La semana pasada estalló un nuevo escándalo en los tribunales federales de Córdoba. Por doble vía ingresaron presentaciones firmadas por el fiscal federal, Enrique Senestrari, con patrocinio del abogado, Claudio Orosz, contra el secretario penal del Juzgado Federal N°1, Facundo Troncoso, y personas que podrían haber actuado junto a él: una penal y otra disciplinaria.
La primera se interpuso en el Juzgado Federal N°3, cuyo titular es Miguel Hugo Vaca Narvaja, y la solicitud de sumario administrativo fue elevada a la presidencia de la Cámara Federal de Apelaciones, a cargo de Eduardo Ávalos.
En ambos casos el relato es similar. Refiere a dos hechos: el primero sería el conocimiento por parte de Troncoso de medidas probatorias en una investigación que podría alcanzarlo y donde está imputado Juan Pablo Salvay, un escribiente que fue empleado de la Fiscalía dee Senestrari y a quien él denunció y resultó imputado. Más precisamente la presentación alude a pruebas por la sospecha de complicidad entre Salvay y Troncoso.
El segundo, derivado del anterior, es un episodio ocurrido entre fines de agosto y los primeros días de septiembre en un ascensor de tribunales. En ese espacio, ante la presencia de tres personas –un magistrado y dos funcionarios de tribunales federales– los denunciantes señalaron que Troncoso profirió agravios en tono elevado que incluían amenazas. “No saben con quién se han metido”, habría dicho. Luego, al teléfono móvil de Claudio Orosz, Troncoso habría enviado una serie de mensajes cuyo contenido revelaría tareas de inteligencia basada en la búsqueda de antecedentes de causas judiciales, a través del sistema informático del Poder Judicial de la Nación, con el fin de presentar una “lluvia de denuncias” advirtiendo que conocía y tenía pruebas de “todas las cagadas” (sic) que habrían cometido a lo largo de los últimos años.
La presentación encendió las alarmas en tribunales federales. Deberán pronunciarse los vocales de la Cámara sobre la conducta del funcionario, y el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, actualmente a cargo del expediente Salvay junto al fiscal, Carlos Casas Nóblega.
Causa Salvay. El planteo es aún más complejo porque la denuncia penal no abre un expediente nuevo, sino que se planteó dentro de una causa en trámite desde hace cuatro años. En julio de 2018, el fiscal Enrique Senestrari denunció que se había sustraído un expediente de la investigación por la actividad de la financiera ilegal CBI Cordubensis, que se derrumbó en 2014 tras el suicidio de su vicepresidente, Jorge Suau.
Por la desaparición del expediente, intervino el entonces fiscal (hoy jubilado) Gustavo Vidal Lascano, quien imputó al empleado Juan Pablo Salvay por el delito de “sustracción de elementos de prueba”. Por eso, Salvay fue reubicado y pasó de la Fiscalía Federal N°1 al área de Derechos Humanos, donde continúa trabajando en la actualidad.
El expediente se radicó en el Juzgado Federal 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, donde Senestrari fue admitido como querellante. A cuatro años de aquella imputación todavía no se resolvió la situación procesal de Salvay. Según manifestaron investigadores a este medio, hubo un altísimo nivel de incidentalidad que demoró un dictamen sobre el procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito. Es más, resta que concluya una pericia sobre la notebook del escribiente imputado, que realiza Gendarmería Nacional.
Sin embargo, ello no impidió que su nombre apareciera como candidato a conjuez en una escueta lista junto a otros dos funcionarios. El trámite no terminó con éxito. Quedó sin aprobación del Senado de la Nación, mientras el resto de las postulaciones para Córdoba prosperaron.
Pero además, en el trámite penal por el expediente extraído de tribunales se produjeron situaciones que generaron un efecto dominó. Salvay cambió de defensa. Hasta hace dos meses lo asistía la defensora oficial Mercedes Crespi e ingresó el abogado Sebastián Becerra Ferrer, lo que generó la inhibición de Sánchez Freytes y el envío de la causa al único juzgado que podía continuar investigándola, el N°3, de Hugo Vaca Narvaja.
Al abrir el teléfono celular de Salvay, que había sido secuestrado, se obtuvieron datos importantes. Según los denunciantes, allí habría pruebas que podrían involucrar a Troncoso, por lo que solicitaron nuevas medidas que son las que habría conocido y generado la reacción del funcionario y los improperios emitidos en el ascensor.
Recusación del fiscal. Además, los querellantes recusaron al fiscal Casas Nóblega argumentando su parcialidad y amistad con Troncoso. El juez Vaca Narvaja no hizo lugar y convalidó su continuidad señalando que no habían acreditado con pruebas las razones invocadas para apartarlo. La decisión será apelada porque, indicaron, es grave el hecho de que se haya filtrado la información, entre otras cuestiones.
Aspiraciones. Facundo Troncoso ha participado en concursos para acceder a cargos en la magistratura nacional y provincial. Rindió y accedió al orden de mérito en un expectante décimo lugar para ser designado fiscal de Instrucción en el Poder Judicial de Córdoba. También participó del Concurso 474 para cubrir la vocalía vacante –por el fallecimiento de Luis Roberto Rueda– de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba donde quedó en 16° lugar.
FACUNDO TRONCOSO: "NUNCA EN MI VIDA AMENACÉ A NADIE"
PERFIL CÓRDOBA consultó al funcionario denunciado sobre los hechos que se le achacan. Como respuesta envió un mensaje con declaraciones referidas al evento del ascensor. “Nunca en mi vida amenacé a nadie”, aseveró y explicó: “Mi frase textual frente a una pregunta que me hizo una persona allegada a Senestrari en el ascensor, respecto a cómo andaba. Contesté el mismo día que me enteré por el abogado defensor de Salvay (cuando ya no había secreto de sumario, aclaro por cualquier suspicacia) que tanto Senestrari como Orosz pretendían el allanamiento de mi domicilio particular y el de mi oficina… (respondí) que estaba mal, por tener que soportar el asedio de delincuentes”.
Respecto a ambos dijo: “Utilizan la vía del desprestigio y difamación pública, incluido el ataque personal, para invalidar mi credibilidad como método para desviar la atención de los serios cargos que debe enfrentar en la Procuración General de la Nación”.
“Por último –afirmó– el pedido de Orosz de mi allanamiento no es causal ni inocente en absoluto. No es la primera vez que denuncia una cosa para hacer contrainteligencia”.
Además de brindar las respuestas señaladas, Troncoso envió a este medio una serie de documentos y publicaciones referidas a denuncias efectuadas por él y el juez Bustos Fierro en la Procuración General de la Nación, en contra de Senestrari. Tres de ellas motivaron una inspección en el año 2018. En su comunicación con este medio, el funcionario aclaró que las planteadas por el juez contaron con “su autorización expresa” para enviarlas a este medio. Por la limitación del espacio, es imposible reproducir el devenir de cada una de las causas mencionadas, que datan de tres o más años y que, si bien tiene como protagonistas a las personas involucradas en este informe (Senestrari y Troncoso) son diferentes casos y no guardan directa relación con el planteo actual, cuya base es la tramitación del expediente Salvay, tal como se explicó.
En relación al caso Salvay citó una causa acumulada donde denunció a Senestrari por intervenciones telefónicas en la investigación a la financiera CBI sin autorización del juez. Dijo que se acumularon y que eso motivó que esta última haya sido “cajoneada”. En ese expediente, como se dijo anteriormente, el fiscal federal es querellante.
