La fractura del peronismo en Santa Fe lanzó esquirlas dentro de todo el gabinete de Alberto Fernández. La tensión entre Agustín Rossi y Omar Perotti por las candidaturas en esa provincia, derivó en el pedido de renuncia del Presidente a aquellos candidatos que cumplen funciones públicas.
Una situación inesperada que impacta sobre Martín Gill, cabeza del tramo de diputados en la lista cordobesa del Frente de Todos y ahora exsecretario de Obras Públicas.
En ese marco, la Coalición Cívica ARI en Córdoba amplió la denuncia que presentó en enero de 2021 por las “cuatro licencias consecutivas” que tomó el exrector, “violando sistemáticamente el Artículo 91 de la Carta Orgánica de Villa María”.
Allí se detalla que es incompatible el desempeño de funciones en esa Municipalidad y en la Nación en simultáneo.
El partido de Elisa Carrió —que en la provincia preside Gregorio Hernández Maqueda— apuntó contra Gill y contra el primer concejal oficialista, Pablo Rosso, a cargo del Ejecutivo. Con esta ampliación también fueron acusados los ediles que votaron las cuatro licencias del intendente elegido en 2019.
“Es increíble que aún no se haya procesado a Gill porque lo que hicieron es un golpe de Estado. Rosso no es intendente ni interino, es un usurpador en el cargo, ya que no fue designado conforme a las leyes. Martín Gill le mintió al pueblo de Villa María al decir que estaba primero durante la campaña por la reelección”, indicó Hernández Maqueda, precandidato a diputado nacional de Juntos Por el Cambio, en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.
Maqueda inclusive resaltó la iniciativa de Fernández no solo en el caso de Gill sino también en el de otros precandidatos. Esta medida, asimismo, no modificaría la situación de Olga Riutort en el Concejo Deliberante de Córdoba.
“Olga va a seguir en el Concejo”, confiaron a este medio desde el bloque que preside la segunda en la lista del FdT.
