En CBI se habrían lavado fondos de la corrupción por $700 millones

¿Se podrá conocer el origen de los fondos que “trabajó” la financiera ilegal CBI Cordubensis SA antes de su derrumbe en febrero de 2014? ¿Por qué pudo desarrollar la actividad ilícita a la luz del día sin ser detectada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)? ¿Por qué la instrucción solo pudo determinar -hasta ahora- presuntas responsabilidades de los socios de CBI y privados vinculados y no logró hacerlo con funcionarios de las administraciones públicas cuyos fondos sí transitaron por la mesa de dinero? Son numerosos los desafíos que se perfilan para el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que juzgará la parte central de la causa CBI, posiblemente a partir de noviembre próximo.

El nudo en este proceso será establecer la responsabilidad penal del funcionamiento de una financiera no autorizada tras la fachada del negocio de los cofres de seguridad. Los principales acusados son, de hecho, los cinco socios de CBI y otras 11 personas ligadas de diferente modo.

En la preparación del histórico juicio, la defensa de Miguel Vera pidió al tribunal que averigüe la procedencia y titularidad de cheques por un total de $715,9 millones que fueron monetizados por las empresas Jotemi SA y Halabo SA en el Banco Nación entre los años 2012 y 2014. La solicitud adquiere particular relevancia en la actualidad por las investigaciones judiciales en tribunales porteños que han comenzado a desentrañar que en la obra pública nacional se habrían pagado sobreprecios y coimas, dinero que habría ingresado en el circuito ilegal, inclusive en mesas de dinero como era CBI.

El dato es útil para la estrategia defensiva por cuanto si hay lavado de activos, como es una de las acusaciones que pesa sobre la mayoría de los imputados, tiene que haber un delito previo. Cohecho, por ejemplo. Es decir, fondos negros con origen en la corrupción o evasión.

En la investigación nunca se pudo determinar quiénes fueron los autores intelectuales de la conformación de las dos empresas fantasmas, Jotemi SA y Halabo SA. Según pudo saber PERFIL CORDOBA, el creador no sería Vera sino dos abogados de Buenos Aires con acceso a despachos del gobierno kirchnerista de aquel momento. De ahí que subsista la sospecha de que por CBI pasaron fondos de la corrupción.

En la causa hay dos nombres. La duda que aún persiste, y que podría aclararse con la trazabilidad de los cheques, es la ruta del dinero y los despachos de donde habrían salido. Este diario consultó a una fuente que conoce el expediente sobre si se plantea la posibilidad que parte de esos fondos hayan salido del Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido. "No dudes que es así", fue la respuesta. Pero esa percepción, para adquirir la certeza de los hechos, deberá ser corroborada por la misma justicia.

En caso de conocerse la ruta del dinero, Vera podría dar explicaciones de quiénes fueron los responsables de las maniobras. Él llega al juicio con el reproche de conformar las dos sociedades para depositar en las cuentas de Jotemi y Halabo en Banco Nación cheques captados por CBI, luego extraer el concepto en efectivo para que luego la financiera ilegal entregara a los clientes, descontando una comisión por esta actividad que rondaba -según dichos de testigos- entre el 1% y el 1.05% del valor del cheque al día.

Apuesta a demostrar que parte del dinero fue legal y en el caso de que no lo fuera dejar en claro que no fue el autor intelectual de la maniobra, sino un ejecutor de la misma. Realizar la trazabilidad de los cheques no es tarea complicada. Los bancos tienen la obligación de escanear y archivar los valores que contengan montos importantes.

Por otra parte, algunos defensores adelantaron que pedirán una pericia contable, particularmente en aquellos hechos en los que endilgan a los acusados el delito de evasión.

El juicio comenzaría en noviembre. El miércoles pasado el TOF2 terminó de notificar a todas las partes su conformación. Estará presidido por José Fabián Asis e integrado por Carlos Lascano y Jaime Díaz Gavier. A partir del jueves último se abrió el plazo de 10 días hábiles para el ofrecimiento de pruebas y solicitud de medidas. Habrá un criterio restrictivo para no demorar el proceso. Solo se aceptarán aquellos pedidos que resulten razonables y que no respondan a estrategias dilatorias. El tribunal analizará cada una de las presentaciones y fijará la fecha de audiencia.

Fuentes judiciales informaron a este diario que se proyecta iniciar el juicio en noviembre próximo. Entre otras razones, hay una situación dirimente. Eduardo Rodrigo, expresidente de CBI, cumplirá en diciembre tres años en calidad de detenido.

Recusaron a Gonella. Para llevar adelante la acusación en el juicio fue designado Carlos Gonella, extitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La defensa de Rodrigo cuestionó la participación del fiscal por ese antecedente y por una denuncia que presentó pero que fue posterior a su procesamiento. La recusación será resuelta con el resto de los planteos.

PEDIRAN LA SALA BIALET DEL EDIFICIO CENTRAL

Las audiencias tendrán participación de más de medio centenar de personas, contando solo las partes. Son 16 los acusados, la mayoría tiene dos abogados defensores. Estarán, además, las cuatro querellas: los damnificados particulares, el BCRA, la Afip y la Unidad de Información Financiera (UIF). El fiscal y sus colaboradores, más los tres jueces del tribunal y funcionarios de la secretaría. Por esa razón, la sala que posee el edificio del TOF2 no podrá albergar las audiencias. Los jueces tienen previsto solicitar autorización para desarrollarlas en la sala Agustín Díaz Bialet, en la torre principal de los tribunales federales, donde se realizaron en los últimos años los juicios de lesa humanidad.

UN ARREPENTIDO

La causa llega a juicio con un imputado arrepentido cuya identidad se mantiene en reserva a pedido de su defensor. La declaración fue realizada ante el fiscal federal, Enrique Senestrari, y el acuerdo homologado por el juez. El acta donde están sus manifestaciones están en un sobre cerrado, custodiado en la caja fuerte del Juzgado Federal N° 3 y solo puede ser abierto a pedido del resto de las partes con autorización del tribunal que realice el juicio. A raíz de las declaraciones que allí figuran se abrió un expediente en el Juzgado Penal Económico N° 5 en la ciudad de Buenos Aires.