El fiscal federal Carlos Casas Nóblega avanzó con la investigación por presunto lavado de activos de origen delictivo, contra los integrantes de las financieras que operaron en el edificio Vistalba, de Laplace 5.442.
Resultaron imputados por nuevos hechos Miguel Ángel Azar, María Celia Remonda y Lucas Javier Sánchez. Se trata del padre de Martín Azar, la abuela de Agustina Cherro y el hermano de Diego Sánchez, ya procesados por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Bajo la lupa del instructor quedaron tres operaciones de compra de vehículos de alta gama. La sospecha es que las adquisiciones fueron efectuadas por el matrimonio de Martín Azar y Agustina Cherro, pero utilizando a Azar padre, a Remonda y a Lucas Sánchez para concretar las compras.
Por el precio de los vehículos, el Registro de Propiedad Automotor, como sujeto obligado, debía informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) los datos de los compradores. Figurando otras personas, ellos no quedaron expuestos ante el organismo de control.
Las operaciones. El 10 de octubre de 2017 adquirieron una moto BMW R1200 GS Adventure por $490 mil. En la actualidad ese rodado cotiza en US$ 35 mil; convertido a pesos asciende a $5,5 millones. En los papeles figura como comprador Lucas Sánchez, hermano de Diego Sánchez.
El 25 de julio de 2019, el matrimonio Azar-Cherro concretó otra compra, a través de María Celia Remonda: una Jeep Wrangler 0 kilómetro abonando $1,9 millones en total. El pago se hizo a través de 14 cheques y $50 mil en efectivo. Actualmente, el vehículo está cotizado por encima de los US$100 mil.
El 14 de enero de 2020, poco antes de que estallara esta causa en Tribunales Federales, adquirieron a través de Miguel Ángel Azar un auto BMW modelo 287 X3 3.01 por $4,8 millones.
En todos los casos la maniobra es idéntica: se sospecha que fueron operaciones de Martín Azar y Agustina Cherro pero evitaron que figuraran sus nombres incorporando a personas de sus círculos más cercanos, para sortear el radar de la UIF.
Indagatorias. Los tres imputados fueron indagados. Miguel Ángel Azar y Lucas Sánchez negaron su participación y se abstuvieron de responder preguntas. La única que contestó fue Remonda y aportó datos que, desde la perspectiva de la Fiscalía, confirmaron las sospechas. Ella señaló que compró el vehículo “con dinero propio” para que lo “utilice Agustina”, su nieta, y explicó que le dio US$40 mil en efectivo al marido de su nieta para que concretara la operación y se encargara de todo el trámite. En realidad, la compra se efectuó con cheques. El detalle es que no hay testigos ni recibos sobre la supuesta entrega del dinero.
Remonda también sostuvo que fue con Martín Azar a la concesionaria en su auto Mercedes Benz, pero ella lo esperó en el interior del vehículo, fuera del negocio. Martín hizo toda la operación: ella ni siquiera se bajó para firmar ningún papel y se fue.
La causa. El expediente acumula 13 imputados. Martín Azar y Diego Sánchez están procesados como jefes y organizadores de la presunta asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El juez Alejandro Sánchez Freytes también procesó a Miguel Ángel Azar, María Isabel Valoni, Agustina Cherro De Miguel, María del Milagro Martínez, Melina Marisa Manelli, Nicolás Ferrer Juárez y Mario Jorge Novaro.
En un requerimiento posterior, el fiscal imputó al operador de bolsa Gonzalo Gómez Pizarro y a la contadora Dina Castillo por operaciones realizadas a nombre de Cherro desde cuentas de Estados Unidos por $26,3 millones, cuando su esposo ya estaba detenido.
En tanto, el 25 de febrero último, Casas Nóblega incorporó las acusaciones relatadas sobre Remonda, Sánchez y el padre de Martín Azar, por las compras de vehículos alta gama ante la sospecha que contribuyeron a omitir la información a la UIF del matrimonio Azar-Cherro.
El miércoles pasado el juez desglosó del expediente los hechos por los cuales están procesados Pablo Rueda y Joaquín Becerra, los responsables de otra financiera que funcionaba en el mismo edificio.
EL FISCAL APELÓ LAS EXCARCELACIONES
La Cámara Federal de Apelaciones tiene que resolver sobre las excarcelaciones concedidas por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, que fueron apeladas por el fiscal Casas Nóblega. Corresponden al exjuez Miguel Ángel Azar; su esposa y exfuncionaria de Afip, María Isabel Valoni, y su nuera, Agustina Cherro.
En duros términos, Casas Nóblega objetó la liberación de los tres –permanecían detenidos en sus domicilios– al señalar que hay riesgo procesal mientras estén libres por las maniobras que se descubrieron y que habían concretado después de que se concretaran los procedimientos iniciales de la causa.
La Sala A resolverá el recurso del fiscal, integrada por los vocales Ignacio Vélez Funes, Graciela Montesi y Liliana Navarro. En la actualidad, los únicos detenidos son Martín Azar y Diego Sánchez, aunque con prisión domiciliaria.
