Godoy avanza para identificar a los asistentes a la marcha del 25

L a semana que había comenzado con restricciones, confinamientos y controles policiales pero sin mayores inconvenientes, no hacía presagiar la tormenta que se desató hacia el final de la misma entre la Justicia, la Policía, el Ministerio de Seguridad y la opinión pública.
El fiscal Andrés Godoy quedó nuevamente en el centro de las críticas, casi un año después de la imputación a los médicos del geriátrico de Saldán. En este caso fue por las notificaciones previas a los comerciantes que convocaron a la marcha del 25 de mayo.

Godoy es el fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) que fue creada el 17 de marzo de 2020 por la Fiscalía General. Según se dispuso en ese momento, el Fiscal “tendrá la responsabilidad de coordinar la actuación del Ministerio Público Fiscal frente a los hechos delictivos relacionados con el coronavirus (Covid-19). Estos delitos pueden ser los de su propagación, la violación del aislamiento u otras medidas dispuestas por el Gobierno nacional, o desobedecer a la autoridad en las órdenes que dicte al respecto”.

El episodio de las notificaciones que denunciaron comerciantes y padres autoconvocados, terminó de transparentar la tensa y conflictiva relación entre el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y un sector de la Justicia. Desde la fiscalía aseguran que este mecanismo de las notificaciones previas se llevó adelante durante toda la pandemia y en conjunto con la policía, y recuerdan como ejemplo casos similares de notificaciones a los gremios, cuando en su momento anunciaron una marcha.

Fuentes judiciales apuntaron directamente al ministro Mosquera: “Ahora nos suelta la mano y nos deja expuestos”. Una vez que explotó públicamente la polémica por el preaviso a los asistentes a la marcha, desde el Ministerio de Seguridad se despegaron del hecho con el siguiente mensaje: “El Ministerio de Seguridad no dispuso notificación alguna previa a la movilización. La consulta debiera formularse por ante la fiscalía de Emergencias Sanitarias que tiene jurisdicción sobre el particular. La cartera de Seguridad es ajena a las notificaciones practicadas”.

Respecto a las notificaciones y a su validez jurídica, hubo varios cuestionamientos incluso de algunos fiscales, aunque Godoy obtuvo un respaldo fundamental por parte del fiscal General.

Un fiscal de Instrucción con un largo recorrido y trayectoria en la Justicia dejó trascender por lo bajo su enojo y criticó las prácticas de las notificaciones: “Lo que hizo Godoy es una barbaridad. Nosotros no hacemos prevención. Es ilegal abiertamente y desnuda una tarea de inteligencia previa. Muy distinto son las advertencias. Además, estas prácticas hacen imposible remontar nuestra imagen con la sociedad”.

Con el aval de Delgado.

Con todo, hubo un respaldo al accionar del fiscal Godoy que llegó desde el flamante fiscal General, Juan Manuel Delgado. En un principio, ese apoyo fue mediante un escueto comunicado donde se avaló la actuación del funcionario judicial. 

Este medio intentó contactar tanto al fiscal General como al propio Godoy, pero ambos optaron por no hacer declaraciones. No obstante, PERFIL CÓRDOBA accedió a una serie de argumentos más extensos por parte de la Fiscalía General, siempre en una línea de respaldo a Godoy.

En un escrito que hicieron llegar desde el Ministerio Publico Fiscal, se justifican legalmente las notificaciones y el trabajo del fiscal: “Los Fiscales de Instrucción, ante el anoticiamiento de la posible comisión de un hecho delictivo, tienen el deber de practicar la investigación penal preparatoria, sea a partir de una denuncia o de oficio, la cual cf. el art. 303 del CPP tiene por objeto, entre otros, individualizar a sus autores, cómplices e instigadores. En el contexto de emergencia sanitaria descripto, tal objetivo alcanza a quienes por cualquier medio, incluidas las redes sociales, instiguen a la violación de las medidas sanitarias vigentes o las incumplan. En estos casos, previa identificación de los presuntos infractores, se efectúan a través de la Policía Administrativa las notificaciones correspondientes a los fines de hacer cesar su conducta, imponiéndoles sobre las consecuencias penales y/o administrativas que acarrea su incumplimiento, conforme la normativa vigente. En función de ello, todas las medidas y notificaciones ordenadas por los fiscales en el marco de la emergencia sanitaria han tenido origen en una investigación penal iniciada de acuerdo a lo descripto en los puntos precedentes”.

Con este apoyo por parte del jefe de los fiscales, y a pesar de las críticas de varios sectores, Godoy tiene decidido avanzar en la identificación de los asistentes a la movilización del 25. A tal punto, que en una nota dirigida a la jefa de Policía, le solicitó obtener, “todos los registros fílmicos de los domos existentes alrededor del centro comercial Patio Olmos, de fecha 25/05/2021 en el horario comprendido entre las 15 a las 18.30 aproximadamente y luego, en base a dichos registros, llevar a cabo la identificación de las personas asistentes a la movilización convocada por la Red de Comerciantes Unidos”.

Según confirmaron desde la Unidad Fiscal Sanitaria, la intención es avanzar en identificar a la mayor cantidad de asistentes, citarlos a indagatoria y eventualmente imputarlos por el artículo 205.

La grieta por Godoy .

Fue una semana de reproches internos, de discusiones fuertes en el Gobierno provincial y también en la Justicia. La ‘grieta’ por el accionar de Godoy mostró a ministros y funcionarios judiciales que lo apoyaron y quienes lo criticaron con mucha dureza.

A las notificaciones se le sumó un hecho insólito en Tribunales 1. El jueves por la tarde, el ministro Mosquera llegó para reunirse con el fiscal General. Si bien no se notificó oficialmente del encuentro, todo hace suponer que fue para acercar posiciones, pero principalmente para marcar diferencias por lo sucedido con Godoy.

Fue en ese encuentro cuando ocurrió un episodio increíble. Una versión indica que se observó a dos policías sin los borceguíes puestos en la puerta del despacho de la Fiscalía General, con actitud “de escuchar o espiar lo que pasaba entre Mosquera y Delgado”.
Al ser advertidos, salieron corriendo “descalzos” por el salón de los Pasos Perdidos. Los protagonistas son la jefa de Seguridad de Tribunales 1 y un cabo del departamento de Bomberos. Ambos fueron sancionados.

Aunque tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde el Tribunal de Conducta policial minimizaron el hecho y aseguraron que las sanciones fueron por “falta de decoro”, al no estar correctamente uniformados, y echaron por tierra la versión de un supuesto “espionaje”, algunos se animan a anticipar que la relación entre el Ministerio de Seguridad y un sector de la Justicia es tan “tirante e inquietante” que vaticinan un aumento en la tensión y en más episodios conflictivos.

El origen de Godoy. 

Andrés Godoy se incorporó a la Justicia provincial hace aproximadamente dos años. Proviene del fuero federal, donde fue secretario del exfiscal Gustavo Vidal Lazcano. Algunos cuestionan la forma en la cual quedó a cargo de una fiscalía subrogante.

En 2018 concursó para la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente quedó en manos de Franco Mondino. Godoy quedó en un orden de mérito junto al actual fiscal de Ciberdelito, Franco Pilnik. Con la aprobación de la Legislatura, y a pedido de los fiscales adjuntos José Gómez Demmel y Héctor David, se crearon las fiscalías subrogantes y la de Ciberdelito.

Para estar al frente de esas unidades fiscales, se aprobaron los nombres de Godoy y Pilnik. Quienes cuestionan las designaciones aseguran que ninguno de los dos rindió el concurso para estar a cargo de esas fiscalías. Puntualmente las críticas apuntan al arribo de Godoy. Desde el otro lado aseguran que no hay nada ilegal en el nombramiento y sostienen que los reproches al modo en el cual llegó a su cargo en la Justicia, son porque Godoy no es de carrera en el Poder Judicial provincial: “No le perdonan que no venga del palo”, señalan.