El descabezamiento de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba tendrá efectos no solo en la fuerza de seguridad. También implicará un recambio total en el equipo de comisionados que investiga en la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm.
En septiembre del año pasado, la Cámara 9ª del Crimen absolvió a tres jóvenes –Franco Damián López (19), Claudio Maximiliano Oliva (27) y Gustavo Damián Carraro (21)– por el doble crimen de una pareja en Bialet Masse, por el cual habían llegado acusados de homicidio criminis causae. En caso de condena, los esperaba la prisión perpetua.
El 2 de este mes, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje absolvió a Lucas Bustos por el femicidio de Cecilia Basaldúa.
Ambos casos presentan coincidencias: la instrucción estuvo a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm; hubo denuncias de ‘apriete policial’ en el transcurso de la instrucción preparatoria; las absoluciones fueron por unanimidad, y en los dos juicios los tribunales ordenaron remitir el expediente a otra fiscalía para proseguir la investigación y develar los verdaderos responsables de los homicidios.
Aún antes de la crisis policial y de seguridad que se desencadenó el domingo pasado por el homicidio de Jonatan Romo en La Falda, la Fiscalía General había decidido cambiar a los policías que son el brazo investigativo de Cosquín, concretamente de Kelm. El resultado adverso en el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa puso en alerta al fiscal General, Juan Manuel Delgado.
El crimen policial de La Falda precipitó los acontecimientos y el descabezamiento de la Departamental Punilla provocará, de hecho, el reemplazo de los comisionados de Cosquín.
PERFIL CÓRDOBA buscó la palabra del fiscal General. El viernes pasado confirmó los cambios, consecuencia de las decisiones de la Jefatura de la Policía y del Ministerio de Seguridad de la Provincia.
“Si no hay resultados hay que cambiarlos para que se garantice la investigación”, confirmó. “Es bueno que los comisionados se reemplacen para que la investigación sea más transparente. Acá hubo una necesidad de cambiar. La Policía lo hizo, descabezó todo”, subrayó.
Delgado, no obstante, fue muy cauto. Aclaró que no cuestiona el proceder de toda la institución policial y dijo que espera leer los fundamentos de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje –que se darán a conocer el 2 de agosto– para precisar con exactitud los errores de la investigación preparatoria en el caso Basaldúa. El fiscal de Cámara, Sergio Cuello, no descartó todavía recurrir en casación al Tribunal Superior de Justicia. Eso evidencia un respaldo tácito –pero contundente– a la actuación de Kelm.
El desenlace. Jonatan Romo tenía 36 años, padecía trastornos mentales y adicciones. El domingo, en medio de un brote psicótico, fue aprehendido por policías en la vía pública. Un video mostró cómo él levantó sus brazos y los efectivos lo redujeron en el piso presionándole el tórax, lo que le provocó una hipoxia cerebral hasta causarle la muerte. La autopsia reveló que murió por “asfixia mecánica”. Los policías lo detuvieron y trasladaron a la comisaría donde se constató el deceso. La familia se hizo presente. Era el último día antes de la feria judicial.
La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, llegó a la dependencia policial e impidió –según el relato del abogado querellante Luis Galli– que el hermano de Jonatan pudiera ver el cuerpo “para no contaminar la escena”.
Romo había vivido en diciembre último una situación similar. Fue detenido e imputado por un robo, pero no terminó en la cárcel sino en el Hospital San Roque. Galli dice que policías le propinaron una golpiza que le provocó fracturas y una lesión grave en los riñones. El letrado cuestiona, a la luz del desenlace fatal, la conducta de la fiscal Kelm, quien no advirtió el irregular procedimiento policial. “Si hubiera investigado a los policías en diciembre, quizás hoy no tendríamos a Jonatan Romo muerto”, expresó.
El fiscal de Instrucción durante la feria, Raúl Ramírez, ordenó el jueves último la detención de seis policías, cinco acusados por homicidio agravado por abuso en sus funciones y uno por encubrimiento. Todos fueron pasados a situación pasiva por el presidente del Tribunal de Conducta Policial, Maximiliano García.
Consultado por este medio, Ramírez también se refirió a lo sucedido en diciembre. Dijo que la fiscal Kelm investigó a Romo por un robo, pero había dictado su sobreseimiento por considerarlo inimputable a raíz de su cuadro derivado de sus adicciones. Los policías y la fiscal Kelm conocían a Romo: tenían documentada su situación de salud. Sin embargo, lo esposaron, lo redujeron y lo llevaron a una comisaría y no a un centro sanitario. No fue un proceder negligente. Infringieron los protocolos de actuación policial y fueron contra todos los antecedentes ya conocidos de la víctima. Deberían haberlo resguardado, no asesinado.
UNA CRISIS ASUMIDA POR EL GOBIERNO
A diferencia de otros hechos, como los crímenes policiales de Blas Correas y Joaquín Paredes, o cuando fue imputado y detenido el exdirector de Defensa Civil, Diego Concha por violencia de género, en este caso el gobierno habló de inmediato. La reacción fue diametralmente opuesta.
El primero en hacerlo fue el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. El martes anunció que habían sido desplazados de sus cargos los comisarios Diego Alejandro Bracamonte (director de la UR Punilla Norte), Julio César Faría (director de Recursos Humanos y Entrenamiento) y Marcos Germán Manrique (segundo de Faría). Las esquirlas de la crisis en la Departamental llegaron al corazón de la plana mayor de la Policía.
El jueves, 48 horas después, a poco de conocerse la resolución del fiscal de feria Raúl Ramírez de imputar por homicidio y detener a seis suboficiales que ejecutaron el operativo trágico que provocó el deceso de Jonatan Romo, el gobernador Juan Schiaretti en sus redes sociales se refirió al tema. Pidió que “se investigue hasta las últimas consecuencias”.
Dos horas más tarde, la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, afirmaba ante los micrófonos de informativos televisivos que los policías habían “incumplido los protocolos de uso racional de la fuerza y de intervención con personas con problemas de salud mental o bajo efectos de estupefacientes”.
Mientras tanto, el presidente del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, Maximiliano García, dispuso el pase a situación pasiva de los efectivos imputados. Y se abría la investigación administrativa para el resto. Fue un avance conjunto de todo el espectro político de gestión en materia de seguridad en la Provincia que puede leerse como la asunción de una crisis. Se anticiparon, incluso, a las fuerzas de la oposición que posteriormente pidieron la remoción del ministro Mosquera.
BRACAMONTE EN LA MIRA
La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos pidió “investigación, juicio y castigo” al comisario inspector Diego Bracamonte por “su irregular desempeño”. Señalaron tres casos que lo tuvieron como partícipe. El primero se refiere a la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa por el cual lo acusan de ocultar información y dirigir pruebas hacia Lucas Bustos, quien fue absuelto. La organización también lo cuestionó por el procedimiento de desalojo a vecinos de Punilla en mayo pasado y, ahora, por el caso de Jonatan Romo.
CRONOLOGIA
- 10 de julio. Homicidio de Jonatan Romo.
- 12 de julio. El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, anuncia el relevo del jefe departamental de Punilla, Diego Bracamonte, y de otros dos comisarios.
- 13 de julio. El Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad dispone la situación pasiva de Bracamonte.
- 14 de julio. El fiscal Raúl Ramírez imputa por homicidio y encubrimiento y ordena detener a seis policías de La Falda.
- 14 de julio. El gobernador Juan Schiaretti reclamó “investigar hasta las últimas consecuencias” y que a los responsables “les caiga todo el peso de la ley”.
- 14 de julio. La jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, admite que los policías imputados incumplieron el Protocolo de actuación.
