El Gobierno se defiende de las críticas y la familia apunta a más responsables

Hasta Amnistía Internacional s e pronunció al cumplirse el primer aniversario del asesinato: “Acompañamos a la familia en su reclamo. Las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo una investigación independiente que condene a todos los responsables. Es urgente que se lleven a cabo acciones efectivas para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y, a la par, generar mayores niveles de confianza de la población. Este caso deja en evidencia la necesidad de una reforma estructural en las fuerzas de seguridad y de tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia institucional en la Argentina", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de la filial local del organismo.
Soledad Laciar y Fernando Blas Correas, los padres del joven asesinado, se pusieron al frente del pedido de justicia y el reclamo de una respuesta política a la incomprensible muerte de su hijo. El viernes 6 de agosto, a un año exacto del crimen, marcharon en silencio por las calles del centro bajo una consigna en común ‘Justicia por Blas’, que fue acompañada por otras familias víctimas de violencia policial.
“Esto no es contra la Policía ni contra el Gobierno. Es para que hagan algo, que el Gobierno tome nota de que algo está mal. Creo que hay más responsables de este crimen. De los responsables políticos no salió a hablar ninguno, no ha dado explicaciones ninguno, no hay ninguno castigado” expresó Soledad Laciar.

Respuesta. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera dijo: “Yo asumo todas las responsabilidades inherentes a mis funciones. Jamás responderé provocaciones ni agravios, ni haré comentarios en relación con expresiones de dirigentes. Respetamos el dolor de la familia. Nuestro único cometido es bregar por la supremacía del estado de derecho”.
Mosquera afirma que apenas ocurrió el crimen de Blas se puso a disposición: “Desde el primer momento tomé contacto con la familia, le rendí las más sentidas condolencias en mi nombre y en representación del Gobierno de Córdoba, me puse a su disposición y comprometí todo el esfuerzo para el esclarecimiento del hecho”.
El ministro también destaca la transparencia en la investigación judicial: “La misma postura de ponerme a disposición tuve con el fiscal José Mana e hicimos de la policía una verdadera caja de cristal para que hoy la causa esté enderezada para su total esclarecimiento. Y muestra de eso es que el expediente tiene más de 13 policías imputados. No hay antecedentes en el país de una investigación tan profunda en un hecho de estas características”.

Complicidades. El asesinato de Blas no solo fue un hecho de abuso policial y gatillo fácil, además hubo una cadena de complicidades policiales para tapar el crimen, hasta plantando un arma trucha. Este costado es el que implicó un escándalo mayor por una práctica que parecía desterrada de las fuerzas de seguridad. El propio fiscal Mana declaró en exclusiva en la edición del domingo pasado de este medio, que “el homicidio de Blas y las conductas policiales que lo rodearon fueron violencia institucional”.

Críticas. La familia de Blas reclamó desde un primer momento no solo una respuesta judicial, sino también política e institucional. Y principalmente han criticado el silencio del gobernador Schiaretti.
El ministro Mosquera niega de manera rotunda que el Gobierno provincial, y en especial el gobernador, hayan tenido una conducta lejana y fría con el hecho y con la familia: “Siempre me pronuncié de manera clara sobre la necesidad de ir hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga, sin ningún tipo de apañamientos, y lo hice por instrucciones precisas del gobernador. En esto quiero ser categórico: No es como pretenden desvirtuar las cosas, de ning una manera el gobernador tuvo una actitud distante con el caso Blas. Desde el primer minuto me dio instrucciones precisas de llevar adelante una investigación y de ponerme a disposición de la Justicia y de la familia y así lo hice”.
Finalmente, Mosquera dijo que “garantiza” que no habrá impunidad: “Valentino Blas Correas, su familia, sus amigos, la sociedad y la institución policial requieren y demandan que se dicte justicia y se esclarezcan todos los hechos vinculados no solo al homicidio, sino con los hechos posteriores que también fueron aberrantes. El pedido de ‘justicia por Blas’ es un pedido que nos convoca a todos”

Cambios en la policía. La primera modificación inevitable que se produjo apenas ocurrió la muerte de Blas fue el desplazamiento de toda la cúpula policial que estaba en ese momento al frente de la fuerza. Quienes se mantienen en funciones y estaban en ese momento son el Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, y Ana Becerra la titular del Tribunal de Conducta Policial, quien está imputada en la causa Blas acusada por abuso de autoridad.
Otros cambios que se anunciaron como consecuencia directa del homicidio fueron la implementación de un nuevo plan de estudio para la carrera de suboficiales, que implica ahora una nueva currícula de tres años de duración.
Tal vez una de las modificaciones que más expectativas generó fue la conformación del nuevo Tribunal de Conducta Policial. Según la Ley aprobada en la legislatura este tribunal juzgará las faltas administrativas de la policía como también de miembros de la FPA.
La novedad de este nuevo órgano es que la presidencia estará a cargo de una persona designada por el Fiscal General. De todos modos, la puesta en funcionamiento del organismo está demorada y aún no se sabe quién estará al frente para presidirla.