Con un retraso de cinco años respecto de otras provincias como Santa Fe, Córdoba finalmente puso foco en las energías renovables y el modelo de Generación Distribuida, que promueve la producción de electricidad para autoconsumo y así compensar el déficit de oferta de la Empresa Provincial de Energía (Epec).
Como primer paso, el 28 de marzo pasado ingresaron a la Unicameral tres proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo: el 24357-E-18, que adhiere a la Ley Nacional de Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública; el proyecto 24431-E-18, que declara “de interés provincial el uso racional y eficiente de la energía con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable” y el 24511-E-18 que declara “de interés provincial los sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica, para abastecimiento de agua caliente”.
Aunque las tres iniciativas significan una aproximación a la cultura de la energía renovable, no implican aún el corazón del diseño de la Generación Distribuida, el cual se encuentra en pleno debate dentro del Ejecutivo por el impacto que este modelo podría tener en el mercado que hoy monopoliza la Epec. PERFIL CORDOBA pudo conocer los dos principales ejes por los que pasan las discusiones.
Partícipes del nuevo modelo. La Generación Distribuida a partir de fuentes renovables (solar, eólica, biomasa, biogás) es definida por los especialistas como el “primer paso hacia la democratización de la energía”. Desde esta perspectiva, es un modelo que rompe con el modelo vigente en materia de producción, distribución, comercialización y consumo de electricidad. Propone la participación de un nuevo actor que es el prosumidor; es decir, el usuario de la red eléctrica, quien al tiempo que consume electricidad entrega a la red energía generada en su propio domicilio.
“En el modelo que estamos analizando, el prosumidor sólo va a poder entregar la energía remanente que genere y no consuma a la red de transporte de Epec, no podrá venderla directamente a otro consumidor”, explica el legislador Dardo Iturria (UPC), presidente de la Comisión de Energía de la Legislatura. Según Iturria, el objetivo que busca el Gobierno es promover la generación para autoconsumo y no el surgimiento de nuevos participantes en los mercados de la producción y la distribución de electricidad.
¿Qué va a pasar, entonces, con las 204 cooperativas de servicios: quedarán habilitadas a funcionar como prosumidores a escala? Este punto es crítico; no está definido y es probable que se les impida asumir esa figura o se las limite. Una vez más: el objetivo del Ejecutivo es fomentar la microgeneración para completar una oferta global de energía que hoy la Epec no logra garantizar conforme aumenta la demanda; pero, lejos está el Gobierno de querer habilitar un sistema de competencia en este servicio.
Una forma de controlar el poder competitivo del prosumidor es fijando un techo a su capacidad de generación. Santa Fe y Mendoza, por ejemplo, establecieron un límite expreso de potencia instalada de 300 kW; Salta, en tanto, permite inyectar hasta 100 kW de potencia a la red de baja tensión.
Además del prosumidor residencial y eventualmente de las cooperativas, hay una tercer actor que podría irrumpir con fuerza en Córdoba: las empresas alimenticias que agregan valor en origen (maniceras, aceiteras) o que integran la cadena grano-proteína (granjas de pollos o porcinos, definidas como “4.0” por su alta tecnificación), que en su mayoría están desarrollando plantas con autogeneración de energía renovable. Para referencia: Cotagro, Pollos San Mateo y Lorenzati, Ruetsch y Cía. tienen en marcha proyectos en base a biomasa y biogás, que ofertarán casi 7MW en conjunto. Una vez estas empresas satisfagan sus necesidades, sus remanentes energéticos podrían inyectarse al sistema.
¿Hasta qué punto los prosumidores de diferentes escalas pueden llegar a ser competencia de la Epec generadora? La llave del modelo está en la capacidad de almacenamiento. “Mientras el costo de las baterías para almacenar en los domicilios sean caras, al prosumidor residencial le va a convenir consumir todo lo que produce”, señala el legislador Iturria.
En los casos de cooperativas y empresas “será una cuestión de ir viendo cómo evoluciona el mercado”, sostiene Iturria, quien reconoce que “podrían haber sorpresas a partir del abaratamiento de la tecnología, la amplia disponibilidad de fuentes renovables que tiene la provincia y la propia capacidad emprendedora de los empresarios del interior provincial”. (Ver abajo Agentes comercializadores)
En Alemania, el país más maduro en materia de Generación Distribuida de energía con fuente solar fotovoltaica, este sistema cubre un 7% de la demanda de electricidad.
Facturación y tarifa. Este es un punto medular que definirá tanto el éxito de la Generación Distribuida en la provincia como el futuro mismo de la Epec.
Según pudo conocer PERFIL Córdoba, el Gobierno analiza aplicar la metodología transaccional llamada “balance neto de facturación” o “net billing”. ¿En qué consiste? En calcular, en primer término, el valor monetario de la energía consumida y la generada por el prosumidor, para luego establecer la diferencia entre los dos montos que queda reflejada en la tarifa final. Para ello, en el domicilio respectivo se instalan dos medidores.
Hasta allí todo bien. Lo conflictivo surge en la definición de ambas tarifas. El legislador Iturria admitió que en el diseño que estudian, la tarifa por energía consumida será la convencional de la Epec (con toda su ecuación de costos + VAD + cargos fijos) y por energía inyectada a la red será la tarifa mayorista Cammesa.
Cuál sería entonces el incentivo para el prosumidor? En ese esquema, el consumidor-productor estaría ayudando a la empresa provincial con oferta adicional sin ningún beneficio a cambio.
Un caso testigo de esta metodología es el que se utiliza en Chile (desde 2014): en el caso de los consumidores residenciales, cuya potencia conectada es inferior a 100 kilovatios o su demanda se limita a ese nivel, la empresa distribuidora remunera al prosumidor por el excedente inyectado a la red con el mismo precio que el de venta de la energía por parte de la misma compañía.
De este modo, el balance es justo y el prosumidor es tratado como lo que es -un microgenerador- no un mayorista.
Para resolver esto, “estamos estudiando algunas formas de incentivos, ya sea financiando el costo del equipamiento o subsidiando la tarifa”, explica Iturria. En la industria de la Generación Distribuida, este mecanismo se llama feed-in-tariffs, que no es otra cosa que precios diferenciales que se pagan a los pequeños generadores para que puedan recuperar la inversión en sus sistemas renovables en un periodo relativamente corto de tiempo.
La provincia de Santa Fe, por ejemplo, lanzó en abril de 2016 el programa “Prosumidores”, que facilita el repago de la inversión de los equipos a través de una compensación monetaria que se estableció en $5,50 por kilovatio/ hora, durante ocho años.
Según los expertos, el feed-in-tariffs es útil para incentivar a que se invierta en equipos de energía renovable, pero no es una metodología que garantice una relación justa entre compañías distribuidoras y micogeneradores.
El cambio de paradigma fundamental que propone la Generación Distribuida no sólo tiene que ver con migrar hacia la energía renovable sino también hacia matrices de costos de generación, transporte y distribución eficientes que democraticen el acceso a la electricidad. Decidir una política pública en ese sentido supone, antes que nada, intervenir de lleno en la ecuación de costos de la Epec.
LA WEB DE LA ENERGÍA
Cuando se repasan los fundamentos del concepto de Generación Distribuida (GD) que documentaron, por ejemplo, el cluster noruego NCE Smart Energy Markets o el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (Cacme) se comprueba que la promoción del uso de energías verdes es apenas la punta del iceberg. En la profundidad de la apuesta de la GD subyace una revolución similar a la que generó la Internet y está acelerando la economía digital.
En efecto, lo que la GD busca es garantizar equidad y seguridad energética, democratizando su acceso a partir de dos vectores: tecnología de costo decreciente y abundancia de recursos energéticos. En Córdoba, lo segundo predomina (alta insolación en todo el territorio durante buena parte del año, áreas de vientos constantes, recursos hídricos y crecientes cadenas industriales productoras de biomasa y biogás). La reducción del costo de la tecnología es una cuestión de tiempo y de que el mercado alcance escala.
Entonces, ¿hacia dónde va el negocio energético?
Así como en materia de telecomunicaciones se pasó de la era analógica a la digital, en materia energética se transitarán dos etapas, según describe el Cacme: “De la red eléctrica que hoy conocemos se pasará a la smart grid (red astuta), desarrollada por amplios universos de prosumidores sobre fuentes renovables. Luego se avanzará, mediante la informatización y automatización de su control, a la intelligent grid (red inteligente)”.
De acuerdo a las proyecciones del Consejo Mundial de la Energía, el punto de llegada de esta cadena evolutiva será la denominada “web de la energía”, es decir, “una infraestructura que posibilitará el intercambio de energía de manera libre y descentralizada”.
Ese es el escenario de largo plazo al que se enfrenta el actual modelo energético de Córdoba, con una empresa de energía que concentra y monopoliza la generación, el transporte y la distribución de electricidad, ofreciendo una de las cuatro tarifas más caras del país.
AGENTES COMERCIALIZADORES
A nivel nacional, el régimen energético vigente define a la actividad de generación como de “interés general” y funciona en un esquema de libre competencia; en tanto, el transporte y la distribución son consideradas un “servicio público” dado su carácter de “monopolios naturales”.
A partir del paso dado por la Nación con la ley de Generación Distribuida, el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (Cacme) propone incorporar la figura de los agentes comercializadores, que serían empresas privadas enfocadas en instalar y mantener tecnología renovable distribuida y comprar en el mercado a los prosumidores más competitivos.
Según Cacme, estos comercializadores actuarían como intermediarios que firmarían contratos de compra de energía con los prosumidores y luego venderían esa energía a Cammesa, al mercado spot que exista para cada tipo de tecnología o a grandes usuarios en el mercado a término. Asimismo, Cacme sostiene que los agentes comercializadores deberían pagar a las distribuidoras de la zona un canon por lo que se conoce como “valor agregado de distribución” (VAD).
En un esquema de este tipo, una empresa como Epec se vería obligada a redefinir el core de su negocio.
NUEVO MARCO REGULATORIO
Mientras la Generación Distribuida empuja al sistema energético cordobés a un cambio de paradigma, el Gobierno intenta, a la vez, devolver cierta racionalidad económica al esquema vigente vía “una actualización y modernización del marco regulatorio”, tal como fue presentado este jueves el proyecto por el gobernador Juan Schiaretti y el ministro Fabián López.
La iniciativa oficial contempla la implementación de una tarifa testigo que regiría en todo el territorio provincial y la posibilidad de implementar un fondo compensador que atienda asimetrías regionales que impactan en los costos de distribución. El Gobierno no definió aún de dónde surgirían los recursos para alimentar ese fondo.
“Se impone que Córdoba modernice y actualice el marco regulatorio vigente de cara a los nuevos desafíos tecnológicos y ambientales, y también de cara al escenario de salida de subsidios nacionales que lleva a que la tarifa eléctrica esté cada vez más saneada”, dijo López.
Desde la oposición, el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) señaló que “la explosión de reclamos de usuarios de cooperativas eléctricas sobre tarifas impagables, hizo que el Gobierno abra los ojos hacia el olvidado interior provincial”.
Según Quinteros, el anuncio del gobierno omitió que “desde el año 2001 se encuentra vigente la Ley 8837 que en su Título 3 contempla el Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica”. Según argumenta, “ese marco había sido creado por De la Sota para un modelo de empresa privada, pero al continuar (Epec) en el ámbito público todas las medidas tendientes a la eficiencia que asignaba la ley quedaron en letra muerta”.
