“El que se aburre en este país no es un ser humano, con tantos cambios es muy difícil estar enfocado a largo plazo. Estamos permanente hablando de decisiones coyunturales, del momento. Nosotros tomamos decisiones que en otros países lleva años madurar y resolver y acá nos tomamos un café y vamos para adelante”, plantea Juan Carlos Martínez, gerente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba quien habló con PERFIL CORDOBA sobre el rumbo que pueden tomar las decisiones del gobierno sobre Vicentin. Vicentin le debe a ACA más de $4.929 millones por la compra de granos. Esa entidad que nuclea a decenas de cooperativas y productores agrícolas es el principal acreedor no bancario de la empresa que está en la mira del gobierno y que, tras ser intervenida, podría ser expropiada. Cabe recordar que ACA tiene una fuerte presencia en la provincia. Montó una planta de etanol en Villa María y ratificó inversiones por US$ 54 millones para ampliarla.
-El presidente ratificó que la expropiación de Vicentin es el único camino, ¿cómo lo ven?
-En lo personal me parece que hay muchos otros caminos antes, pero más allá de eso, hay una empresa que está concursada, por lo tanto, está en una situación regular que cae en la órbita de un juez y de acuerdo a la ley de Concursos la misión del juez es preservar los bienes del deudor para salvaguardar los derechos de la masa de acreedores en su conjunto y de los empleados. Por definición, es el juez es el que tiene esa función y el que tiene que decidir si quiere un interventor, un veedor, un informante. El juez, no el Ejecutivo. Avanzar en una expropiación con la baja calidad de los argumentos que se han esgrimido no me parece bien. Plantear la soberanía alimentaria del país me parece falaz. La soberanía alimentaria de un país está en riesgo cuando el entramado de la producción no genera la oferta de alimentos necesaria para alimentar a un país, nosotros tenemos una oferta alimentaria varias veces por encima de la necesidad alimentaria del país. Si a la góndola llega muy caro no es un problema de soberanía alimentaria, es un problema del costo de industrializar, movilizar y comercializar la materia prima que generamos, que alcanza para 400 millones de habitantes. Todo lo que se tiene que recaudar en el medio es para sostener el gigantismo de un Estado. Eso es lo que hace que los alimentos lleguen con niveles de precios que mucha parte de la sociedad no puede comprar.
-¿Y los otros argumentos?
-La otra argumentación, que no se extranjerice, se resuelve con la decisión del Estado de socorrer a las empresas de otra manera, no quedándose con la empresa. Cuando el Estado se queda con la empresa forma una empresa del Estado que tiene que competir con las mismas reglas que el resto de las empresas y empezaría con una estatización de la deuda. Hoy los acreedores pasaríamos a ser acreedores del Estado y el Estado se compra un problema allí, la indemnización, asumir pasivos ocultos. La participación de Vicentin en el mercado alimentario es baja porque no es dueña del 100% de las 19 empresas que componen el grupo, de manera que si la intervención se hace sobre las 19 empresas y no sólo sobre la aceitera es aún más grave. No veo razones para estatizarla, por más que las intenciones del Gobierno sean buenas tienen que partir desde la legalidad, porque si no, el fin justifica los medios.
-¿Cómo cree que sigue esto?
-Seguramente esto se va a judicializar, vamos a entrar a un terreno largo, tedioso. Salvo que se logre un acuerdo y se llegue a una solución entre la empresa y la masa de acreedores sobre la deuda. Otro tema, se dice que hay intención de que el gobierno compre a partir de una deuda que hay con el Banco Nación y la Afip, en ese caso, ¿qué pasa con el resto de la masa de acreedores? Sería inconstitucional que por una acción del Ejecutivo asuman el privilegio respecto de la masa de acreedores. ¿Por una decisión del gobierno el Banco Nación cobra y los otros van a la cola?
-¿Cómo ven que YPF Agro aparezca en este proceso?
-YPF Agro está avanzando sobre muchas líneas de acción y tenía tratos comerciales con Vicentin. También en ese sentido habría que hacer una reflexión. Si se concreta esto YPF tendría un pie en las naftas, un pie en el biodiesel, un pie en el bioetanol y en la electricidad, no sé si es razonable. El tema siempre va a ser, ¿participa de las mismas reglas que el resto? ¿O va a tener privilegios? Cuando el gobierno empieza a competir con los privados de manera desleal estamos en otro tipo de problemas, altera todas las reglas de la economía. No digo que vaya a ocurrir, pero son cuestiones que tienen que ser muy analizadas.
-¿Se apuró el gobierno?
-Como está expuesto el tema parece haber sido apresurado. Hay rumores de que se cancelarían los pasivos con emisión, por ejemplo. Hoy es un momento en el que se puede dejar de lado la ortodoxia, no en este aspecto en particular, sino en general. Pero por la pandemia, no por un acto de estos. Reconozco que la pandemia te puede hacer abandonar la ortodoxia pura de las reglas de la economía, pero no un acto económico.
