La anunciada derogación de la Ley 24.018 que establece el régimen especial de jubilaciones de magistrados nacionales fue interpretada por los jueces como un ataque al Poder Judicial de la Nación. El 27 de noviembre último, Jaime Díaz Gavier (TOF 1) y Fabián Asís (TOF 2) participaron de la reunión de una comisión que nuclea a vocales de los tribunales orales y que pertenece a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El cónclave concluyó en que hay una “campaña de ataque institucional contra el Poder Judicial”. Ha habido casos de jueces federales que les fue acordado su haber previsional y que, habiendo presentado su renuncia, esta no les fue aceptada a la espera del nuevo régimen. En otros, el temor a ver menguados sus futuros haberes previsionales produjo la aceleración de sus trámites jubilatorios, lo que está generando vacantes que serán cubiertas por las actuales autoridades.
Las consecuencias de los anuncios, aún no formalizados en proyectos de ley, provocaron malestar y temor. Desde la vereda judicial, esta realidad es observada como un modo de amedrentarlos y afectar su independencia. PERFIL Córdoba consultó a uno de los asistentes, el vocal del Tribunal Oral Federal 1, Jaime Díaz Gavier. Él no está en el grupo de jueces afectados, porque si bien ya cumplió con los requisitos y tiene acordado el haber jubilatorio, está lejos de la línea que marca los 75 años de edad para dejar la magistratura. “Me van a ver varios años más acá”, comentó al iniciar el diálogo.
Habló de la acusación al juez Daniel Rafecas y de la animosidad de otro de los hombres polémicos de Comodoro Py, Claudio Bonadío, protagonista esta semana por la catarata de procesamientos y prisiones preventivas a Cristina Fernández y exfuncionarios de su gobierno.
—¿Cuál es la preocupación?
—La Comisión ha requerido al Consejo Directivo de la Asociación una manifestación reclamando por el respeto a la independencia del Poder Judicial de la Nación y a la libre decisión de los jueces. No debemos estar condicionados por ningún tipo de resolución de otros poderes del Estado que hacen alusiones a nuestro sistema previsional como un mecanismo para condicionar al Poder Judicial.
—Mencionaron embates de otros poderes, ¿a qué se refieren?
—Hay, evidentemente, cuestionamientos a través del Consejo de la Magistratura a jueces por el contenido de sus sentencias. El caso más evidente es el de Daniel Rafecas. Está expresamente establecido en la jurisprudencia de la Constitución Nacional que no puede cuestionarse a un juez por el contenido de sus fallos, salvo que esté condicionado por una coima o haya habido un prevaricato, es decir, la violación expresa de las disposiciones de la ley. Pero no se puede cuestionar a los jueces solo porque quien ejerce el poder no le guste el contenido de la sentencia que dicta. Percibimos claramente movimientos desde el Estado nacional cuestionando a jueces por el contenido de sus fallos, blandiendo la cuestión previsional como mecanismo de condicionamiento al funcionamiento del Poder Judicial en aspectos que tan solo puede determinar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la cabeza de este poder. Podrá modificar vacaciones, régimen de trabajo, pero eso no se puede decidir por presiones de otro poder del Estado.
—¿Cómo observa los procesamientos y detenciones de ex funcionarios públicos?
—No conozco esas causas, no puedo darle una opinión en particular. Sí puedo decirle que evidentemente Bonadío está actuando, a mi juicio, por motivaciones muy personales y muchas veces reñidas con principios legales, inconstitucionales, contrarias a las normas del debido proceso.
