Jorge Jofré es una voz autorizada para opinar en materia de seguridad. Diplomado en Prevención del Delito y en Police Accountability, ambos por la Universidad de Chile, con un amplio paso por la función pública, actualmente es el director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal La muerte de Jonathan Romo de 36 años, quien falleció mientras era retenido en una comisaría de La Falda, volvió a poner a la Policía en el ojo de la tormenta.
Jofré dialogó con PERFIL CÓRDOBA y brindó su mirada respecto a por qué suceden este tipo de hechos tan violentos y distantes al protocolo policial, y qué se podría hacer para evitar que se repitan.
—La muerte de Jonathan Romo ha generado conmoción en la sociedad. Desde su mirada, ¿cuál es la causa para que sucedan y se repitan hechos de este tipo?
—En el caso de Romo es complicado decir qué falló. La Justicia lo definirá. Desde una visión estructural se puede inferir la existencia de patrones que son preocupantes debido a la recurrencia de estos casos. Hay un patrón de comportamiento de respuesta policial que nos tiene que preocupar como ciudadanos. En lo que va del año, hay más de una veintena de policías sancionados penalmente por distintos hechos y esto afecta de manera directa a la credibilidad de la fuerza, lo cual es un grave problema para la policía.
—¿Puede ampliar ese concepto?
—La única forma de que una fuerza policial pueda cumplir con los fines para los que fue creada, es que se articule a partir de la confianza plena con la sociedad. Si la comunidad teme a la fuerza o piensa que puede ser víctima de un delito por parte de un funcionario policial, se pierde la confianza y la policía deja de contar con el principal elemento que garantiza su función. Si yo ciudadano no confío en la fuerza no voy a denunciar, no la voy a llamar, no voy a colaborar, no le voy a decir dónde están los problemas. Que la gente tenga confianza en la fuerza policial es esencial, pero si la sociedad ve que en menos de seis meses hemos tenido más de 20 policías sancionados por un juez, por una Cámara Penal la verdad es que esa confianza se reduce.
—¿Hay fallas en el control de la policía?
—Hay que replantear la fórmula de control y supervisión de la fuerza. Hoy está absolutamente disperso y se está gastando muchísimo dinero en este tema. Hay un problema de eficiencia que es alarmante. Tenés el propio sistema jerárquico de la policía, la Dirección General de Control de Conducta Policial, una estructura de casi 100 personas, el viejo Tribunal de Conducta Policial, que también controla y supervisa. Y tenemos el nuevo órgano de control y supervisión policial. Esto genera una dispersión en los lineamientos que debe seguir el funcionario policial. ¿Quién define para dónde vamos en cuanto al modelo? En este momento es confuso porque no sabés quién te define la política sancionatoria. Cualquier sistema confuso genera una presión insostenible en el funcionario policial. Por eso creo que tal vez hay que revisar el modelo policial como sociedad. Tenemos uno con demasiado apego a lo castrense, el cual se sostiene a partir de un sistema de valores vinculados al modelo del ‘guardián heroico’. Tal vez debemos apuntar a una cultura institucional colaborativa, de servicio y de visión comunitaria. Internacionalmente, se apuesta por la autonomía y la profesionalización de la policía.
—¿Eso qué implica?
—Que actúa y se lo supervisa al igual que un profesional. En la abogacía si un abogado es encontrado coimeando, la paga el propio abogado, nadie pide la renuncia del presidente del Colegio de Abogados. En la Justicia, encuentran a un fiscal coimero, y nadie pide la renuncia del titular del Ministerio Público Fiscal o del presidente del Tribunal Superior. Aquí en la policía alguien comete un hecho y se viene una purga policial y eso se da porque el funcionario policial no goza de autonomía, pero para eso tenés que dotar de entereza profesional, con una fuerte capacitación, y entereza ética, para que el sujeto pueda actuar y sepa claramente cuáles son los límites de su actuación y sepa que él responde por eso, no responde la institución.
—¿De qué manera puede impactar la crisis económica imperante en materia de seguridad?
—El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe de Derechos Humanos para el 2021, estableció una correlación entre los niveles de desigualdad y los niveles de violencia en la sociedad. De este hecho no estamos aislados en Córdoba. Un hecho violento no es solo el estallido de un impacto físico. Cualquier sujeto al que se le arrebata un derecho está sufriendo un hecho en el que se siente violentado. Hay una asociación sobre los niveles de frustración que genera la desigualdad y cómo la ciudadanía busca tender puentes entre sus expectativas de vida y la realidad. Luego hay una razón económica. A mucha gente le resulta más rentable entrar en una actividad ilícita que lícita para cumplir con sus objetivos.
