El asesor letrado Eduardo Caeiro destacó el cúmulo de prueba que hay en la investigación penal por los ataques a 13 bebés –de los cuales cinco fallecieron– ocurridos entre marzo y junio de este año. En el programa ‘Con el diario del lunes’, que se emite por Canal 10, estimó que por la contundencia de los indicios incorporados, la causa podría elevarse a juicio, con la salvedad de que faltan realizar pericias médicas también trascendentes. “No es una causa que tenga una prueba directa que vincule a la autora sobre los hechos”, puntualizó.
Sin embargo, enumeró la serie de indicios que acreditan, en el estado actual de la pesquisa, la responsabilidad de la enfermera Brenda Agüero detenida e imputada por cinco homicidios calificados y ocho en grado de tentativa. Caeiro los detalló: “Un primer indicio es la presencia de la enfermera todos los días en los que se produjeron muertes o lesiones a bebés que nacieron sanos, hijos de madres sanas.
En segundo lugar, ella tenía una especie de percepción, que el resto de enfermeras y médicos pediatras no la tenían, de darse cuenta inmediatamente de que un bebé estaba en peligro; ella era la voz que avisaba esta situación”.
Caeiro sostuvo que el tercer indicio “es que desde el día que ella dejó de trabajar en el hospital, ya que fue suspendida por las autoridades, se dejaron de producir otras muertes y otros pinchazos” sobre el cuerpo de los bebés.
“En cuarto lugar es muy importante todo lo que se encontró su computadora, donde ella efectuó búsquedas en Google sobre el tema del potasio”, señaló Caeiro.
El conjunto de elementos detallados generan una semiprueba de que ella habría provocado cada uno de los ataques. Respecto a la razón de una conducta tan negativa, Caeiro precisó que “no se entiende cómo una persona puede generar este daño en la vida y en la salud de criaturas recién nacidas; la verdad es que escapa a todo perfil psicológico que pueda tener un delincuente”. El asesor letrado aclaró que también evalúan las consecuencias que sufrieron los bebés que sobrevivieron a los ataques con potasio.
Eso ha generado, en paralelo a la causa penal, reclamos civiles hacia la Provincia y los autores de los delitos identificados. Reiteró su convicción de que la causa no debe ser desdoblada, la posición que fijó frente al planteo de defensores de los funcionarios imputados por omisión de sus deberes.
“Nos opusimos a que se separe la causa por dos razones fundamentales –explicó–. En primer lugar, por una cuestión de economía procesal porque es tanto lo que se ha avanzado en la causa hasta el momento, hay infinidad de declaraciones testimoniales informativas e historias clínicas que se han acumulado, que desmembrar la causa implicaría necesariamente un retraso”.
“Por otro lado –continuó– hay una cuestión en el derecho procesal que siempre se rige en que los delitos menores siguen la suerte del delito principal, en este caso son los homicidios calificados” consumados o en grado de tentativa.
Además de Agüero, están imputados la exdirectora del Neonatal, Liliana Asís; las exjefas de Neonatología, Marta Flores y Adriana Morales; el exministro de Salud, Diego Cardozo, y el exsecretario, Pablo Carvajal.
La semana pasada, el abogado querellante Carlos Nayi, pidió la detención de Asís.
Funcionarios responsables. Ante la consulta sobre si la secuencia mortal se podría haber frenado con una intervención a tiempo y diferente de los responsables del hospital y del Ministerio de Salud, Caeiro opinó que “es la pregunta que todos nos hacemos”. Recordó que hay una investigación paralela –a cargo del fiscal Iván Rodríguez– por una reunión entre un fiscal, un médico forense y el abogado Escudero Salama, a mediados de mayo, que sin embargo no desembocó en una denuncia judicial sobre lo que acontecía en el Neonatal.
