La decisión de Andrés Godoy, al frente de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes), de investigar y notificar a los organizadores e instigadores de las marchas en contra de las restricciones impuestas por el último DNU, y que vencen hoy, terminó de completar una agenda informativa de alta repercusión en la semana.
Comerciantes autoconvocados dicen defender su derecho a trabajar, mientras las entidades empresarias reiteran sus reclamos y ratifican la situación terminal de muchos negocios, particularmente del sector gastronómico, a la vez que defienden la institucionalidad y se despegan de los que consideran “inorgánicos”.
PERFIL CÓRDOBA consultó a Fernando Desbots, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, quien destacó que el momento es “un tiempo de subsistencia, la gente no da más, se perdió la sensibilidad, no hay plata”.
Y realizó el siguiente análisis: “Apenas empezó la pandemia, en marzo de 2020, recibíamos dos salarios mínimo, vital y móvil (mnv), con el ATP. Hoy, dos salarios mvm, son $46.000 y recibimos $18.000 del Repro, que ahora van a ser $22.000. Es igual que las cuotas de los créditos que tomamos el año pasado para afrontar el pago de los salarios. Y la gente no da más”.
Respecto a quienes organizan las marchas de protesta, afirmó: “No nos sentimos representados por ellos, están fuera del sistema, sabemos quiénes son realmente empresarios. En todo caso, los acompañamos de manera institucional, pero no se puede ser inorgánico y romper por romper, hay que trabajar mancomunadamente”.
“Los números de la pandemia en Córdoba son un horror –aseguró–, pero cómo hacés para compatibilizar las dos cosas: cortar la circulación de gente y a la vez trabajar. Lamentablemente hay una contradicción muy grande, por un lado, tenés las marchas y por el otro las restricciones. Entonces la pregunta es ¿desde qué prisma se miran las cosas? No tener libertad ambulatoria y no poder circular, afecta totalmente a nuestra actividad, dependemos de eso, de que la gente pueda circular”.
“Si en marzo pasado –estimó– hubiéramos tenido un alto porcentaje de la población vacunada, la situación podría haber sido otra, mucho mejor, pero lamentablemente no ocurrió”.
Finalizó sentenciando: “Pese a que la situación es crítica, te diría que casi terminal, no compartimos esa manera de protestar, de manifestarse; al contrario, creemos que el trabajo conjunto es el que rinde mejores frutos”.
Comerciantes
Por su parte, José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, aseguró a este diario que “la cámara se preocupa por todos los comerciantes de la Provincia de Córdoba y también lo hacemos en esta oportunidad, como lo hicimos en otras marchas anteriores. Eso no significa que me siente con ellos y salga a marchar; a ellos les encanta eso y a mí no”.
“En la cámara –agregó– atendemos los requerimientos de todos y aun en este caso, en el que no hemos tenido ningún pedido de nadie, me he interesado en saber cuáles han sido las causas y cuál es el estado de situación y de eventuales imputaciones”.
“Con la gente de la Red de Comerciantes Unidos y otros grupos estamos en contacto, los atendemos siempre que lo solicitan, porque la cámara representa al sector, no solo a los asociados, a todos. Al tener conocimiento de la situación planteada, me tomé el trabajo de hablar con el fiscal (General, Juan Manuel) Delgado e informarme para ver qué estaba pasando. Me comunicó que las investigaciones involucran a cuatro personas, que son las que convocaban a realizar la marcha y que esa investigación está en marcha. Eso es todo”.
“Si de la investigación surge que se está cometiendo un delito, se les hace la misma imputación que en el caso de las fiestas clandestinas. El fiscal no me dijo que no vaya a haber imputaciones, pero no tuve la sensación de que las hagan”, indicó.
Por último, expresó: “Escuchando a algunos periodistas y políticos de la oposición, le han pegado durísimo al fiscal (Andrés) Godoy –de la Ufes–, aplicaron aquello que del árbol caído todos hacen leña”, indicó.
Autoconvocados
Cristian Soria, titular de la Red de Comerciantes Unidos, definió al colectivo como “un grupo de comerciantes autoconvocados, que el año pasado decidimos conformar la red para hacer escuchar nuestro reclamo, que es uno solo: poder trabajar. Una vez que logramos ese cometido y volvimos a trabajar, dejamos de generar otras acciones con la red, no somos políticos ni nada parecido”.
“Pero ahora –explicó–, la gente comenzó a autoconvocarse nuevamente y yo accedí a sumarme y tomar parte. Calculo que por eso he sido uno de los notificados, vino la policía, me tocó el timbre y me leyeron el DNU completo y el artículo 205 del Código Penal. En ningún momento me mencionaron que estuviera instigando a cometer un delito ni nada parecido y tampoco que no podía participar de la marcha”, afirmó.
Respecto a la investigación en curso, entendió que “el problema es que acá investigan a la gente que quiere trabajar, no a la que comete delitos, los robos siguen ocurriendo, a su inoperancia la quieren tapar de alguna forma. Si uno circula por los barrios periféricos podrá ver que la gente se mueve como si no hubiera pandemia, nadie controla nada, pero a nosotros que lo único que queremos es trabajar, nos controlan, nos notifican y, eventualmente, nos imputan por un delito que no hemos cometido. Si se comparan las fotos de la marcha en el Patio Olmos y las de la gente en la plaza de la Intendencia, el mismo día, no van a encontrar diferencias”.
Aclaró que “en el Patio Olmos hubo un problema entre un taxista y uno de los manifestantes. Este muchacho ya perdió un bar y ahora está por cerrar el otro, entonces su postura es ‘no me importa ir preso’; nosotros no somos violentos, pero la gente está desesperada y se descontrola”.
Y concluyó: “A partir del lunes (los alcances del DNU vencen el domingo) volveremos a trabajar si podemos, pero mucho me temo que prolonguen las restricciones y ahí veremos qué hacemos”.
