Desde el martes pasado una mujer es juzgada en la Cámara 3° del Crimen por la presunta defraudación que sufrieron dos hermanos y su madre -ya fallecida- despojados de valiosos inmuebles. La acusada es Sandra Marcela Medina (56) y el juicio es presidido por la vocal María de los Ángeles Palacio de Arato, con el fiscal Martín Berger como acusador.
Los delitos que se le atribuyen son defraudación por circunvención de incapaces y tentativa de estafa. Medina se enfrenta, en el caso de condena, a una pena de prisión efectiva por la calificación legal y la cantidad de hechos que se le atribuye. Del resultado del juicio depende, además, la supervivencia o la anulación de todas las escrituras traslativas de los inmuebles que figuran a nombre de la acusada.
En busca de un amor. La historia comenzó a escribirse en agosto de 1995 en una agencia matrimonial de Maciel esquina Uspallata en barrio San Martín. Hasta ahí llegó José Omar García (61), por un aviso del diario, en busca de una pareja. Lo atendió Olga, una especie de “Celestina” quien le presentó a “Susana”, vecina del sector y supuestamente con las mismas necesidades de encontrar pareja. La mujer era en realidad Sandra Medina, quien ganándose la confianza de García, pudo conocer aspectos de la intimidad familiar y los problemas económicos derivados de un mal negocio.
Según se lee en la acusación formulada en 2014 por el fiscal Raúl Garzón, con el ardid de simular un “amor profundo” y el objetivo de salvarlos de embargos y ejecuciones judiciales, terminó obteniendo cesiones a su favor de casas, departamentos, cocheras y lotes ubicados en los barrios Centro, Nueva Córdoba, Alta Córdoba y General Paz.
Según uno de los abogados querellantes, Alejandro Zeverín Escribano, que representa a Carlos Alberto García (63), hermano de José Omar, la valuación de los inmuebles alcanzaría los US$7 millones.
El hombre que conoció a Medina es una persona con problemas motrices y limitaciones emocionales. Siempre vivió con su madre, Elda Elisa Carrera, quien padecía en aquellos años demencia senil. Por esa razón, la acusación menciona un tipo de defraudación que consiste en aprovecharse de las personas con capacidades limitadas.
Entre otras cosas, cuando José García fue a declarar, después de formalizar la denuncia, señaló que Medina lo fue alejando del seno familiar, lo enfrentó a su hermano y ella se presentaba como su salvadora. Con esa técnica manipuladora habría logrado la cesión de los inmuebles, actualmente inmovilizados y bajo administración judicial.
En septiembre de 2002 se firmó una escritura avalada por la notaria Clara Yamamoto, con la transferencia de una casa en barrio General Paz y de un edificio con siete departamentos alquilados ubicado en la céntrica esquina de Salta y Olmos. Según figura en el documento, la venta se habría hecho por $200 mil, pero los damnificados dijeron que jamás recibieron ese monto porque Medina les dijo que con ese dinero iba a cancelar, supuestamente, deudas generadas por el hermano de García en Río Cuarto a través de una “amiga que trabajaba en la DGI”. Sin embargo, no se acreditó con recibo ni comprobante de pago las supuestas deudas que alegaba pagar.
Con la firma de otra escribana, Olga Riera de Spila, se firmaron más escrituras para transferir a Medina los derechos sucesorios sobre una casa en Arturo M. Bas 448, cuatro cocheras en Olmos 364/374 y la mitad de un departamento en Manuel Estrada 145/47 en Nueva Córdoba. A pesar de ser operaciones sobre bienes de altísimo valor, no se reconoció una situación económica y patrimonial de Medina que pudiera explicar la compra de onerosas viviendas.
En algunos casos, Medina transfirió inmuebles a su hermana, Teresa Medina Bregan, que vivía en Tierra del Fuego.
A pedido del querellante representado por Zeverín, el fiscal Berger analiza si se incorporan al juicio nuevos hechos que consisten en contratos de alquiler de locales comerciales. Largo proceso. Han pasado más de 16 años de la primera denuncia formulada por García.
La causa llegó, en 2017, a una sentencia con probation sobre Sandra Medina que consistió en reconocer la culpa y devolver los bienes mal transferidos. Pero, por el incumplimiento del acuerdo en mayo del año pasado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la resolución y ordenó la realización de un juicio abierto. Una larga lista de incidentes en el medio provocó la discusión por más de una década y media en los estrados de la Justicia Penal. El juicio continuará mañana.
