Pasaron seis años desde que el jury destituyó a un magistrado en Córdoba

El 10 de julio de 2013 fue la última vez que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Córdoba apartó de su cargo a un magistrado provincial. En aquella oportunidad, por tres votos a dos, Rubén Caffarata dejó de ser asesor letrado en San Francisco. La decisión se debió a que no pudo justificar deudas por $645.000 que adquirieron calificaciones de irrecuperabilidad y ello generó “opiniones negativas en los ciudadanos de su comunidad”.

Desde aquella sentencia, no se han registrado resoluciones que hayan apartado a jueces, fiscales u otros asesores letrados de la Provincia. El dato evidencia la escasa –o nula– efectividad que tienen las denuncias que los ciudadanos presentan en el Jurado de Enjuiciamiento,donde se sustancian los expedientes que cuestionan la conducta de los funcionarios.

Para la oposición es parte de la cobertura que da el poder a ciertos funcionarios. Gustavo Hidalgo, actual juez de Control Anticorrupción, fue denunciado mientras se desempeñaba como Instrucción del fuero especial. Legisladores opositores lo acusaron de hacer naufragar todas la causas que podrían comprometer al Gobierno provincial. Todas las denuncias fueron desestimadas. No queda una sola abierta.

Qué hay que probar. El secretario del organismo, Gustavo Lasa, explicó a este medio que para abrir un proceso es necesario probar que el error o falta cometidos fueron intencionales, con el fin de perjudicar a alguien. “Este es el criterio que se maneja”, sostuvo.

Según el procedimiento establecido, cada presentación es notificada al denunciado para que presente su descargo. Donde hay causas penales contra esos funcionarios, el tribunal espera el avance de las investigaciones e incorpora los pronunciamientos para recién después emitir una decisión que permita abrir o archivar el expediente.

Si el proceso se abre, se desarrolla luego como un juicio ordinario en el que la Fiscalía General acusa, el enjuiciado se defiende y el tribunal resuelve.

PERFIL CORDOBA solicitó datos sobre los últimos cuatro años, período de la actual composición del jurado. Desde 2016 ingresaron 62 denuncias, se resolvieron 94 expedientes y actualmente hay 22 causas en trámites.

El último juicio político realizado concluyó en diciembre de 2016 con la absolución del fiscal de Río Cuarto, Walter Guzmán, denunciado por Rosa Sabena por presuntas irregularidades en la tramitación de la causa por la muerte de su hijo, Nicolás.

Desde una perspectiva numérica, evidencia alto rendimiento del tribunal encabezado por Walter Saieg e integrado por el legislador oficialista Oscar González, el radical Miguel Nicolás, la kirchnerista Vilma Chiappello y la vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aída Tarditti. Resolvió más causas de las que recibió, lo que colaboró a poner al día el análisis de las denuncias. Llama la atención, no obstante, que prosperen tan pocas denuncias.

Destituciones notorias. Hay que remontarse a 2011 para llegar a las destituciones más resonantes. En agosto de ese año quedó sin su cargo el por entonces fiscal de Instrucción Roberto Matheu, acusado de cobrar coimas. Matheu fue luego condenado por la Cámara 6ª del Crimen a seis años de prisión, sentencia que fue confirmada en abril de este año por el Tribunal Superior de Justicia.

En marzo de 2011 se desarrolló un juicio de destitución que tuvo ribetes inéditos. Terminó destituido José Luis Santi como asesor letrado, por haber actuado como espía entre los años 1981 y 1983, durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Como se trataba de hechos anteriores a su designación, fue sancionado porque omitió esos antecedentes al ser evaluado por el Consejo de la Magistratura para su designación en la asesoría. Se comprobó en el juicio político que Santi estuvo en funciones en la órbita del Batallón 141 bajo el alias de ‘Julio Soto’.

Quiénes están en capilla. En la lista de 22 causas en trámite del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios hay algunos nombres vinculados a hechos que trascendieron en la opinión pública. Uno de ellos es el juez Civil y Comercial de 27° Nominación, Francisco Martín Flores, quien tiene una imputación penal por hechos de violencia de género que denunció su exesposa. El jury espera la evolución del expediente penal. De comprobarse los hechos denunciados, hay una alta probabilidad de que se abra el proceso que pueda terminar en un juicio de destitución.

En tanto, dos funcionarias de Río Segundo también recibieron sendas denuncias. La fiscal de Instrucción Patricia Baulies y la jueza civil Susana Martínez Gavier. En este último caso este medio publicó que, además, su conducta (la acusaron de montar un juzgado paralelo en connivencia con abogados) es analizada por el Tribunal de Ética y la Dirección de Sumarios Administrativos del TSJ.

Otros funcionarios que fueron denunciados son los fiscales Gustavo Dalma, Enrique Gavier y Matías Bornancini. En la actualidad, están avanzando sobre sumarios abiertos el año pasado.

Aunque hay dos expedientes ‘antiguos’: José Antonio Sartori. Es juez Civil, Comercial, de Concursos y Familia de Jesús María. El abogado Carlos Nayi, querellante en la causa penal por el femicidio de María José Urbaneja, pidió juicio de destitución al juez por supuesto falseamiento de un oficio después de la muerte de la mujer para encubrir, presuntamente, la inacción judicial. Se tramitó una causa penal y Sartori fue sobreseído.

El Jury debe resolver ahora si es plausible de un juicio político. Ricardo Mazucchi. El fiscal de Instrucción de Carlos Paz fue denunciado por legisladores provinciales (en aquel momento del Frente Cívico) por presuntas irregularidades y desprolijidades en las investigaciones penales de dos homicidios: el de Andrea Castana y el del fotógrafo Hernán Sánchez, cuyo cuerpo fue hallado sorpresivamente mientras se buscaba a la mujer en el Cerro de la Cruz. Ambas muertes permanecen aún impunes.