La semana pasada ingresó al Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia el pedido de remoción de fueros del juez civil de 27ª nominación, Francisco Martín Flores. Ante la consulta insistente de PERFIL CÓRDOBA, lo confirmó el secretario del cuerpo, Gustavo Lasa.
La solicitud está contenida en un decreto del juez de Control de Alta Gracia, Claudio Lasso, al haber quedado firme la elevación a juicio del magistrado civil acusado de graves hechos de violencia de género en perjuicio de su exesposa.
A partir de la presentación se inicia el proceso que implicará, en primer término, el análisis de los antecedentes contenidos en el expediente penal por parte de los miembros del Jurado, encabezado por la legisladora Julieta Rinaldi. Si es aceptado, Flores tendrá que enfrentar un juicio de destitución –siempre que no decline su cargo– antes de afrontar el debate oral y público en sede penal. No hay un cálculo del tiempo estimado para concluir el recorrido en el Jury.
En agosto último, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso de casación que presentó José Caferatta Nores, defensor de Flores, cuestionando la elevación a juicio. Al no insistir con un recurso extraordinario que habría llevado el caso a la Corte Suprema, la sentencia quedó firme. El juez está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, abuso sexual con acceso carnal, amenazas y lesiones leves calificadas contra su exesposa.
Las calificaciones legales que forman la acusación al juez Flores dan una idea de la gravedad de los hechos que se investigan. Además, a raíz de las exposiciones que formuló la mujer por violencia física, psicológica y económica tomó intervención el Juzgado de Violencia de Género, a cargo de María Soledad Vieites. En el fuero penal la pesquisa se puso en marcha en 2018 en la Fiscalía del 3er Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, luego de que la pareja decidió separarse en un contexto de violencia.
Intervino, inicialmente, el Polo de la Mujer. Recién entonces la Justicia tomó conocimiento de hechos que se venían produciendo –según las pruebas reunidas– desde 2012, con episodios intermitentes que habrían profundizado las discusiones y agresiones. Después de que el juez de Control Daniel Strassorier, en 2019, consideró que había sospechas fundadas resolvió las imputaciones y giró a la fiscal el expediente para que realizara la investigación preliminar. Luego, Gómez concluyó la instrucción y requirió la elevación a juicio acusándolo de seis hechos con las calificaciones legales mencionadas.
El Juzgado de Control de Alta Gracia confirmó esa decisión, apelada luego por la defensa. La Cámara de Acusación y, por último, el TSJ la ratificaron. Es decir que dos jueces penales de primera instancia, tres de la Alzada y tres del TSJ coincidieron en que las pruebas reunidas son suficientes para que Flores afronte un debate oral.
