La Fiscalía General remitió a la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, una denuncia contra magistrados de la sede de Río Tercero. PERFIL CORDOBA confirmó que la semana pasada llegó la presentación y está en análisis si quedará allí o pasará, por las fechas de los hechos, a otra fiscalía.
Contiene una serie de cuestionamientos a resoluciones judiciales por no tener “en cuenta la defensa de los intereses superiores” de una niña de cuatro años de edad.
Fueron denunciados la jueza Civil, Comercial, de Conciliación y Familia, Romina Soledad Sánchez Torassa; el asesor letrado que actúa como representante complementario de la niña, Alfredo Brouwer de Koning; y el fiscal de Instrucción, Alejandro Carballo.
El mismo texto fue también presentado a la oficina de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia.
La resolución jurisdiccional que motivó ambos pedidos fue la adoptada el 24 de septiembre por la jueza Sánchez Torassa quien ordenó entregar en guarda provisoria la menor a la abuela paterna, con un régimen de visita amplio para el padre, sobre quien pesan denuncias de presunto abuso sexual en contra de la pequeña.
Para que se cumpla la decisión de la magistrada, la niña debió trasladarse desde Río Tercero a Bell Ville donde reside la abuela paterna. Y desde esa fecha ningún integrante de la familia materna pudo tomar contacto con ella. Allí radica uno de los elementos que, según se desprende de la denuncia, afectan los derechos de la menor.
La situación se vuelve más compleja aún al advertir que en el fuero Penal está en plena etapa de investigación y con medidas probatorias pendientes, una demanda por presunto abuso sexual perpetrado en perjuicio de la niña por parte de su progenitor.
A la decisión del fiscal de pedir el testimonio de la menor en Cámara Gesell, el asesor letrado Brower de Koning se opuso. El incidente postergó la realización de la medida de prueba.
CRONOLOGIA DEL DESAMPARO
◆ A raíz de la separación de los padres de la niña, la psicóloga que la atendía en el proceso de revinculación con su papá, alertó -hace un añosobre un posible abuso y recomendó al Juzgado no continuar con la restauración del vínculo.
◆ Los primeros días de abril, la niña fue revisada en la guardia del hospital de Río Tercero. La médica que la atendió acompañó a la madre a formular la denuncia penal a raíz de que también advirtió señales de presunto abuso sexual.
◆ En mayo, la representante legal de la escuela donde concurría la menor elevó un informe sobre la conducta que manifestaba la pequeña señalando que se resistía a ir con su papá por gestos que tenía hacia ella, como tocamientos.
◆ Con el devenir de los acontecimientos, intervino además el Programa de Asistencia Integral de Consumo y Abuso sexual infantil (Paica) del Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
◆ En junio de este año, la madre presentó una nueva denuncia porque al retirarla del jardín, después de que pasara el fin de semana con su papá, ella le habría manifestado situaciones de presunto abuso. Volvieron al Hospital de Niños y los facultativos que la atendieron sugirieron concurrir al Polo de la Mujer para un examen físico y la evaluación de posibles lesiones en la zona genital.
◆ Todas estas constancias fueron presentadas en el Juzgado de Familia que incorporó los informes del Paica. Los facultativos y técnicos detectaron indicadores de abuso sexual por parte del progenitor. Según la tabla de probabilidad utilizada -de uno a cuatroubicaron el caso en clase tres. En virtud de ello, la jueza suspendió el contacto con el padre provisoriamente.
◆ A fines de junio se realizó la pericia del ETIV. Constató que no había tendencias a fabular ni confabular, pero la perito interviniente señaló: “No se advierten signos de abuso”. Basándose en esta conclusión, el asesor pidió la revinculación con el padre y así lo dispuso la jueza.
QUE DICE EL PROTOCOLO DEL TSJ
El mes pasado, el TSJ emitió una acordada estableciendo prioridad para efectuar las declaraciones de las presuntas víctimas en Cámara Gesell, en los casos de denuncias de abuso sexual infantil. No pueden pasar más de 15 días sin que se produzca el testimonio. El objetivo es que los magistrados tengan en un breve lapso el dictamen del equipo técnico que toma el testimonio y así resolver con mayor celeridad sobre el régimen comunicacional del menor con sus progenitores.
El máximo tribunal también dispuso que ese informe se incorpore de inmediato al Sistema de Administración de Causas (SAC) para que todos los tribunales que intervengan en el caso dispongan de la información necesaria para tramitar los expedientes.
Fuentes judiciales aclararon, no obstante, que para niñas y niños menores de seis años – como este caso- no es aplicable la Cámara Gesell y se recomienda la realización de pericia psicológica que evalúe el eventual daño ante un abuso. “El instrumento prevé un tiempo determinado con una introducción, desarrollo y conclusión de la entrevista; los niños de corta edad tienen atención lábil por lo que los resultados que se obtengan pueden no ser válidos o útiles”, explicó el especialista consultado.
