En el debate parlamentario sobre la legalización del aborto, entre las múltiples voces en contra, algunas apelaban al sentido común y a la supuesta gradualidad de las políticas de salud, cuando decían: “Aplicando correctamente la educación sexual integral no deberían existir embarazos no intencionales”. Agregaban, también: “Existen una decena de métodos anticonceptivos para evitar los embarazos”. Y, por supuesto, en aquellos hipotéticos casos que no se ajustaban a las premisas anteriores -y que involucran cuestiones ajenas a la voluntad de la mujer, como una violación o una condición que pongan en riesgo su salud o vida-, señalaban: “El aborto ya es legal en la Argentina”.
De ese modo, esas voces justificaron abstenciones o votos en contra. Pero en la provincia de Córdoba no son las voces el problema, sino el silencio ensordecedor.
Esta semana seguimos la situación de una niña de 11 años embarazada producto de un abuso sexual, cuya madre solicitó acceder a un aborto legal, que sí podía ser efectuado en el hospital regional. Una situación por demás excepcional, porque el Ministerio de Salud de la Provincia no exige a sus instituciones que cuenten con los medios y los profesionales dispuestos a realizar la práctica, quedando a plena voluntad y compromiso individual.
Es decir, el Ministerio no demanda que se garanticen derechos contemplados desde hace un siglo en nuestro país, y sobre esto nada dice.
La familia debió trasladarse casi 200 km a la Maternidad Nacional donde fue garantizada finalmente la práctica. Así, el Ministerio se desentendió una vez más de su rol. A los médicos nos encantan los protocolos y guías y revisiones de salud porque nos indican de principio a fin cómo actuar frente a determinadas situaciones clínicas, nos da seguridad, nos aporta un método.
Así y todo, los profesionales de la salud sabemos que no existe protocolo que pase por encima de una ley nacional. También entendemos que el silencio es una orden bajada verticalmente por memo en las instituciones públicas -que en un marco de flexibilización laboral significa franco disciplinamiento- coherente con la aversión del ministro de opinar públicamente sobre estos temas.
Otro silencio que hace ruido es el de la Justicia: hace cuatro años que el Tribunal Superior de Justicia no se expide sobre el recurso interpuesto por el Portal de Belén para que no se cumpla el protocolo de interrupciones legales del embarazo. Algo que la misma Corte Suprema de Justicia demanda a las provincias a través del fallo FAL.
¿Cómo justifica este silencio el TSJ que, en la práctica, significa que desde hace seis años los hospitales públicos provinciales no practiquen abortos que son legales desde el año 1921? Además, cabe la pregunta sobre cómo justifica el ejecutivo provincial su inacción actual, en este sentido, porque en un primer momento sí realizaron presentaciones judiciales oficiales para evitar esta suspensión, (y también para evitar recursos interpuestos por la misma ONG contra la anticoncepción de emergencia y el DIU).
Con el caso de la niña de 11 años se pudo arribar a la solución de una parte de esa situación de violencia extrema, pero resulta imposible no pensar en las niñas y mujeres que se pierden en este laberinto. Y cómo no tener la lectura de que estos silencios son cómplices de la clandestinidad, que violenta y pone en peligro la salud y vida de las mujeres cordobesas.
Betiana Cabrera Fasolis, médica y coordinadora del colectivo de mujeres MuMaLa.
