En relación con la polémica sobre las estimaciones de pobreza del Indec para el Gran Córdoba es necesario un esfuerzo de abstracción. La propuesta es salir un momento de las argumentaciones políticas y de lo terrible del concepto, para hacer foco en cuestiones estrictamente técnicas que puedan estar ocasionando que en Córdoba se observen tasas de pobreza significativamente más elevadas de las que vemos a nivel nacional.
Todo comienza en el tercer trimestre de 2016, cuando la tasa en Córdoba se separa de la nacional y pasa del 36 al 40,5%. Este salto tan abrupto es infrecuente y propio de situaciones donde la macroeconomía atraviesa momentos críticos. Sin embargo, se debe a deficiencias técnicas en la encuesta permanente de hogares (EPH), que se utiliza para calcular la tasa, y sus efectos están vigentes aún en la última estimación de pobreza que presentó el Indec para el segundo semestre de 2017.
El origen del problema se encuentra en la estructura de panel rotativo de la EPH. Cada vivienda encuestada permanece en la muestra dos trimestres consecutivos, luego se retira durante otros dos y regresa, finalmente, por dos más. Es decir, en cada trimestre el Indec renueva un 25% de las viviendas encuestadas.
Esta es una decisión metodológica importante que busca minimizar los efectos de posibles errores en la selección de viviendas a encuestar: en caso de que en algún trimestre se seleccione erróneamente una muestra sesgada (por ejemplo, muchas vivien-
das de muy alto o muy bajo poder adquisitivo), solo afectará el 25% de los casos de la encuesta, en consecuencia, su impacto en las conclusiones no será tan elevado.
Se llega, así, al primer error metodológico: Entre el segundo y tercer trimestre de 2016, en el Gran Córdoba se reemplazó más de un 50% de las viviendas encuestadas, en lugar del 25% usualmente aplicado. Por lo tanto, entre el segundo y el tercer trimestre de 2016 permanecieron 1.034 personas en la muestra de Córdoba, y salieron 1.270 que se reemplazaron por otras 1.346 nuevas personas.
En tanto, el segundo error metodológico -consecuencia del anterior pero de un impacto mucho mayor- indica que la tasa de pobreza entre las 1.270 personas que salieron de la muestra era del 31%; entre las 1.034 personas que permanecieron en la encuesta la pobreza era del 41%, mientras que entre las 1.346 nuevas personas que se sumaron a la encuesta la pobreza fue del 40%. La consecuencia es obvia: entre el segundo y el tercer trimestre de 2016 la medición de pobreza en el Gran Córdoba saltó del 36% al 40,5%.
De esta manera, el sesgo se extiende en el tiempo, teniendo en cuenta la estructura de panel rotativo de la EPH. El hecho de que cada vivienda se seleccione para permanecer en la encuesta durante dos trimestres consecutivos ocasiona que este fuerte salto en la tasa de pobreza también se observe en el cuarto trimestre de 2016.
Sin embargo, como las viviendas luego son retiradas de la EPH durante dos trimestres consecutivos, vemos que la pobreza baja durante el primer y segundo trimestre de 2017, justamente cuando este grupo de 1.346 personas con elevada tasa de pobreza se encuentra fuera de la muestra.
Así, la estructura del panel rotativo implica que luego del “descanso”, el grupo conformado por un 40% de personas pobres vuelva durante el tercer y cuarto trimestre de 2017, generando nuevamente un aumento en la tasa de pobreza estimada.
La anterior situación explica por qué el Inde alcanzó un informe demoledor para el segundo semestre de 2016 que fijaba la pobreza en el Gran Córdoba en 40,5%, que luego bajó al 30,7% en el primer semestre de 2017, para subir nuevamente al 34,2% en el segundo semestre del mismo año.
Por lo tanto, hay evidencia concluyente de un sesgo de selección muestral en la rotación de viviendas de la EPH para el Gran Córdoba, originado a mediados de 2016, pero cuyos efectos se extienden hasta finales de 2017.
La consecuencia de estas fallas metodológicas es que hoy, a más de dos años de anunciada la tan esperada y necesaria recuperación de las estadísticas públicas, no tengamos una medida de pobreza e indigencia concluyente para Córdoba.
Sería oportuno que el Indec, como ente legalmente responsable de dirigir y coordinar el programa anual de estadísticas y censos, supere su postura cerrada en torno a la inexistencia de errores y brinde explicaciones técnicas en relación a la metodología aplicada en Córdoba.
La tarea de recomposición de las estadísticas públicas es titánica, y pretender ocultar posibles errores propios del proceso sólo politiza al extremo la discusión técnica y dificulta aún más el logro de consensos básicos sobre qué tipo de problemas sociales necesitamos medir, y cómo medirlos en función de las políticas públicas a implementar.
Juan Pablo Carranza
Magister en Administración Pública y licenciado en Economía.
