Se estima que en el país hay unos 100 mil tomadores de créditos hipotecarios UVA y cerca de 10 mil en la provincia. En general son asalariados y profesionales independientes que vieron en el sistema la posibilidad de dejar de alquilar y alcanzar la vivienda propia. Hoy, la gran mayoría de ellos está dedicando buena parte del tiempo a reacomodar sus gastos, buscar más ingresos y asesorándose con estudios de abogados. Tras un 2018 con una inflación del 47% el pago de las cuotas se les hace cuesta arriba. En un año, esas cuotas experimentaron un incremento del 55%, contra salarios que aumentaron casi 20 puntos menos. En dos años, desde mediados de 2017 a mediados de 2019 las subas de los créditos están en torno al 100%.
El sistema. El esquema de las UVA se popularizó tras el éxito que tuvieron en Chile donde movilizaron miles de créditos hipotecarios y se presentaron como una herramienta muy eficiente para actualizar las cuotas a pagar. Las Unidades de Va lor Agregado representan una fracción del m2 y cuentan con una actualización diaria que está anclada en un coeficiente llamado CER, de estabilización de referencia. El punto crítico es que ese coeficiente mira para su actualización los registros del Índice de Precios del Consumidor. Es decir, se mueve acompañando la inflación. Cuando los salarios están por encima de la inflación la cuota de la UVA es fácil de soportar. El problema es que desde 2017 y con mayor crudeza durante 2018, los salarios quedaron muy rezagados frente al incremento de precios: se generó un cóctel nocivo que dio lugar a que haya casos de tomadores de créditos UVA cuyas cuotas se actualizaron un 100% en solo dos años. Ante esto, los clientes de las entidades bancarias comenzaron a atrasarse en las cuotas y en poco tiempo se convirtieron en morosos. Empezaron a llegar notificaciones e incluso advertencias de ejecución ante las demoras.
En la Justicia. Para frenar esas ejecuciones, a fines de junio se presentaron cuatro amparos de tomadores de créditos hipotecarios. Los hicieron vecinos autoconvocados que reciben el asesoramiento legal de la Fundación Club del Derecho. La semana pasada la jueza Eloísa Montes se declaró incompetente ante uno de esos amparos al entender que el Banco Nación, que había otorgado uno de esos créditos, es un ente autárquico y que dicha judicialización es de competencia federal. No resolvió la cuestión de fondo. “A nuestro criterio es equivocado el planteo de la jueza porque la Ley de Defensa del Consumidor habilita jurisdicción al consumidor. Vamos a impugnar y a apelar el rechazo cuando se habilite la feria”, señala la abogada Julia Irazoqui, quien asesora a un grupo de autoconvocados que se acerca al centenar de personas.
Ahogados. Al recrear la génesis del conflicto, Irazoqui remarca que en 2016 se crea este sistema UVIS con la Ley 27.271 que habilita a indexar y a su vez, el Banco Central da forma al sistema UVA, que entró en vigencia recién a mediados de 2018, cuando fue aprobado por el Congreso: “Todos los créditos sacados hasta junio de 2018 hay que analizar si tienen una aplicación constitucional. Acá tenemos un sistema que fue creado absolutamente para beneficio de los bancos con cláusulas abusivas. Si esto lo hubiera hecho una empresa de telefonía celular hoy estaría pagando millones por daños punitivos”, dice. Y, entre otros aspectos, la abogada destaca la publicidad poco clara de los UVA, la imposibilidad de cancelar el capital antes de los tres años, la negativa de iniciar acciones legales o la nula información que recibieron los clientes. “No le explicaron a la gente que el capital se indexaba por inflación. Tenemos casos de médicos que tienen cuatro trabajos y no pueden pagar el crédito. No es gente desempleada. Son de clase media que baja la cabeza y no va a poder pagar. Hace un año los clientes con hipotecarios UVA complicados eran el 10%. Hoy son el 50%. Son cientos de personas que no pueden pagar la cuota”, afirma.
La pelea. En este estado de situación, la batalla que libran los ‘hipotecarios UVA’ se despliega en dos frentes. En el judicial, tras la feria se presentarán más amparos, se esperarán resoluciones sobre otros tres presentados y se impugnará la resolución de la jueza Montes que se declaró incompetente ante uno de ellos. También esperan novedades por una acción de clase presentada en Tribunales Federales. El otro plano es el político. Ya se tendieron redes para que legisladores, diputados y senadores recojan el guante. Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado cordobés Juan Brügge quien presentó un proyecto de Ley para genera un régimen especial y de excepción para los deudores de créditos. El proyecto se giró a las Comisiones de Finanzas, Vivienda y Ordenamiento Urbano y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados: “Le he pedido al diputado Amadeo, presidente de la Comisión de Finanzas, que convoque para tratar el tema urgente”, le contó Brügge a PERFIL CORDOBA. “La Ley de Emergencia es muy interesante. No es la solución definitiva, pero tranquiliza al que tiene dos o tres cuotas sin pagar y está en situación de ejecución. Porque acá hay algo claro, después de las elecciones vienen las ejecuciones, no habrá más esperas. Nosotros somos abogados y vamos a litigar. Estamos convencidos de la necesidad de una justicia para la gente que la está pasando muy mal. Cuando a vos te sacan el 50% del sueldo, con el resto no podés vivir”, remarca Irazoqui.
Proyecto Brügge. El diputado Juan Brügge presentó un proyecto de ley que fue girado a tres comisiones. Plantea un régimen de excepción y una refinanciación para los deudores de los créditos hipotecarios UVA. Aún no se debatió.
