miércoles 28 de septiembre de 2022
CóRDOBA COLETAZOS DEL CASO JONATAN ROMO

“El traslado de una persona en crisis debe ser inmediato y al hospital más cercano”

Después de la muerte del paciente psiquiátrico en La Falda, por el cual hay seis policías imputados, las autoridades de la fuerza pidieron capacitación presencial para sus efectivos sobre la nueva Ley de Salud Mental. Entrevista a María José Salcedo Álvarez.

07-08-2022 00:39

El 10 de julio último, Jonatan Romo (35 ) padeció una desestabilización psiquiátrica. Policías lo redujeron y en el procedimiento el hombre murió. La autopsia reveló que el deceso se produjo por asfixia mecánica. Un video mostró cómo, al momento de reducirlo sobre el piso, lo presionaron sobre el tórax. Se investiga si fue abuso policial. Hay seis efectivos imputados y detenidos.

El episodio causó una nueva crisis policial por la que terminaron eyectados los responsables de la Departamental Punilla y del área de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba. Entre ellos, fue desplazado el comisario Julio Faría quien, días después, hizo pública la limitada y deficitaria formación de los agentes. Fue precisamente Faría quien tuvo activa participación en un simulacro realizado poco antes de su pase a retiro.

Jonatan Romo
JONATAN ROMO. Fue reducido por policías a raíz de un brote psicótico. Se investiga si el modo en que lo trataron le causó la muerte. La autopsia reveló que su deceso se produjo por asfixia mecánica.

Días antes del homicidio de Romo, se había anunciado en un acto en la Jefatura de la Policía de Córdoba, la capacitación sobre urgencias en salud mental que deben atender a menudo los policías de calle. Hay un instructivo aprobado en 2019 sobre el cual no se pudo formar al personal por la pandemia. Ahora se hará la capacitación en forma presencial.

PERFIL CÓRDOBA entrevistó a María José Salcedo Álvarez, titular de la Oficina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias del Poder Judicial de Córdoba (Ociji) que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Maria Jose Salcedo
MARIA JOSÉ SALCEDO ÁLVAREZ. Está a cargo de la oficina que se encarga de capacitar en la aplicación del protocolo de actuación de los policías cuando deben asistir a personas en crisis.

—¿Qué pedidos recibieron de la Policía después de lo sucedido en La Falda con Jonatan Romo?

—Los pedidos se concretaron en una reunión en la Jefatura, con la jefa Liliana Zárate y el nuevo encargado del área de Recursos Humanos. Se está armando una agenda de capacitación presencial. Comenzaremos con quienes asisten a la Escuela de Oficiales. Son 22 mil efectivos de calle en toda la provincia. Ellos, como institución, ya están capacitando hacia el interior de la fuerza. El protocolo del 2019 se puso en vigencia en junio con una presentación oficial en la Jefatura de Policía y, al poco tiempo, surgió el hecho de público conocimiento en La Falda. Nosotros nos pusimos a disposición para capacitar a quienes la institución requiera, incluido el ente operativo, que es el 911. Sí hemos sido convocados, estamos en contacto directo. Hay una buena comunicación entre esta oficina y la Jefatura de Policía y directivos de Recursos Humanos.

—Si el instructivo es del 2019, ¿por qué no se puso en vigencia antes?

—Todos atravesamos la pandemia. Sacar un instructivo sin capacitar no tiene efectividad. Salud adhirió a este protocolo en marzo de este año. Desde el 2020, estuvo abocado a transitar la pandemia y salvar vidas. Cuando brindaron su adhesión, el protocolo se hizo público y fue presentado para comenzar a capacitar.

—¿Cómo ve a la Policía, jefes, mandos intermedios y policías de calle?

—Con ellos hemos armado el instructivo por una necesidad puntual que tenían: delimitar competencias entre la órbita sanitaria y la de Seguridad. La policía de calle era llamada, en numerosas ocasiones, a una situación que es propia de la órbita sanitaria. Y al llegar no tenía la asistencia necesaria. Desde el nosocomio le pedían a la policía que trasladara a un paciente desestabilizado a otras instituciones. Era un deambular en un móvil policial, con la consecuente responsabilidad y riesgo para la persona en crisis. Desde un primer momento hemos visto apertura y necesidad de trabajar en colaboración. Cuando se lanzó el protocolo, la misma Policía propuso hacer un simulacro en el mes de junio. Se llevó a cabo con la presencia de todas las autoridades de las distintas instituciones: Tribunal Superior de Justicia, Ministerio de Salud, Secretaría de Salud Mental y las autoridades máximas de la Policía.

—¿De ese simulacro participó el comisario (ahora retirado) Julio Faría?

—Si, por supuesto. Hemos ido relacionándonos con las personas a cargo de las diferentes áreas. Estuvo a cargo el comisario Faría.

—¿Qué cambia en los procedimientos policiales con la nueva Ley de Salud Mental sancionada en 2010?

—El cambio es la mirada hacia la persona que atraviesa un padecimiento subjetivo. El nuevo paradigma no es manicomial, sino de aislamiento. La persona debe ser reintegrada a la comunidad, con un trato y contención desde una actuación prudente que mira la salud. La policía no es la órbita sanitaria que debe resguardar el derecho de la salud. En su rol de prevención y trabajo de calle se encuentra un sinnúmero de veces con personas desestabilizadas. Se buscó dar a la Policía herramientas para que en los casos en que no llega la ambulancia al lugar pueda, en calidad de colaboración a la órbita sanitaria, trasladar a una persona. El traslado debe ser inmediato al nosocomio más cercano. Y es el nosocomio el que debe generar las articulaciones en el supuesto caso que no deba quedar allí.

—Entrega el paciente al sistema sanitario.

—Sí, pero subrayo: en calidad de colaboración. La policía no es agente sanitario ni tiene que hacer valoraciones de situación de riesgo. Puede ocurrir que no pueda asistir porque lo desborda la situación y es necesario que asista una ambulancia o se requiera otra modalidad de asistencia.

—¿El instructivo precisa cómo se debe contener físicamente a la persona desestabilizada?

—Hay distintos anexos, un glosario de conceptos básicos en materia de salud mental para que el policía conozca la normativa. Hay también una guía de cómo actuar en situaciones concretas. Primero, intentar reducir con la palabra, persuadir y luego trasladarla. No es el único protocolo que tiene la policía. Hay otros que instruyen cómo ejercer la reducción, contención y el uso de la fuerza. Este instructivo (de salud mental) nació para el personal de calle que se encuentra con situaciones cotidianas en las que es convocado o tiene la necesidad de trasladar a alguien a un nosocomio. La policía estaba asumiendo responsabilidades que no le correspondían, como era ir de un hospital a otro buscando camas o haciendo estudios que la persona requería.

— ¿El sistema de Salud también tiene protocolos para recibir a pacientes que lleva la Policía?

—El Ministerio de Salud adhirió a este acuerdo. Tanto la ley de salud mental nacional como provincial ha establecido que la internación involuntaria debe transitar en un hospital general. Hoy esto se hace a través de la guardia central del Neuropsiquiátrico donde se hace la valoración. Hay un proceso de formación de las distintas guardias de hospitales polivalentes para que cuando llegue una persona desestabilizada no sea derivada al Neuro que es monovalente sino atendida por un nosocomio polivalente. Ambos ministerios, de Seguridad y Salud están trabajando en la formación y capacitación para que los pacientes no sean rechazados. Es importante remarcar que las prácticas no se cambian por instructivos y leyes, sino con el tiempo, insistiendo en la formación y el seguimiento de la actuación del personal de cada una de las instituciones.

—¿Reciben consultas permanentes?

—Esta oficina trabaja las 24 horas todos los días del año. Hemos participado y puesto a disposición el teléfono para que consulten hasta que los superiores estén capacitados para dar directivas. Por supuesto que la oficina no dice qué o cómo hacer. Guía al policía para que hable con su superior para que le dé la instrucción en el caso concreto.

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