Al cabo de una exhaustiva investigación, el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier elevó a juicio a nueve personas que integraron la empresa Ribeiro Construcciones SRL. Se los acusa de presunta asociación ilícita y reiteradas estafas, que se estiman en unos U$S 8 millones.
En el expediente se analizaron 35 denuncias de personas que firmaron boletos de compraventa de la unidad que adquirían y no recibieron nada a cambio. No obstante, se sabe que los damnificados superan con creces el centenar.
Ribeiro Construcciones se presentaba como una sólida empresa familiar dedicada a la construcción. A través de profusa publicidad acercaron clientes para vender emprendimientos, la mayoría de los cuales no se construyó.
A la cabeza figura Jorge Ribeiro y su esposa, María Elena Lavisse; los hijos de ambos Tomás Gabriel, Georgina María y Ana Lucía; la nuera Natalia Meossi, el yerno Carlos Hernán Castro; Guillermo Adrián Taberna y Marco Javier Lío.
La causa abarca las maniobras, presuntamente delictivas, que se cometieron entre 2009 y 2018 cuando, según estableció el fiscal Gavier “movidos por un ánimo de lucro ilegítimo se habrían confabulado y organizado para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad en provecho común y en perjuicio de terceros”.
Los roles. Jorge Ribeiro es ubicado como ideólogo y conductor de la organización. Habría asumido el papel de fiduciario de los fideicomisos constituidos para vender edificios. Junto a él estuvo su hijo Tomás Gabriel y Carlos Castro, quienes se desempeñaban como gerentes Comercial y Financiero de la empresa, respectivamente. Al frente del área comercial y de marketing estaban Georgina Ribeiro y su hermana Ana Lucía. La arquitecta, Natalia Meossi -esposa de Tomás Ribeiro-, elaboró los proyectos y habría firmado los planos de los edificios y departamentos ofrecidos. Por su parte, Guillermo Adrián Taberna se habría exhibido ante los adquirentes como el contador de la empresa.
La fachada. Al elevar la causa a juicio Gavier ponderó que “confeccionaron y presentaron planos; montaron oficinas; desplegaron una agresiva propaganda publicitaria; otorgaron recibos; iniciaron algunas construcciones; fingieron rendir cuentas de manera regular y lograron generar en la comunidad en general la convicción de conformar una sólida empresa constructora familiar en expansión y desarrollo, es decir, una verdadera oportunidad para contratar y disponer de ahorros o bienes e invertirlos o confiarlos a ellos”.
Todo, sabiendo que no construirían los departamentos que ofrecían. Para tener una idea de los montos, entre las pericias realizadas se relevaron los departamentos vendidos, costos de construcción e ingresos por ventas (anticipo o cuotas) y las inversiones.
Las cuentas sobre los edificios RAE III, RAE IV y RAE arrojaron que se vendieron 161 departamentos de un total de 252. En diciembre de 2017 cobraron US$ 7,1 millones, pero solamente invirtieron US$ 1,5 millón. Sobre la diferencia -de US$ 5,5 millones-, no se pudo establecer qué destino se le dio.
