Terminó la semana en que el Consejo de la Magistratura de la Nación quedó nuevamente bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, después de 16 años. Su integración reeditó la versión original, anterior al 2006.
La batalla por los espacios en el organismo que selecciona y destituye a los magistrados federales de todo el país se puso al rojo vivo. Fueron días calientes, con una sucesión veloz de acontecimientos.
El lunes, Horacio Rosatti, asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura.
El martes por la noche, el bloque oficialista liderado por Cristina Fernández de Kirchner, anunció su división: un ala denominada Unidad Ciudadana, la expresión K pura, y la otra denominada Frente Nacional y Popular, anclada en el poder de los gobernadores. La estrategia política tenía un objetivo claro que se plasmó al día siguiente.
El miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, designó a la radical Roxana Reyes como consejera. Y lo propio hizo la titular de la Cámara Alta, con el senador Martín Doñate, perteneciente a La Cámpora. Abortó las expectativas del cordobés Luis Juez.
El jueves, Juez fue a la Justicia para reclamar y denunciar penalmente a la vicepresidenta en la fiscalía de Guillermo Marijuán, en Comodoro Py. Por sorteo, la demanda quedó radicada en el juzgado de Luis Rodríguez, con la intervención de la fiscal Paloma Ochoa.
Por la controversia desatada en el Congreso, la Corte Suprema sólo tomó juramento a las cuatro nuevas consejeras, una por el estamento de jueces, dos por el de abogados y la cuarta por el de los académicos. Así, se incorporaron: Agustina Díaz Cordero, María Fernanda Vázquez, Jimena de la Torre y Pamela Tolosa, respectivamente. Con 18 miembros en total, y un quórum de 12, hay una gran paridad entre oficialismo y oposición. Esa foto generará, necesariamente, acuerdos para avanzar en la tarea o parálisis en las decisiones más trascendentes.
En el vértigo de la agenda compartida entre Corte Suprema y Consejo de la Magistratura, Rosatti no postergó la foto con los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, incluidas las nacionales de Caba. Eduardo Ávalos, presidente del tribunal de apelaciones cordobés, participó de la reunión y relató a PERFIL CÓRDOBA algunos detalles.
—¿Cómo surgió el encuentro?
—Desde 2005, la junta de presidente de las cámaras federales y nacionales se reúne con los presidentes de la Corte cada mes o mes y medio. Básicamente, es todo el Poder Judicial. Se había concertado una audiencia con Rosatti para la semana pasada. Eso fue lo que motivó este encuentro. Casualmente, o no, coincidió con este tema de trascendencia nacional, del Consejo de la Magistratura.
—¿Se habló del Consejo de la Magistratura?
—No se habló. Primero nos reunimos en la junta para ver los temas que teníamos para plantear y el miércoles fue la reunión con Rosatti. Estuvieron también Carlos Rosenkratz, el administrador general Héctor Daniel Marchi y el interventor de la obra social. Lo único que se habló fue la preocupación que tenemos por la cantidad de vacantes sin cubrir.
—¿Cuántas hay en Córdoba?
—Tres, una en el TOF2, por la jubilación de Carlos Lascano —la prueba de oposición será el 6 de mayo—; otra es la vacante en la Cámara Federal por el fallecimiento de Luis Rueda, y la tercera es el juzgado de San Francisco, cuya terna está en el Poder Ejecutivo.
—¿Qué necesidades planteó?
—Cuando vino a Córdoba tuvimos una excelente reunión. Nuestras necesidades son muchas, pero le manifestamos particularmente la de reforzar el cuerpo de peritos médicos forenses y peritos contadores. Se comprometió en dar una solución.
—¿Qué opina de que haya asumido al frente del Consejo de la Magistratura?
—La Corte dictó un fallo, que a mucha gente no le ha gustado, pero es un fallo del máximo tribunal del país. Hay que acatarlo. Lo importante es que esto es provisorio hasta que el Congreso dicte una nueva ley. En un estado de derecho debe suceder eso. Hay un proyecto que tiene media sanción de Senadores. Si Diputados lo trata y aprueba, tendremos una nueva ley que seguramente será consensuada con los sectores. Mientras tanto, no podría seguir una norma que la Corte declaró inconstitucional.
—¿Con más miembros, el Consejo funcionará mejor?
—No conozco en detalle cómo quedó el proyecto. El tema es un mayor equilibrio que no concentre el poder de veto en el sector político. Con más o menos miembros lo relevante es que tengamos un Consejo eficiente y que se puedan agilizar los concursos. Ojo que no solo es del Consejo la demora de los cargos. El Poder Ejecutivo y el Senado tienen muchos pliegos demorados para la cobertura de vacantes.
