El miércoles 17 de abril causó impacto en los tribunales provinciales la detención de la abogada Nadia Podsiadlo mientras realizaba un trámite en la barandilla de una fiscalía de instrucción. Ese día debía ser liberado un joven, detenido e imputado por un robo, a quien la letrada defendía. En efecto, el preso quedó libre y Podsiadlo fue trasladada a la cárcel de Bouwer donde permaneció durante ese fin de semana largo.
Está imputada por defraudación con el pretexto de remuneraciones ilegales en grado de tentativa. Y, para obtener la prueba final, se aplicó lo que se llama un delito experimental.
El martes pasado la jueza de Control N°9, María Celeste Ferreyra, confirmó el pedido de elevación a juicio del fiscal de Instrucción, Alfredo Villegas, contra la letrada a 48 días del hecho que desencadenó la investigación.
¿Coima, cobro ilegal o garantía? La cuestión central a desentrañar en el expediente es el concepto por el cual Podsiadlo le pidió a la madre del detenido $30.000 antes de que fuera liberado. Según consideró el fiscal y confirmó la jueza de Control, en la conversación que entabló la abogada con la madre de su cliente la profesional indujo a error a la mujer porque nunca le aclaró que el dinero era en concepto de una fianza personal que había fijado el funcionario judicial. Y que, de los mensajes enviados vía WhatsApp, se podría haber deducido que el fin del pago era una coima para el fiscal.
Ante la imposibilidad de pagar esa suma, la mujer le dijo que conseguiría $15.000. Finalmente, ya con el procedimiento experimental en marcha, terminó entregándole $6.000. Fue en ese momento en que Podsiadlo quedó detenida.
Las fianzas personales, a diferencia de las reales, consisten en la firma del abogado que garantiza que el asistido cumplirá con las exigencias que impone la justicia. Los letrados, en ocasiones, solicitan a sus clientes un resguardo dinerario por el compromiso que asumen en su favor. “Es como pagar un seguro”, graficó a este medio un penalista.
En su descargo Podsiadlo aludió a que ella mencionó que el dinero era para la fianza, pero que la mujer a la que se dirigía posiblemente no entendía a qué se refería, por ser una persona de escasa instrucción.
Sin embargo, la jueza Ferreyra concluyó que “el procedimiento experimental llevado a cabo con fines probatorios (…) cumplió su cometido y durante su desarrollo la imputada, lejos de virar el propósito de su exigencia frente a la repetida interpelación de su cliente en relación a quién sería el verdadero destinatario de la fianza, no hizo más que profundizar el engaño a fin de hacerse de la suma en cuestión”.
Para ello, analizó el testimonio de la denunciante y el contenido y horarios de los mensajes que intercambiaron con la abogada, entre otras pruebas.
Apelación. Consultada por este medio, Podsiadlo cuestionó la velocidad con que se concluyó la investigación para elevarla a juicio, dijo que no le sorprendió e insistió en definirse como una víctima de la violencia institucional de género. Confirmó que su abogado Julio Deheza apelará la resolución del juzgado de Control para que sea revisada por la Cámara de Acusación.
“Quiero un juicio ya”, expresó con el propósito de que se esclarezca la situación que, desde su perspectiva, fue encuadrada en un delito que no ocurrió.
A fines de abril, el Colegio de Abogados de Córdoba había emitido una resolución solicitando a la Fiscalía General que investigara la circunstancia en que fue detenida Podsiadlo y pidió garantías para el ejercicio profesional de los matriculados. La comunicación fue distribuida en Tribunales II y en el Tribunal Superior de Justicia.
