El juez de Control José Milton Peralta confirmó la prisión preventiva de uno de los imputados por presuntas estafas con el loteo Estancia Santa Lucía, en una trama de gran complejidad por el modo en que se produjeron las ocupaciones y posteriores ventas de los terrenos. Se trata del empresario agropecuario Omar Llamil Badrán, imputado por asociación ilícita y falsedad ideológica.
En el expediente, que fue elevado a juicio en marzo pasado, hay siete acusados más. La sospecha es que montaron un desarrollo inmobiliario para vender lotes que no les pertenecían ni tenían poder para realizar operaciones. Están ubicados sobre Ruta 5, a la altura del autódromo Oscar Cabalén, en Villa Parque Santa Ana, a 25 kilómetros de Córdoba Capital.
La historia trasunta un derrotero judicial por presuntas maniobras irregulares que se concatenaron durante más de dos décadas y cuyas alternativas fueron investigadas en la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier.
El último eslabón tiene como acusados a Luis Raúl Bizzocchi –también investigado como cuevero en la Justicia federal–, su hermano Ricardo Bizzocchi, el escribano Gonzalo Argarate, Orlando Conti, Alejandro Pedrosa, Rodrigo Hoyos Gijón y Badrán, detenido desde el 17 de noviembre del año pasado con prisión preventiva.
Por aquella decisión, su defensora Alima Badrán presentó un recurso que fue resuelto poco antes del inicio de la feria judicial invernal por el juez de Control José Milton Peralta. El magistrado rechazó el planteo y confirmó que seguirá en prisión en una resolución del 5 de julio último.
La investigación penal sobre el desarrollo Santa Lucía apunta a desentrañar un plan por el que los acusados tomaron control de un loteo de la empresa Mi Valle SRL, habrían subdividido 1.240 parcelas originarias –pertenecientes a más de 380 personas– en 2.500 nuevas y las vendieron gracias a efectivas estrategias de marketing.
La Justicia sospecha que los involucrados se habrían presentado al público como representantes de las sociedades propietarias del loteo, habrían falsificado documentos e iniciado trámites administrativos, como el estudio de impacto ambiental para aparentar licitud. Para montar la maniobra crearon fideicomisos. De ese modo se diferenciaron de las sociedades loteadoras.
Hay una gran cantidad de estafados que compraron terrenos de buena fe. El aporte de Badrán a esta asociación, según el fiscal Gavier, habría consistido en ceder supuestos derechos posesorios que decía tener sobre una fracción de terreno, sobre el cual se desarrollaría el emprendimiento fraudulento.
La acusación por falsedad ideológica se basa en una demanda de escrituración y cumplimiento contractual –fechada en septiembre del 2022– en contra del empresario Alejandro Pedrosa, también imputado. Badrán reclamó la escrituración de 10 lotes de Estancia Santa Lucía y la entrega de su posesión con las mejoras pactadas, a pesar de que conocía de primera mano la irregularidad del desarrollo inmobiliario y de los lotes prometidos.
Pedrosa, pivote en la causa. En sus explicaciones a la Justicia, Badrán dijo que había comprado derechos posesorios sobre el terreno y, al modificarse la legislación ambiental sobre la zona, decidió venderlos a Alejandro “Jano” Pedrosa, como “gerente o dueño de la empresa Mi Valle SRL”. Además, se desvinculó del resto de acusados señalando que no los conocía.
El juez Peralta analizó el descargo y lo rechazó de plano. “Badrán no habría tenido los derechos posesorios indiscutidos que decía cederle a Pedrosa (...) al momento en que él los adquirió –noviembre 2004– ya se había ordenado la reivindicación de casi todo el predio a favor de Mi Valle SRL”, explicó en la sentencia. Agregó que “Pedrosa sabía que los derechos que alegaba Badrán se encontraban viciados (...) cabe cuestionarse cómo pudo dicha cesión vacía –porque Badrán no tenía lo que decía ceder– constituir un aporte a la asociación”.
En la cesión de derechos posesorios de Badrán a Pedrosa, se estipuló como contraprestación la transferencia de 10 lotes de titularidad de Mi Valle SA Inmobiliaria. Si bien el juez admitió que no c ono c í a a lo s otros imputados, consideró que su maniobra fue importante para la consolidación de la asociación ilícita que prometía terrenos en el barrio cerrado Estancia Santa Lucía.
¿Quién es Jano Pedrosa? El apellido está vinculado al sector autopartista. Su padre fundó la empresa Prodismo. Él, además de ocupar un cargo directivo en la firma, se abrió camino a partir de Üveg –cristal en húngaro– un emprendimiento vinculado a la producción y comercio de vidrios.
Ambas empresas, Prodismo y Üveg aparecen en los listados de aportantes a la campaña electoral que presentó Hacemos Unidos por Córdoba el año pasado a la Justicia, en el proceso que llevó a Martín Llaryora a la gobernación. Entre las dos, la cifra que ingresó a las cuentas de la alianza, asciende a $7.000.000.
El dato fue publicado en marzo por el periodista Lea Ross en el sitio ‘La luna con gatillo’, cuando el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier cerró la investigación preparatoria y elevó a juicio a los acusados mencionados en esta nota, incluidos Badrán y Pedrosa.
