El concejal de la UCR y expresidente del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop) en la gestión Mestre, Alfredo Saap, defendió el pago de salarios a directivos del gremio de recolectores, Surrbac, mientras gozaban de licencia gremial.
En declaraciones a Canal 12 afirmó: “Esos sindicalistas trabajaron en el Esop y, por lo tanto, al trabajar en el Esop tienen que tener la remuneración del Esop”. Y añadió: “Otra cosa muy importante es que no ha habido multiplicidad de pagos. Lo que se pagó en la esfera pública después no se pagó en el sindicato. Si eso es lo que supuestamente está investigando el doctor (Ricardo) Bustos Fierro, no hubo duplicidad”.
Así respondió el edil al ser consultado sobre el informe que PERFIL CORDOBA publicó el domingo pasado sobre los presuntos pagos indebidos a 23 directivos del sindicato.
Sin embargo, un dato refuta el argumento de Saap. De la lista de 23 directivos del gremio con licencia sindical, en la liquidación de haberes de agosto del año pasado figuran 16 con cargo de chofer de camiones. El dato para tener en cuenta es que solo cinco tenían vigente el carnet para conducir vehículos de gran porte. Uno de los que sí contaba con carnet habilitante era el secretario general, Mauricio Saillén, quien fue detenido, precisamente, a fines de ese mes. Con la representación máxima del gremio, ¿era factible que pudiera desempeñar su tarea al mando de un camión?
El resto -11 dirigentes del Surrbac- ni siquiera contaba con la licencia para conducir ese tipo de vehículos. Mal pueden haber estado cumpliendo la función que acusaban sus recibos de haberes sin tener la mínima habilitación requerida.
Pero no solo eso. Además, el ente municipal les pagó horas extras. Por ejemplo, a Luis Dalmacio Torres, prosecretario gremial del Surrbac, el ente municipal le liquidó en agosto del año pasado un salario bruto de $169.000, de los cuales cobró de bolsillo $97.000. Entre las bonificaciones figuran 130 horas extras, presentismo, viáticos y comida.
Como él, también el resto de sus compañeros recibían directamente del Esop el sueldo a pesar de ostentar un cargo de dedicación completa en el sindicato.
Todos estos datos están contenidos en diferentes oficios que libró en las últimas semanas el juez federal Ricardo Bustos Fierro en el expediente por el que fueron procesados directivos del Surrbac por asociación ilícita, lavado, usura y defraudación.
En el juzgado pusieron la lupa sobre estos pagos porque los considera ilegales a la luz de lo que indica la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551. En el artículo 48 de la norma queda establecido que los trabajadores que ocupen cargos electivos en asociaciones sindicales, “tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes, a la reserva del puesto y ser reincorporado al finalizar el ejercicio de sus funciones…” Lo dice claramente: sin goce de haberes.
Pero, además, el artículo 53 especifica entre las “prácticas desleales”, en la relación, entre empleadores y gremios la de “subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación sindical de trabajadores”.
Por esa razón, en tribunales pidieron información a la Municipalidad de Córdoba para confirmar el monto que las empresas municipales Crese, primero, y Esop, después, pagaron a directivos del Surrbac mientras tuvieron licencia gremial.
Por el momento tienen documentada la liquidación de haberes de agosto de 2019. Aquel mes, el Esop erogó $3,7 millones para abonar los sueldos de los 23 directivos del Surrbac que estaban en la conducción del sindicato.
Para la causa en la que están procesados interesa el cobro indebido porque sería el delito precedente para probar lavado de activos, aspecto que cuestiona la defensa de los acusados. Como ya informó este medio, la conducta de los responsables políticos no es aún analizada por ningún tribunal, a pesar de estar en juego una millonaria afectación de fondos municipales, si se analiza que fue una conducta que se mantuvo en las empresas municipales durante las dos gestiones del exintendente Ramón Mestre. Los pagos no pudieron efectuarse sin la anuencia del jefe comunal ni la omisión del Tribunal de Cuentas.
“No pagamos a los que no trabajan”
PERFIL CÓRDOBA consultó a la actual titular del Esop, en transición a llamarse Córdoba Obras y Servicios (Coys), Victoria Flores, sobre la situación en esa empresa de los directivos del Surrbac que gozan de licencia.
—¿Cuál es el criterio en la actualidad?
—¿De dónde sacás que (los directivos) tienen licencia gremial?
—La información surgió de un oficio del juzgado sobre la gestión municipal anterior, por eso le consulto sobre la situación actual
—No es lo mismo la licencia gremial que la comisión directiva. Pueden estar en la comisión sin estar licenciados y, por lo tanto, trabajar y cobrar su sueldo. Desde que llegamos empezamos un proceso de enrolamiento en el marco de la mesa de diálogo, a partir de los primeros conflictos que tuvimos. Estamos acomodando la situación. Hemos requerido información a la intervención (del Surrbac), a los ministerios de Trabajo de la Provincia y de la Nación y al gremio. Nos respondieron quiénes son de comisión directiva. No pagamos a los que no trabajan.
LA CAMARA CONFIRMO LOS PROCESAMIENTOS
Por unanimidad, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó, el viernes último, los procesamientos de Julio Mauricio Saillén, Pascual Vicente Catrambone, y otros 17 dirigentes del Surrbac. Así, ratificó lo que había resuelto el juez Ricardo Bustos Fierro al considerar que incurrieron en los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, usura agravada y lavado de activos agravado.
Los jueces analizaron que con sus conductas delictivas perjudicaron a los afiliados del gremio que ellos mismos dirigían, de la mutual Amsurrbac y de la obra social, Osurrbac, sacando ventajas y beneficios para ellos y sus familiares, entre los años 2009 y 2018.
La lista de los procesados se completa con: Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado, Héctor Gabriel Blanes, Jorge Vicente Blanes, José Luis Yacanto, Yamila Gisel Monjes, Juan Manuel Krainbuhl, Franco Gabriel Saillén, Agustín Mauricio Catrambone, Salome Alfazak, Miguel Ángel Catrambone, Juan Carlos Saillén, Micaela Del Valle Saillén, Verónica Anabel Quevedo, Adriana Cecilia Oviedo y Darío Mauricio Saillén.
El tribunal de Alzada tiene pendiente, además, la resolución sobre el pedido de excarcelación de Catrambone.
Una vez que el expediente baje al tribunal de primera instancia, en breve podría ser elevado a juicio, antes de que se cumpla un año de abierta la investigación federal.
QUE FALTA DEFINIR EN LA CAUSA COTRECO
Mientras avanza a paso firme la causa penal contra directivos del Surrbac, el expediente Cotreco -exconcesionaria de la recolección de residuos en la ciudad- espera definiciones importantes.
Hasta ahora ambos casos no fueron acumulados, a pesar de estar íntimamente conectados por la participación en el negocio de la basura, que es costeado con las arcas del municipio.
El juez federal Ricardo Bustos Fierro prepara una resolución que contendrá decisiones trascendentes, ya que definirá la situación procesal de los 16 directivos que fueron imputados e indagados, entre los que figuran Horacio Busso y sus socios Marcelo Elvio Debernardo y Flavio Néstor Cavallieri.
La pesquisa se centró en la organización que habrían montado con el fin de evadir impuestos omitiendo la presentación de declaraciones juradas, la permanente generación y renovación de planes de pagos de las deudas y el cómputo de facturas apócrifas emitidas por empresas que ellos mismos controlaban.
Además, está pendiente la decisión sobre la continuidad en el expediente del fiscal, Enrique Senestrari, a quien recusaron defensores. La cuarentena prolongó el suspenso sobre este aspecto después de varias audiencias realizadas entre febrero y comienzos de marzo.
Además, los abogados que asisten a los imputados presentaron incidentes por falta de acción.
