro, que no implique una venganza de la institución fiscal. Si logramos eso se van a prender unos cuantos. Y ahí van a temblar. Es la acción concreta que puede hacer el sector empresario, todo lo demás es consuelo. Y a la política eso no le importa”.
En Córdoba hay otra línea de trabajo, otro eje en torno a las estrategias de cámaras y organizaciones empresariales, que es aún más complejo. Y que demandará un trabajo muy detallado que aún está en etapa exploratoria. Pero para algunos dirigentes y ejecutivos es preciso indagar si hay o no algunas señales de sesgo antiempresarial en los fueros provinciales.
“Alberdi decía que el que no se mete en asuntos públicos paga su pereza con su fortuna. Fuimos perezosos mucho tiempo. Nos morfaron ¿Para la política qué mejor que eso? Lo que nos hicieron no pasa en todos los países. Ahora tenemos que hacer algo”, concluye Lazzari.
