PERFIL CÓRDOBA propuso una entrevista conjunta a las máximas autoridades del Poder Judicial, de la Provincia y Federal, en Córdoba para analizar la tensión coyuntural entre la política y la Justicia. Con matices, Ignacio Vélez Funes, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, y Sebastián López Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia, coincidieron en el diagnóstico de la crisis que afecta el vínculo entre dirigentes y jueces.
—Desde el ‘83 a la fecha, ¿éste es el momento de mayor tensión entre el poder político y la Justicia?
—Vélez Funes: Cada momento es diferente. La tensión, al inicio del gobierno democrático del ‘83, estaba en la transición y el hito fue el juicio a la Junta de Comandantes. Así, sucesivamente con los cambios del gobierno. Hoy, no solo hay tensión sino una manera de algunos de interpretar cómo es el sistema de división de poderes. El sistema republicano debe ser salvaguardado. No hay un poder que sea más importante que otro. El legislador proyecta el futuro. El Ejecutivo debe ejecutar lo que dictó el legislador y el juez viene al último, con el conflicto. El rol del juez es de altísima importancia. Tiene que dar confianza, seguridad, sensación de imparcialidad y por sobre todas las cosas el principio de legalidad.
—¿Qué sienten cuando la máxima autoridad del país dice que el Poder Judicial está en los márgenes del sistema republicano?
—VF: No tengo por qué interpretar la frase de quien lo dice. Sí puedo decir que yo no me siento al margen del sistema republicano. No solo personalmente, en el ejercicio de la función. Tampoco siento olor a podrido en el Poder Judicial. No es una cloaca el Poder Judicial. Y si hay algo podrido, hay que tratar de mejorarlo o eliminarlo. Sería necio admitir que todo funciona bien. La percepción de la gente es que los jueces no están a la altura de los tiempos. La Justicia llega tarde, pero lo que no se conoce a veces es que los mecanismos para llegar a una sentencia los estableció el legislador. Eso genera etapas o instancias judiciales hasta la Corte Suprema, que tienen demoras. Da la impresión que el sistema esquiva los problemas y no es así.
—¿Es posible revertir esa imagen?
—López Peña: Comparto los conceptos del doctor Vélez Funes. Son pilares sin los cuales todo el sistema se derrumba. Creo que en los últimos años hemos advertido cómo la judicialización de la política nos lleva a un estado de cosas donde la imagen del Poder Judicial se ve seriamente afectada. El daño es exponencial, porque la Justicia no solo se asienta en sus resoluciones, sino que necesita la confianza social para ser efectiva. Paradójicamente, me parece que ese daño también se le vuelve en contra. Al pretender instalar la idea de la politización en la Justicia, se rompe el equilibrio y es un aspecto negativo también para la política.
—Alberto Binder hizo un diagnóstico del Poder Judicial y mencionó que la Corte tiene muchos casos, en parte, por la alta arbitrariedad en las sentencias de los tribunales provinciales. ¿Coincide?
—LP: En el caso de Córdoba son contadísimos los casos en que la Corte ha revocado fallos. En ese marco, no hay arbitrariedad por parte nuestra. Me parece que el concepto al que refería Binder tiene que ver con el concepto de arbitrariedad como fundamento para poder revisar la sentencia. Este es un concepto que se ha dado desde la política en los últimos tiempos. No es un concepto que jurídica ni políticamente se haya discutido antes.
—VF: El cúmulo de intentos de recursos extraordinarios federales se usa para evitar que la sentencia quede firme y así no sea ejecutada.
El lawfare y la presión de los jueces.
—¿Qué opinan del lawfare?
—VF: Es un recurso político. No creo que haya lawfare. Si algún juez maneja los tiempos por conveniencia partidaria, sectorial o personal es problema de ese juez. El Poder Judicial no es así.
—¿Sinceramente cree que no hay jueces que son provocadores de la tensión con la política?
—VF: Si usted quiere nombres no los tengo. Si los conociera estaría obligado a decirlo. Los jueces son seres humanos y tienen debilidades. ¿Es corrupción poner este expediente arriba y resolverlo primero o al revés? Lo analicemos desde el punto de vista ético. Ahora, ¿voy a resolver una causa porque el demandado es un primo hermano mío? Eso es corrupción. Perturba la imparcialidad. No es un problema de la institución, es un acto individual puramente subjetivo. Si tiene la prensa encima, es cuando más independiente tiene que ser el juez, porque a veces su fallo es adverso a lo que piensa la opinión pública. Más cómodo es, para algunos, seguir la corriente. Total, revisa otro.
—LP: La Justicia provincial es regular, buena o mala. Eso se puede discutir. Lo que es indiscutible es que somos instituciones totalmente distintas a la Justicia federal y a la de otras provincias. Desde mi experiencia, puedo decir que la Justicia federal de Córdoba no es Comodoro Py. Opinar de la Justicia en forma global parte de un error de visión, creyendo que todo se engloba en un mismo concepto. No quiere decir que somos mejores o peores. Somos distintos. Desde hace seis años integro la Justicia de Córdoba. Cuando uno sale al país, goza de un gran prestigio. Es un faro en materia jurisprudencial y también en el funcionamiento: por ejemplo, el área informática fue muy felicitada. Se ha hecho mucho y bien. Por supuesto que hay errores y mucho por hacer. La opinión del Presidente.
—¿Molestan las críticas del Presidente o la Vicepresidenta?
—VF: En este esquema republicano con diferentes roles, no me parece prudente que el Ejecutivo, a través de sus funcionarios, incluso el Presidente, ponderen sobre las sentencias de la Corte o de algún tribunal. Expresamente la Constitución se lo prohíbe. Eso no implica que tengan libertad de opinión, derecho a analizar y criticar los fallos, pero no lo puede hacer en base a su investidura, sino como ciudadano. Tampoco pueden indicar si esto o aquello es delito, el único que puede calificarlo es el juez aún cuando el que lo diga sea el mejor profesor en Derecho Penal del país. Tampoco creo que se puede juzgar antes que se actúe, al Ministerio Público Fiscal o a los jueces y anticipar que si se hace algo ‘se es payaso’. En la función judicial no hay payasos, hay hombres comprometidos que se equivocan. Si se equivocan deliberadamente incurren en el delito de prevaricato. Si se equivocan de buena fe, hay tribunales para corregir. Lo digo con el mayor respeto.
—¿Qué piensa de la Comisión Bicameral para el control jurisdiccional?
—VF: Bienvenida sea, porque mientras más se controle habrá más transparencia. Pero le digo también que en este país ningún órgano de control funciona: ni la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura, la Defensoría del Pueblo, etc.
—¿Y las reformas que se hicieron y las que se proyectan?
—V F: Toda reforma es auspiciosa, sea iniciativa del oficialismo o la oposición. El problema es qué se busca. Una, como el proyecto que tiene media sanción y propone una Cámara Federal de Apelaciones en La Rioja, significa una estructura económica y recursos humanos inmensa. ¿Sabe cuántas causas llegaron desde el juzgado de La Rioja a la Cámara en todo el año pasado? Solo 50. Tenemos que fortalecer el sistema acusatorio. Que haya más fiscales, no más jueces.
Los jubilados en función
—Ante las intimaciones de Anses a jueces en función que tienen la jubilación pendiente, algunos dijeron sentirse “perturbados en la tranquilidad del espíritu”. Un juez que cobra $500 mil por mes, ¿se puede sentir así?
—VF: ¿Cómo quiere que veamos el problema? Si gana $500 mil no puede estar perturbado, pero si la Constitución le dice que puede permanecer hasta los 75 años, no hay nadie que le tenga que cambiar el régimen jubilatorio si no se va antes de la edad. Son cosas distintas.
Ecos de Brasil
—¿Lo sucedido en Brasil con la causa Lava Jato y el expresidente Lula Da Silva, podría pasar también en Argentina?
—VF: Todavía no hay sentencia en Brasil.
—LP: Hay que conocer las causas antes de dar opinión. Por supuesto que son causas con gran impacto político. Me llevé muchísimas sorpresas entre lo que uno percibe por comentarios o periodísticamente. Uno está obligado a fallar por lo que lee. Los jueces no condenan. Son las pruebas. Para emitir una opinión hay que conocerlas.
