Todo parece indicar que la corrupción de la administración kirchnerista vinculada a la obra pública fue exorbitante. Son cifras tan grandes que siguen generando dudas y confusión entre los actores que tienen acceso a los números. Esta semana se conoció que el financista arrepentido de los Kirchner, Ernesto Clarens, entregó documentación al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadío donde se detalla la distribución de la obra pública entre distintas empresas, entre el 2003 y fines del 2010. En una de esas listas –circula otra que llega hasta el 2015– se describe el reparto de obras por $33.000 millones entre 86 firmas. Al menos cinco de esas empresas son de Córdoba y lograron más del 12% de la obra repartida.
La torta. Según los documentos de Clarens las empresas cordobesas que participaron de la distribución de la obra pública en ese período fueron Benito Roggio, Electroingeniería, Boetto y Buttigliengo, Romero Cammisa y Afema. Esas firmas recibieron contratos, siempre según Clarens, por $3.999 millones. Benito Roggio (2° del ranking) tuvo obras por $2.350 millones, Electroingeniería (6° de la lista), con su controlada Vialco, recibió encargos por $1.362 millones, ByB (puesto 42°) tuvo contratos por $165 millones, Romero Cammisa (63°) recibió obras por $67 millones y Afema (69°) por $ 52 millones.
Los retornos. Los sistemas y los montos de coimas pagados durante ese período siguen siendo materia de investigación. Pero es posible arribar a números estimativos del costo de la corrupción en este sector y para este período siguiendo la declaración de Clarens. El financista devenido en imputado colaborador reconoció que los montos de las coimas no eran fijos e iban del 4% al 50%, con un promedio del 20%. Aplicando ese porcentaje promedio a las obras entregadas por la gestión kirchnerista a empresas de Córdoba se puede estimar el pago de coimas en torno a los $799,8 millones. Pero también es posible aplicar otros cálculos y llegar a cifras más altas. PERFIL CORDOBA publicó semanas atrás el cálculo del economista Vicente Monteverde, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Morón y autor del informe “ El costo económico de los cuadernos de la corrupción en Argentina”. Allí, Monteverde estima los costos –financieros y fiscales- que a largo plazo generó el desvío de fondos para aceitar la rueda de la corrupción en la obra pública. Por caso, calcula que los contratos se pactaron con sobreprecios promedios del 25%, lo que llevaría el pago de firmas cordobesas a un valor cercano los $1.000 millones.
Un verdadero dolor de cabeza supone cruzar otra fórmula de Monteverde, la que da cuenta del “costo de oportunidad” que supone la corrupción. Con ese concepto se refiere “al costo originado en la asignación ineficiente del gasto destinado a esa obra pública”, y que incluye, en algunos casos, la necesidad del Estado de emitir deuda para afrontar los sobrecostos de la obra pública. Ese valor puede llegar al 52% del costo de la obra. En el caso de los trabajos recibidos por empresas de Córdoba implica escalar hasta los $2.079 millones de costo extra, sólo en el período reconocido por Clarens.
