Un cambio en la reglamentación que alcanza a la Comisión Nacional de Valores (CNV) terminó encendiendo luces de alerta en la provincia de Córdoba.
En efecto, en los últimos días se conoció que la CNV denunció penalmente por posible defraudación en perjuicio de clientes a la firma Puente Hermanos.
“Se trata de una irregularidad que detectamos en el 2016 y se encuentra en proceso judicial. Por un cambio de reglamentación, este año debimos informar y hacer pública la situación”, explicó a PERFIL Córdoba, Malena Mourin, vocera de la CNV.
Puente Hermanos, propiedad de la familia Tomasevich, asegura haber participado durante 2016 en más de un centenar de emisiones corporativas y gubernamentales por un monto total cercano a los US$4.000 millones. Sin duda, es hoy la compañía que lidera las colocaciones de deuda subnacionales, entre ellas las de la Provincia de Córdoba y las de ciudades como Córdoba Capital y Río Cuarto. Pero, además, Puente fue la empresa que la constructora brasileña Odebrecht impuso al gobierno provincial para que consiga el financiamiento requerido por las obras de gasoductos.
Acusación. Puente habría cometido supuesto delito en infracción al artículo 174, inciso 5 del Código Penal, a partir de “operatorias realizadas con algunas entidades y organismos nacionales y provinciales, que revisten carácter defraudatorio”, argumenta la CNV.
La maniobra que está siendo investigada por la Justicia consistiría, básicamente, en comprar activos en la Bolsa, a precios por arriba o debajo de los valores de referencia, para luego venderlos en mercados secundarios (como el MAE), también a precios fuera de rangos, para poder hacer la diferencia. Según detectó la CNV, hubo casos en los que se compró a precio justo en la Bolsa para luego vender “caro” en el secundario; y en otros, se compró “barato” en el mercado secundario para luego venderlo al precio justo en la Bolsa.
“Nadie tiene incentivos económicos para comprar o vender fuera del precio justo en detrimento de sus propios beneficios, por lo cual al ser Puente el administrador de estas carteras en nombre de terceros, se le sospecha la defraudación a sus clientes”, explica un experto en finanzas.
“Esa denuncia es vieja y ya hace rato que está tramitándose en la Justicia; esperamos que se resuelva positivamente en los próximos meses, ya que las cuestiones que la CNV levanta, no corresponden a ningún incumplimiento normativo del pasado ni del presente”, señaló Fernanda Bondesio, Jefa de Marketing y Comunicación de Puente Hermanos, en diálogo con PERFIL Córdoba.
La situación generó alarma local por cuanto esta compañía se transformó en el operador financiero que está gestionando la mayoría de las colocaciones de deuda que se originan en la provincia. De hecho, en su página web aparece gerenciando los bonos CORDOBA 2026; CORDOBA 2027 y CIUDAD DE CORDOBA 2024 EXTERIOR.
¿Quién controla? “Si todo esto es extraño, más extraño aún son las respuestas que da el ministro de Inversión y Financiamiento de la provincia, contador (Ricardo) Sosa, cuando hace apenas dos semanas planteó en este recinto que no conocía que Puente tuviera algún tipo de denuncia de parte de la Comisión Nacional de Valores”, señala el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico). “Por la defensa acérrima que hace el Gobierno de estas empresas o sujetos que nosotros le vamos marcando que vienen precedidos de hechos anómalos, pareciera que la Provincia no estaría siendo estafada por ellos sino que existiría connivencia”, agrega Quinteros.
El trámite judicial que, ahora, enfrenta Puente Hermanos llevó a los legisladores de la oposición a rever con más detalle cómo había sido la secuencia de propuesta y búsqueda de financiamiento para los gasoductos troncales.
En esa operatoria tan conflictiva -y según quedó expuesto por Decreto 1.250- Odebrecht fue quien propuso a Puente y luego el gobierno aceptó la “sugerencia” decretando hacer la colocación de US$260 millones con esa firma, que claramente no resultó de una compulsa de opciones evaluadas por el poder concedente, sino a solicitud del concesionario.
“Pero, no conforme con ello, hay que recordar también que en forma directa se contrató con Puente un anticipo para esa obra de $200 millones por el que se habría pagado como interés Bonar más 3%; aunque el ministro Sosa no supo precisar cuál tasa de Bonar se pagó”, señaló Quinteros.
Regulaciones a futuro. La confusa situación que queda ahora en evidencia respecto a la búsqueda de financiamiento para la obra de los gasoductos de la mano del tándem Odebrecht-Puente Hermanos, abre interrogantes en relación a la probable necesidad de que se regule la forma en la que el Gobierno de la Provincia selecciona a los operadores financieros con los cuales trata, contrata y compromete, al final, fondos públicos.
“Nosotros introdujimos un cambio en la ley de Obra Pública por el cual se impedía que las empras sospechadas de hechos de corrupción se puedan presentar en la provincia; logramos aprobar la ley y al cabo de una semana, el Gobierno presentó un contraproyecto eliminando ese artículo. ¿Por qué? Alegaron que atentaba contra la presunción de inocencia”, relata Quinteros.
La próxima evolución de los hechos (con relación a Puente Hermanos y Odebrecht) demostrará si el Gobierno fue atinado al poner tanto celo a la defensa de la presunción de inocencia de los contratistas, o si ese cuidado extremo termina lastrando el derecho de los contribuyentes a que se manejen sus dineros con solvencia, honestidad y transparencia.
