PERFIL Córdoba tuvo acceso a cifras que contradicen un informe periodístico publicado esta semana que señalaba que un salario promedio en la Justicia es de 99 mil pesos.
Los datos proporcionados por el gremio dan cuenta de que el nivel de ingresos salariales en el Poder Judicial sigue mostrando una importante brecha entre el sueldo que perciben los empleados y el de los funcionarios y magistrados.
Mientras que un empleado cobra en promedio en bruto 35 mil pesos contando el personal superior (es de 30 mil si no se incluyen los 245 jefes de despachos y áreas administrativas), los funcionarios y jueces perciben en promedio un sueldo de 167 mil pesos. Un prosecretario puede cobrar un haber en bruto de 74 mil pesos y un camarista o vocal del Tribunal Superior de Justicia percibe un ingreso de 250 mil, aproximadamente.
Es más, si se comparan los salarios del personal judicial con el de otros ámbitos en la ciudad de Córdoba, el salario de un empleado del poder judicial ni siquiera está en el primer puesto. A saber, un empleado de la EPEC cobra en promedio 59 mil pesos; un municipal, poco más de 41 mil, y un chofer del transporte público de pasajeros, algo más de 34 mil pesos.
En el informe mencionado se confeccionó un promedio a partir de un índice de ingresos absolutamente disperso, como los que puede tener un juez, un fiscal o un secretario con el haber que percibe el personal de maestranza o un administrativo de la misma Justicia. A tal punto es sustancialmente diferente que existe una ley de equiparación de funcionarios y magistrados que ata los incrementos salariales de los jueces locales a los de sus pares federales, aspecto que no rige para los trabajadores, y que en los últimos tiempos generó diferencias aún más notables.
De hecho, al exponer su posición en la Unicameral sobre el presupuesto provincial 2017, Federico Corteletti —secretario general del gremio— afirmó: “La ley de equiparación implicó una inversa redistribución de los recursos al interior del poder judicial, generando mayores ingresos para el sector que más salario percibe”.
Crecimiento de la planta de personal. En los últimos años, el Poder Judicial de Córdoba incorporó competencias y creó estructuras para atender numerosas problemáticas. Tras la extinción de la división de Lucha contra el Narcotrá- fico de la Policía de la Provincia de Córdoba por el sonado “narcoescándalo”, se creó la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Su personal depende directamente del Fiscal General y el presupuesto para su funcionamiento está contemplado en el de la Justicia. A ello se suman competencias nuevas con estructuras antes inexistentes, como Mediación, Violencia Familiar; nuevas funciones del Fiscal Público Electoral y el juzgamiento de contravenciones por el dictado del nuevo Código de Faltas.
Litigiosidad. En el año 2000 el Poder Judicial contaba con una planta total de 4 mil empleados. Este año los datos publicados en Transparencia Activa (se pueden ver en el portal oficial justiciacordoba.gob.ar) arrojan la cifra de 8.063. De ellos, poco más de 2.300 son magistrados y funcionarios. ¿Por qué razón la duplicación de la planta no arroja aún mayor celeridad? A la mora judicial crónica, puede sumarse una explicación más: la creciente litigiosidad. Solo en Violencia Familiar ingresaron durante el año pasado 41.800 causas. En Laboral, mientras en 2005 ingresaban 17 mil expedientes por año, en 2016 entraron 32 mil, colapsando los Juzgados de Conciliación.
Más personal. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AFEPJ) viene reclamando la incorporación de más personal. A mediados de mes elevó una nota al Administrador General para mostrar el déficit en los equipos técnicos del interior de la provincia donde, en algunos casos, solo dos peritos deben responder requisitorias de todos los fueros. Excepto Villa María, Río Cuarto y San Francisco, el resto de las sedes judiciales solo cuenta con equipos mínimos.
