La comunicación no es patrimonio de periodistas o de propietarios de medios sino un derecho de los ciudadanos, que implica el acceso y la participación en procesos individuales y colectivos de construcción del conocimiento. Por ello, el derecho a la comunicación debe garantizarse desde los medios públicos del Estado así como sucede con la educación pública, laica y gratuita de la población.
Todos sabemos que la comunicación mediática ejerce efectos fuertes en las audiencias, construyen público, alfabetizan, influyen en la internalización de frames o marcos de lectura e interpretación de la realidad. Por ello, los medios de comunicación públicos son imprescindibles para garantizar la pluralidad de miradas sobre nuestra sociedad, al margen de los intereses de los gobiernos de turno y de los poderes concentrados. Son la posibilidad de una discursividad disruptiva al enfoque de las convergencias en un mercado comunicacional cada vez más atomizado, cuando las industrias de la comunicación se convierten en las locomotoras de la economía y las palabras clave son productividad y rentabilidad.
Sectores motivados por estos resortes han permitido el avasallamiento a la ley de medios audiovisuales que aunque perfectible, ampliaba derechos e impedía la concentración mediática gestada al amparo de la ley de radiodifusión de la dictadura.
Sabemos que la historia de los medios de comunicación latinoamericanos registra una serie de tendencias comunes que entraron en crisis a comienzos de este nuevo siglo: en primer lugar, el funcionamiento del sistema mediático en la región ha sido invariablemente gestionado desde una lógica puramente comercial; en segundo lugar, existe un alto nivel de concentración de la propiedad del sistema de medios, liderado por unos pocos grupos económicos ligados a los gobiernos de turno como México (Televisa), Brasil (Globo), Argentina (Clarín), Colombia (Caracol-El Tiempo), Chile (Mercurio) y Venezuela (Cisneros); en tercer lugar, es poca o casi nula la existencia de una audiencia significativa para los escasísimos servicios de medios públicos no gubernamentales; y por último, la producción de contenidos mediáticos es realizada en las grandes urbes desde una perspectiva autorreferencial colocando a las provincias de cada país como repetidoras/consumidoras de los mismos.
En Argentina, es evidente cómo fue cambiando el ecosistema de medios privados en los últimos tres años, potenciándose la concentración del sector en pocas manos -particularmente en la expansión del Grupo Clarín a las telecomunicaciones mediante la fusión Cablevisión-Telecom, que los llevó a monopolizar el 80% del mercado.
En otros países “convergentes” como Reino Unido o EEUU la legislación prohíbe que un grupo económico supere el 40 % del negocio. La política del actual gobierno nacional primero vació los medios públicos de audiencias como consecuencia de degradar los contenidos, y ahora los vació de periodistas en una ola de despedidos sin precedentes.
En Córdoba, la situación no es menos difícil para la prensa y los periodistas. La precarización del ya escaso sector de medios privados, sumado al cambio en las rutinas productivas por el advenimiento de la comunicación digital y multiplataforma, expulsó del quehacer noticioso a decenas de periodistas con nutrida trayectoria, por ejemplo en La Voz del Interior.
Algunos colegas se lanzaron a gestionar sus propios medios digitales o se embarcaron en propuestas independientes o cooperativas como La Nueva Mañana; otros apelaron a la prensa institucional de empresas, organismos públicos o del tercer sector.
Córdoba sufre la concentración en dos grandes monopolios: Cadena 3 y Grupo Clarín que abarcan casi la totalidad de la oferta de medios y plataformas de comunicación. Y existen solo dos medios públicos: Radio Nacional Córdoba y Los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (Canal 10, Canal U, Radio Universidad y FM 102.3). Radio Nacional está sujeta a las políticas comunicacionales implementadas desde el centralismo porteño.
En este marco, los SRT tienen el desafío y la posibilidad de consolidarse como un espacio comunicacional público, crítico y plural.
Mariela Parisi, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC y miembro del directorio de los SRT.
