La política necesita de mayorías. Sería ingenuo no reconocerlo. Las campañas han acabado y Córdoba tiene otra oportunidad para pensar sus grandes temas. Políticamente, Córdoba es una larga meseta conservadora que confirma que la lucha electoral es, en realidad, solo una lucha administrativa para prolongar los mismos estilos políticos, sociales y culturales desde hace 30 años.
El intercambio se centra menos en la política que en el lenguaje de los actores “personalísimos” de esa política. Así, Córdoba ganó en estabilidad lo que no pudo ganar en calidad institucional. Claramente, la evolución perdió chances.
La calidad institucional no es un concepto sofisticado. No es un gusto. Es un conjunto de indicadores objetivos que aportan a una mejor política. No tiene que ver con el liderazgo, sino con los resultados como políticas públicas que ese liderazgo puede producir.
El desafío no es pensar el futuro sino incidir desde el presente con controles -mutuos- entre poderes, equilibrios y políticas mensurables. Esto último es significativo: lo que no se mide no se puede mejorar.
Algunos elementos que Córdoba requiere. Córdoba requiere de diálogo legislativo. Las minorías están sepultadas. La unicameralidad mató toda chance de acuerdo multipartidario, mucho más tras el predominio electoral en las candidaturas uninominales.
Capítulo aparte es el bochornoso espectáculo de la ausencia de consensos de la coalición opositora. Requiere de indicadores y monitoreos de la performance de sus principales políticas. Los indicadores sociales son alarmantes o peor, no son. No los conocemos y no forman parte del debate público. Una abultada deuda que prioriza la obra pública pero que no se posa prioritariamente sobre la deuda social.
El estado subsidia, asiste, contiene, pero no modifica las diferencias sociales. Persiste la idea de una Córdoba rica, pero mantiene iguales -o peores- indicadores que los nacionales en lo social. Córdoba, también debe solidificar muchas relaciones intergubernamentales cambiantes, acomodaticias, entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales.
Así como hubo coordinaciones, hay terribles descoordinaciones entre los diferentes niveles de gobierno. El nivel de competitividad económica e instalación regional e internacional de nuestra provincia y la promoción de inversiones ha evidenciado un vacío. Ni hablar en lo que hace a una articulación metropolitana concertada.
Muchos debates del área de mayor concentración poblacional y de complejidad en la articulación de servicios se tiñeron de riñas partidarias. El tratamiento de la basura es quizás el ejemplo más significativo, pero no el único. Se requiere de diálogo y respeto en las relaciones económicas que garanticen el pleno desarrollo autonómico municipal.
El estado económico excepcional en Argentina produjo una enmarañada cantidad de enmiendas económicas entre Nación y provincias que no tuvieron su equivalencia en la relación provincia- municipios. Hubo pactos, pero más cercanos a la imposición que a los acuerdos.
Córdoba requiere de reglas electorales estables. Las reformas políticas sucesivas no hicieron otra cosa que potenciar el efecto de “cancha inclinada” con el que se favorece al oficialismo. Arbitrariedad e inequidad definen a las reglas de juego para el reparto del poder. Se requiere control legal frente a la corrupción.
Mayor transparencia más allá de lo fiscal y presupuestario. Una verdadera política de acceso a la información pública, incluyendo la de la inversión publicitaria. Mayor pluralidad periodística también es una exigencia. El mejor modo de pensar en las mayorías no es conquistarlas electoralmente, sino darles respuestas.
La diferencia ni siquiera es sutil, pero muchos se la pasan por alto. Hay consensos débiles en una Córdoba caracterizada por el acostumbramiento y la endogamia. El cordobesismo es la definición identitaria que más contiene, pero también la que más silencia el debate provincial.
