Demandas judiciales exponen violencia de género laboral en organismos públicos

Los tiempos cambiaron. El maltrato laboral que antes se naturalizaba o soportaba, ahora puede ser denunciado y modificado a partir de intervenciones judiciales.

En el universo de conductas violentas en los ámbitos de trabajo, hay hechos donde las mujeres son humilladas, subestimadas en sus capacidades y atacadas por su condición física. Vivir este tipo de frustraciones a lo largo del tiempo produce efectos negativos en la salud mental y física de las víctimas.

Este informe de PERFIL CÓRDOBA aborda cuatro casos judicializados en los que se denuncian o piden medidas por violencias de género ejercidas en ámbitos laborales públicos.

Uno de ellos, que fue presentado por dos vocales del Tribunal de Cuentas de Parque Siquiman, en forma separada pero con argumentos casi idénticos, se produce en una de las localidades con tramas políticas y judiciales más llamativas.

Otro refiere a una demanda que procura que una jueza de Violencia de Género establezca la verdad de los hechos narrados en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, donde una inspectora denunció a tres supervisores por conductas altamente reprochables hacia ella y también en el desempeño de sus tareas y representaciones gremiales. La presentación le acarreó altísimos costos en el plano familiar, porque debió revelar que fue víctima de acoso sexual, y laboral, porque unilateralmente la cambiaron de turno causándole disminución de sus haberes.

El último caso que refiere este informe es el de una abogada que trabaja en Apross y que denunció a su jefe por humillaciones recibidas que se incrementaron cuando, tras rendir un examen para avanzar en la carrera administrativa, quedó arriba en el orden de mérito, superando el promedio que logró el responsable del área.

¿Qué hace la Justicia? Este tipo de hechos están contemplados en la ley nacional n° 26.485 que procura sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Y también está la ley provincial n° 10.401 de protección integral a las víctimas de violencia a la mujer por cuestiones de género. En Córdoba hay un fuero especial que recepta las denuncias y dicta medidas de protección para las víctimas. Uno de los ámbitos contemplados son los laborales.

Esta última norma permite a la mujer damnificada por violencia de género en su trabajo, denunciar la situación y pedir medidas cautelares, como prohibición de acercamiento, un tratamiento para el violento, entre otras. Todas son disposiciones acotadas en el tiempo que pueden revisarse y modificarse. En el caso de que la situación se revierta, el expediente se archiva.

Hay otra posibilidad que es la demanda por violencia de género laboral que implica un proceso para determinar la existencia de los hechos denunciados, a través de pruebas, testimonios, la respuesta del demandado con sus abogados. Son expedientes que se tramitan y llegan a una resolución final. Hay un debate inter no porque, aun cuando se comprueben en el proceso las conductas violentas, las juezas del fuero de Violencia no tienen la potestad de ordenar medidas reparatorias, indemnizaciones o dar directivas administrativas, decisiones propias de otros fueros, como el Laboral o el Contencioso Administrativo.

LUCHA POR RECUPERAR BENEFICIOS PERDIDOS DESPUES QUE DENUNCIÓ

Noemí Piedra es inspectora de tránsito de la Municipalidad de Córdoba desde hace 16 años. El 18 de marzo del año pasado denunció ante el Juzgado de Violencia a tres compañeros que, sin tener designación formal, son supervisores.

La suya es una demanda que intenta desentrañar la existencia de los hechos y llegar a una sentencia. Es asistida por la abogada Daniela Pavón, quien señaló a este medio que espera una decisión del Juzgado de Violencia desde hace 10 meses.

En su presentación judicial, la trabajadora relató que todo comenzó una madrugada de diciembre del 2021 cuando, tras su tarea en un control de alcoholemia, regresó a la base y encontró en el lugar de trabajo a dos agentes municipales teniendo relaciones íntimas. “A partir de ese día –señaló en su escrito judicial– comenzaron las situaciones de hostigamiento, maltrato, ya no sólo por parte de ellos sino también de sus allegados en el ámbito laboral”, algunos en calidad de jefes y otros de dirigentes gremiales.

Un mes antes había vivido otro episodio. Uno de los tres supervisores señalados se comenzó a desvestir frente a ella en el lugar de trabajo. Le preguntó, sin rodeos, si los pechos eran de ella y le propuso tocarla. “Me sentí violentada, no quería estar en esa situación, nunca la generé, ni siquiera lo tuteo. No le respondí y me retiré del lugar en ese instante y de ahí en más intenté no quedarme a solas con él ni por un momento”, narró en su demanda.

Cuando trató de denunciar ante sus superiores, “la respuesta fue siempre negadora de dicho maltrato, de indiferencia y de descalificación hacia mi palabra y hasta persecutoria dentro de los límites que permite la ley laboral”, sostuvo.

Ella no oculta su nombre y respondió a la consulta de PERFIL CÓRDOBA.

–¿Por qué denunció?

–Porque me hicieron una asamblea, me encerraron en una covacha, mis jefes me insultaban, golpeaban mesas y puertas, los insultos iban y venían. Desde hace 15 años yo tengo turno feriante. Siempre trabajé sábados, domingos y feriados, de 7.30 a 19.30. Entre la gente administrativa, el delegado y los encargados, por un llamado telefónico, me obligaron a cambiar de turno. Un día sábado me mandaron a trabajar a la cancha de Instituto, me abandonaron en el puesto y el domingo me prohibieron el ingreso a la base. Si no cumplía el nuevo horario, me echaban. Ahora trabajo de lunes a viernes, desde las 12.

–¿Qué le causó ese cambio?

–Perdí mi familia, tuve que contar que fui acosada sexualmente, me separé después de 27 años de matrimonio. Y perdí dinero porque ahora mi sueldo es menor. Los tres trabajadores denunciados son asistidos por el abogado Carlos Didoni, uno de los letrados que trabaja para el Suoem. Fue consultado pero se excusó de hacer declaraciones.

La jueza, Mariana Wallace, prohibió a los tres hombres denunciados “todo tipo de comunicación, por cualquier medio: verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona, como asimismo relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar y que implique tomar contacto entre sí”. También les ordenó cesar en “actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realicen hacia la víctima”.

hora debe resolver la cuestión de fondo de la demanda.

PARQUE SIQUIMAN: FUNCIONARIAS PLANTEAN VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA COMUNA

En diciembre del año pasado, dos vocales del Tribunal de Cuentas de Parque Siquiman, Rosalva Gisela Aldavez y Ana María Lourido, denunciaron por violencia de género laboral al jefe comunal de la localidad. Ambas asumieron sus cargos el 10 de diciembre de 2019 por el Partido Vecinalista Unidos por Siquiman, opositor al oficialismo local.

Relataron en esa presentación que, a partir de una denuncia penal por presunta malversación de fondos radicada en la Fiscalía de Instrucción de Carlos Paz, a cargo de Raúl Mazzucchi, fueron apartadas de sus funciones y debieron acudir a la Cámara Contencioso Administrativa de 2a Nominación que las repuso.

Sin embargo, esa medida no se cumplió de forma inmediata. Una vez reinstaladas, señalaron que el jefe comunal les quitó la computadora, las claves de acceso y la impresora, por lo que no pueden cumplir su tarea de auditar las cuentas públicas. Relataron en la demanda que en una oportunidad, llegó a dejarlas encerradas en el edificio. Refirieron tratos descalificatorios y actitudes que les infundieron temor.

El juez Andrés Olcese, de la Oficina Única de Violencia Familiar y de Género de Carlos Paz, dispuso medidas de restricción de acercamiento recíprocas entre el jefe comunal y las denunciantes.

Este medio consultó al abogado del jefe comunal, Horacio Balduzzi.

Atribuyó la presentación a cuestiones políticas. Dijo que su asistido negó los hechos denunciados y que solicitó que se aporten las pruebas que confirmen la denuncia. “La respuesta de la Justicia fue que la medida cautelar se decreta inaudita parte y por el hecho de violencia no amerita que se produzca prueba”, explicó y dijo que “se consintió la prohibición de acercamiento si alguien se siente atemorizado”.

Sobre la denuncia por malversación de fondos dijo que el primero en llevar el caso a la Justicia fue el jefe comunal, por sospechas de delitos en el manejo de la tesorería. Y que lo hizo en tribunales de Cosquín.

La Comuna y el Tribunal de Cuentas funcionan en la misma sede. Por eso, la Justicia resolvió el ingreso de las vocales del organismo de contralor por la puerta que usa la tesorera.

El complejo cuadro político se completa con la detención, en marzo de este año, del secretario comunal, Jorge Perchante, imputado por asociación ilícita para estafar con venta de inmuebles en Punilla. Desde entonces ese cargo está vacante.

Según el abogado Balduzzi, al no haber notificación oficial de la detención no se puede nombrar a un reemplazo.

Este medio consultó el viernes a la Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba, a cargo de Enrique Gavier, y confirmaron que Perchante permanece detenido.

DESPUES DEL CONCURSO COMENZÓ EL INFIERNO

Una abogada de 46 años (prefiere preservar su nombre) que trabaja en la Subdirección de Asuntos Legales de la obra social provincial Apross, desde 2012, denunció hostigamiento psicológico en “forma sistemática” del subdirector de esa oficina. El funcionario denunciado se incorporó a esa dependencia en el 2018 y continúa en el cargo.

En su presentación, la letrada relató que el jefe solía confeccionar planillas Excel donde cada empleada debía cargar todos los errores detectados en la redacción de dictámenes. “Usaba ese documento para amenazar con traslados”, refirió. También indicó que solía solicitar tareas en privado que, luego en público, las desestimaba. La situación se agravó cuando ella decidió participar de un concurso de la administración provincial, en noviembre del 2022. La evaluación fue el 15 de diciembre pasado. En abril se conocieron los resultados.

Ella encabezó el primer lugar en el orden de mérito, por encima del puntaje alcanzado por su jefe. El funcionario presentó una impugnación y comunicó en la mensajería del grupo de trabajadores de la oficina que había tirado “una bomba”. Comenzó una campaña con comentarios descalificatorios que pusieron en duda la capacidad de la mujer para ganar el concurso sin trampas. Instaló la idea de que conocía con antelación las respuestas a las preguntas del examen.

Todo desembocó en un tratamiento psiquiátrico y psicológico de la abogada demandante.

El planteo fue analizado por la jueza Laila Córdoba, quien notificó al funcionario señalado que “deberá cesar con los actos de perturbación o intimidación que estaría ejerciendo de manera directa o indirecta, consistentes en malos tratos verbales, permanentes desprecios respecto a la técnica empleada en proyectos de dictámenes realizados y otras conductas tendientes a desestabilizar psicológicamente a la misma”. También solicitó a la conducción de Apross que arbitre los medios necesarios para que la empleada no tome contacto con él, “sin que ello implique un cambio de sus condiciones laborales”.

Actualmente, ella continúa trabajando en la misma área de la obra social provincial, pero no regresó a la oficina sino que le fueron asignadas tareas remotas desde su domicilio. El directorio de la obra social expresó “su solidaridad” y designó a un funcionario de rango intermedio al cual debe responder y reportar su trabajo.