El docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Luis Augusto Olmedo (69), presentó un escrito el miércoles último al juez federal, Ricardo Bustos Fierro, para responder la acusación que le formuló el fiscal sobre la presunta extorsión a estudiantes que cursaron en su cátedra de Microbiología y sostuvieron que tenían que pagar en academias para aprobar la materia.
Están imputados por el delito, además de Olmedo, Adrián Oscar Casalis y Augusto Massimino –quienes permanecen con prisión domiciliaria– y la decana de Odontología, Mirta Mónica Spadiliero de Lutri, acusada de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La defensa de Olmedo, sostenida por el abogado Manuel Calderón, está enervada en la rotunda negación sobre los vínculos con los otros dos imputados, quienes estuvieron al frente de dos academias que preparaban a los alumnos en Microbiología, Casalis –hasta 2015– y Augusto Massimino. En la presentación formalizada la semana pasada, Olmedo reconoció amistad personal con ambos, pero desmintió injerencias en el ámbito profesional en relación con la actividad que estos desarrollaban. Negó haberles pasado cuestionarios con preguntas de exámenes ni obtenido listas de alumnos que asistieron a sus academias.
Dijo, además, que menos aún recibió dinero a cambio de algún asesoramiento o entrega de contenidos de su cátedra o de exámenes. Al tiempo que fundamentó su posición, solicitó al juez Bustos Fierro que adopte una serie de medidas. Este medio confirmó con el tribunal que están previstas testimoniales que serán recibidas en la semana entrante para profundizar las líneas argumentales que presentó la defensa.
Olmedo fue designado jefe de trabajos prácticos en 1988, en forma interina. Fue el primer cargo rentado porque antes trabajaba ad honorem en la cátedra. Desde 2005, es profesor titular de Microbiología e Inmunología por concurso. Basándose en esta cronología, cuestionó el requerimiento del fiscal que señala que la presunta extorsión por la que está acusado se venía consumando, presumiblemente desde el 2000.
Al describir la maniobra, el fiscal Hairabedián dijo que habrían montado un “insidioso, perverso y exitoso sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a los últimos dos nombrados para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada o simulación de un curso, bajo la amenaza que, de no hacerlo, se exponían en muchos casos a ser aplazados indebida y arbitrariamente, indeterminada cantidad de veces”.
LOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS
Al ejercer su defensa Olmedo cuestionó que se refiriera a que aplazaba a todos los que no concurrían a las academias. Señaló que hay materias en las que el porcentaje de alumnos libres o aplazados son, incluso, superiores a los de su cátedra. Y pidió que se oficie a la facultad para obtener los porcentajes de alumnos libres o aplazados de la última década en todas las materias de la currícula.
Atacó, también, uno de los testimonios que más lo comprometió, perteneciente a una docente de su misma cátedra, intentando desmoronar la acusación y señalándola como responsable de irregularidades en su desempeño como docente.
Otro de los argumentos que esgrimió fue el inexistente contacto con los estudiantes por su rol de profesor titular de la cátedra, que lo coloca al frente de las mesas evaluadoras, pero no en la determinación de la condición de libre o regular de los alumnos. Su función era dictar teóricos en aulas con 200 a 250 estudiantes, por lo que –señaló– es improbable que se haya ocupado de contactar a algunos para incidir en su asistencia a las academias. Pidió realizar un careo con una alumna que, según consta en los testimonios de damnificados, señaló que él le habría dicho que no tenía que decir nada de la academia.
En defensa de su desempeño docente, subrayó que ninguno de sus colegas lo acusó de aprobar a alguien que merecía ser bochado y, viceversa, desaprobar a quien merecía una calificación satisfactoria.
Por último, también sostuvo que desde 2005, cuando asumió como profesor titular, habrían pasado por sus aulas y mesas examinadoras unos 7.500 alumnos. Si solo refirieron haber sido víctimas entre 65 y 70 estudiantes, representan menos del 1% del total.
No obstante, si se acepta esta perspectiva sobre los hechos quedan preguntas planteadas. ¿Cómo Casalis y Massimino elaboraron los cuestionarios de los exámenes que entregaban? ¿Podrían haberlos confeccionado sin participación de Olmedo? Y, particularmente, ¿cómo es posible que dos personas sin título en disciplinas afines se hayan "capacitado" en la materia cuyo titular era una persona muy conocida de ambos? En todo caso, habrá que probar la relación directa entre las academias y la actividad evaluadora de la cátedra que encabezaba Olmedo.
